Con motivo de la declaración realizada hoy por Aung San Suu Kyi ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Nicholas Bequelin, director regional de Amnistía Internacional, ha afirmado:

“Aung San Suu Kyi ha intentado restar importancia a la gravedad de los crímenes cometidos contra la población rohinyá. De hecho, ni siquiera se refirió a ellos por su nombre ni reconoció la magnitud de los abusos. Estos desmentidos son deliberados, mentirosos y peligrosos.”

“El éxodo de más de tres cuartos de millón de personas de sus hogares y de su país no fue sino el resultado de una campaña orquestada de asesinatos, violaciones y terror. Cuesta creer, como insinúa, que las fuerzas armadas ‘no distinguían con claridad suficiente combatientes de civiles’. Del mismo modo, la insinuación de que las autoridades de Myanmar pueden investigar actualmente de forma independiente y enjuiciar a los presuntos autores de crímenes de derecho internacional no es más que una fantasía, sobre todo en el caso de los altos mandos militares que han disfrutado de décadas de impunidad total.”

“Mientras la atención se centra hoy en Aung San Suu Kyi, recordemos que con esta denuncia se trata, en realidad, de obtener justicia para la comunidad rohinyá, incluidas las 600.000 personas que siguen en el estado de Rajine, corriendo el riesgo de sufrir más crímenes y que necesitan protección con urgencia. También afecta a los cientos de miles de personas refugiadas que no pueden volver a Myanmar, pues, a pesar de lo que ha dicho hoy Suu Kyi, el retorno no es seguro.”

“La Corte y la comunidad internacional deben actuar con rapidez para proteger a la población rohinyá y prevenir nuevas atrocidades. Esto incluye ordenar a Myanmar que levante las restricciones discriminatorias, garantice el acceso humanitario y coopere plenamente con cualquier investigación internacional.”

Información general

Aung San Suu Kyi, consejera de Estado de Myanmar y mandataria de facto del país, encabeza la delegación de Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya (Países Bajos) para responder a la denuncia presentada contra Myanmar por incumplir sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. La denuncia fue presentada por Gambia el 11 de noviembre de 2019.

Hoy Myanmar respondió por primera vez a las acusaciones de Gambia ante la Corte. Gambia ha pedido a la CIJ que ordene a Myanmar que adopte “medidas provisionales” para proteger los derechos del grupo rohinyá y evitar cualquier acto que pueda constituir crimen de genocidio contra esa comunidad o contribuya a la comisión de este crimen, en espera de las audiencias formales sobre el caso.

La investigación de Amnistía Internacional, por su parte, ha identificado a 13 altos mandos —entre ellos el comandante en jefe de las fuerzas armadas de Myanmar, el general Min Aung Hlaing— que deberían ser objeto de investigación y enjuiciados por crímenes contra la población rohinyá.