España: Las autoridades deben desescalar la tensión y garantizar el derecho de reunión pacífica

Ante las movilizaciones y manifestaciones que están teniendo lugar en Barcelona y en el resto de Cataluña tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo con relación a 12 líderes políticos y activistas catalanes, necesarias para facilitar el derecho de reunión pacífica y permitir a todas las personas expresar libremente su opinión al respecto de forma segura.

“La naturaleza de las movilizaciones ha sido eminentemente pacífica, y aunque se han producido algunos actos de violencia que han puesto en riesgo a algunas personas, las fuerzas de seguridad deben actuar con moderación. Las autoridades deben hacer todo lo posible por no contribuir a la escalada de tensión en la calle y responder en todo momento de forma proporcionada ante los posibles brotes de violencia”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Somos conscientes de los retos que enfrentan las fuerzas de seguridad, pero el uso excesivo de la fuerza y la utilización inapropiada de material antidisturbios por parte de miembros de la policía nunca puede estar justificado”.

Un equipo de Amnistía Internacional ha estado en el terreno monitoreando la situación desde que dieran inicio las protestas públicas el pasado 14 de octubre y ha podido documentar diversos casos de uso excesivo de la fuerza.

Uso excesivo de la fuerza y uso inapropiado de material antidisturbios

Amnistía Internacional ha observado diversos casos de uso excesivo de la fuerza, incluyendo un uso inapropiado e injustificado de bastones y otro equipo de defensa contra personas que no suponían ningún riesgo, incluyendo periodistas y personas que ya habían sido inmovilizadas por los agentes de seguridad y que a pesar de ello seguían siendo golpeadas en la cabeza y partes superiores del cuerpo.

Según información proporcionada por el Departamento de Salud de la Generalitat, 394 personas han sido atendidas por los servicios de emergencia, incluyendo 139 miembros de las fuerzas de seguridad.

“En estos momentos con tanta gente protestando en la calle, la prioridad de las autoridades debe ser reducir la tensión y permitir que cualquier persona que quiera expresar su opinión de forma pacífica pueda hacerlo con seguridad.”, ha declarado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional en Europa.

La organización ha documentado casos en que pelotas de goma o de foam han sido disparadas a muy poca distancia para dispersar multitudes, o bien utilizadas en lugares semicerrados como el parking o las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona.

Como consecuencia, dos personas resultaron heridas de gravedad el 14 de octubre en el aeropuerto del Prat. Según información proporcionada por el hospital donde fueron atendidos, un chico de 22 años perdió el ojo por el impacto de un artefacto comparable a una pelota de goma o de foam. El segundo habría recibido un impacto en los testículos teniendo que ser intervenido quirúrgicamente.

“Es muy preocupante la forma en que el material antidisturbios está siendo utilizado en el marco de estas protestas. Es fundamental que todas las fuerzas de seguridad muestren total apego a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza para responder a los actos de violencia de forma apropiada, y facilitar así que quienes se conducen de forma pacífica puedan continuar la protesta”, ha declarado Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa.

Según los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, las pelotas de goma o de foam nunca deben utilizarse contra manifestantes pacíficos o en situaciones donde también puedan resultar heridas otras personas ajenas a las protestas. Debido al alto riesgo de lesiones graves, estos proyectiles no deben utilizarse para dispersar multitudes sino únicamente para frenar a quienes se conduzcan con violencia cuando sea factible efectuar disparos perfectamente dirigidos contra personas concretas que están teniendo un comportamiento violento. La utilización de estos proyectiles en contra de una multitud o de forma indiscriminada o indirecta, es decir produciendo rebote, debe estar prohibido.

Amnistía Internacional ha también constatado sobre el terreno el empleo de una práctica policial coloquialmente conocida como “carrusel”, consistente en hacer avanzar los furgones policiales hacia una concentración de personas, con el objetivo de lograr que estas se dispersen. La organización considera que estas maniobras revisten un elevado nivel de peligrosidad que pueden afectar a personas no involucradas en la manifestación y a quienes se encuentran protestando de forma pacífica.