Ecuador: Ante la grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras es urgente la adopción de una política pública para su protección

Al culminar su visita a Ecuador, Amnistía Internacional manifestó hoy su preocupación por la falta de acciones concretas del Estado para garantizar la protección efectiva de personas defensoras de derechos humanos, así como por la persistente falta de capacidad de las autoridades para investigar de manera adecuada y efectiva los ataques y amenazas contra las Mujeres Amazónicas. Asimismo, expresó preocupación por la impunidad en los casos de violaciones a derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones de octubre de 2019 y la falta de evaluación del impacto que las medidas de austeridad tendrán en los derechos humanos.

“Para que cualquier política de protección de personas defensoras de derechos humanos pueda ser efectiva, las autoridades deben primero reconocer públicamente la legitimidad de la labor de las personas defensoras y con ello habilitar un entorno para que realicen su trabajo en espacios seguros”, dijo María José Veramendi, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional.

A un año de haber publicado el informe “No nos van a detener”, que expuso las fallas de la Fiscalía General en respuesta a una serie de ataques y amenazas de muerte contra las integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar, Amnistía Internacional ha evidenciado que las investigaciones por dichos ataques no han tenido ningún avance significativo.

“Queremos que se haga justicia, que se respeten nuestros derechos”, dijeron las Mujeres Amazónicas a las autoridades ecuatorianas. “Somos mujeres de paz, pero también somos como una colmena, si tocan a una nos tocan a todas. Nosotras vamos a estar ahí mientras existan violaciones a los derechos humanos y a nuestro territorio”.

El 9 de marzo, representantes de Amnistía Internacional e integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas entregaron al Director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, Daniel Eduardo Vejar Sánchez, más de 250,000 firmas recolectadas en por lo menos 168 países, solicitándole que:

• Avance sin demora y de manera exhaustiva, independiente e imparcial en las investigaciones sobre los ataques y amenazas contra Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda y Margoth Escobar;
• Investigue la posibilidad de que esos ataques puedan haber sido motivados por el trabajo de derechos humanos de estas mujeres, identifique a todos los presuntos autores materiales e intelectuales y los haga comparecer ante la justicia;
• Diseñe e implemente un Protocolo de Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos, para reforzar la coordinación entre los mecanismos y autoridades encargados de llevar a cabo investigaciones penales.

La Fiscalía señaló que existe “un vacío en cómo deben ser manejados este tipo de casos.” Amnistía Internacional indicó a la Fiscalía que las líneas de investigación y las medidas de protección que las autoridades les han ofrecido a las victimas siguen ignorando posibles móviles de los ataques vinculados al trabajo de las personas defensoras, el que pudiera estar desafiando intereses económicos de gran escala. Asimismo, las investigaciones carecen de una perspectiva de género, en el entendido que el rol como lideresas indígenas y defensoras de derechos humanos pudiera ser percibido negativamente porque rompe los estereotipos de género impuestos.

La Fiscalía informó que se encuentran trabajando en una directriz interna para la investigación de los casos en los que la víctima es una persona defensora de derechos humanos, y brindó información detallada sobre cada una de las investigaciones en las cuáles se evidencia la falta de avances. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que el impulso de las investigaciones y la realización de diligencias no puede recaer en la víctima, sino que es una obligación del Estado.

En ese sentido, Amnistía Internacional y las Mujeres Amazónicas recibieron con satisfacción el compromiso de la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Control Jurídico y la Dirección de Sistema de Protección de Víctimas de la Fiscalía de constituirse en la provincia de Pastaza, donde ocurrieron los hechos y se adelantan las investigaciones, la última semana de marzo para verificar en el lugar las investigaciones. 

Desde que inició la campaña para la protección de las Mujeres Amazónicas, Amnistía Internacional ha solicitado al Estado ecuatoriano que diseñe e implemente una política pública de protección a personas defensoras de derechos humanos y que garantice la participación real y efectiva de las personas y comunidades defensoras de desde su diseño.

Al respecto, la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, indicó que lidera una mesa de trabajo conformada por diversas instituciones entre las que destaca la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Gobierno y la Defensoría del Pueblo en la que se está trabajando un plan de protección a personas defensoras que esperan tener finalizado antes de octubre de 2020.

La urgencia de dicha política se hace más evidente en el hecho de que desde 2019, Amnistía Internacional ha observado con preocupación las violaciones a los derechos humanos en varios casos de personas defensoras, incluido, por ejemplo, en el proceso penal en contra del defensor digital Ola Bini y la interferencia indebida del gobierno en su caso, así como el robo de información y hostigamiento denunciado por organizaciones como Acción Ecológica y la Fundación Pachamama que acompañan casos de personas que protegen la Amazonía frente a intereses políticos y económicos vinculados a proyectos extractivos en territorios indígenas.

Amnistía Internacional también se refirió a las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del paro nacional de octubre pasado. A través de la verificación inmediata de evidencia audiovisual, la organización comprobó cinco episodios que ejemplifican el uso ilegal de la fuerza por las fuerzas de seguridad durante las protestas. En esos incidentes, agentes policiales atropellaron, golpearon o lanzaron gas lacrimógeno a personas de manera innecesaria y desproporcional, hiriéndolas.

Amnistía Internacional sostuvo una reunión con la Alianza de Organizaciones por los derechos humanos conformada la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Surkuna, la Fundación Idea Dignidad y Amazon Frontlines, en la que denunciaron la falta de avance en las investigaciones de las personas fallecidas en el contexto del paro nacional. Varias organizaciones de la Alianza denunciaron haber sido víctimas de hostigamientos y amenazas por la labor de denuncia de violaciones de derechos humanos cumplida durante el paro. En esa misma línea, el Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, dijo a Amnistía Internacional que “el estado debe dejar de ver a la CONAIE como el enemigo”.

En ese contexto, Amnistía Internacional expresó su preocupación por las amenazas de muerte contra el Defensor del Pueblo, y los ataques a la importante labor que la institución que él dirige cumplió durante el paro nacional.

El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, advirtió sobre la “regresión en la protección de los derechos humanos” en Ecuador y señaló que, a pesar de haber interpuesto prontamente una denuncia por las amenazas de muerte en su contra, la Fiscalía no está adelantando una investigación pronta, seria y efectiva que permita identificar a los responsables.

“La impunidad es el denominador común entre las violaciones de derechos humanos ocurridas en el paro de octubre y los ataques y amenazas cometidos contra las Mujeres Amazónicas. Mientras no se investigue y sancione a los responsables, se corre el riesgo de que los hechos se repitan, violando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, dijo María José Veramendi.