Bangladesh: Las deficiencias en la respuesta a la COVID-19 ponen en peligro inminente a las personas refugiadas rohinyás de edad avanzada
“En las circunstancias más favorables, las organizaciones humanitarias tienen ya problemas para atender las necesidades concretas de la población anciana de los campos para personas refugiadas y desplazadas o no se ocupan de ellas en absoluto. Cometer el mismo error en medio de la pandemia de COVID-19 pone en peligro inminente a los ancianos y ancianas rohinyás, algunos de los cuales ni siquiera reciben la información más básica sobre lo que está pasando y cómo pueden protegerse”, ha señalado Matt Wells, director adjunto de Respuesta a las Crisis para Cuestiones Temáticas de Amnistía Internacional.
En la última semana de marzo, Amnistía Internacional entrevistó a 15 ancianos y ancianas rohinyás residentes en los 34 campos para personas refugiadas de las inmediaciones de Cox’s Bazar, en el sureste de Bangladesh. La Agencia de la ONU para las Personas Refugiadas (ACNUR) señala que hay más de 31.500 personas refugiadas de 60 años o más en los campos, entre las casi 860.000 personas rohinyás que se han visto o obligadas a huir de Myanmar, la mayoría desde finales desde 2017, como consecuencia de crímenes que, según la ONU, probablemente constituyan genocidio.
Errores que se repiten
En junio de 2019, Amnistía Internacional publicó un informe sobre el impacto del conflicto y el desplazamiento en las personas de edad avanzada de Myanmar. Se examinaba en él cómo, en los campos de Bangladesh para personas refugiadas, la respuesta humanitaria no ha respetado el derecho de las personas ancianas a atención de salud, alimentos, agua y saneamiento. Muchos problemas tienen su origen en el hecho de no se tengan en cuenta las opiniones y aportaciones de las personas de edad ni se consideren sus necesidades y riesgos al preparar la asistencia.
Con la respuesta a la COVID-19 se están cometiendo estos mismos errores, a pesar de todos los datos médicos que demuestran que las personas de edad avanzada son una de las poblaciones que mayor peligro corren.
La mayoría de los ancianos y ancianas entrevistados por Amnistía Internacional habían recibido muy poca información específica sobre la COVID-19. Antes de que se prohibieran las grandes concentraciones y se tomaran medidas preventivas como la distancia social, hubo algunas reuniones informativas en los campos, pero a muchas personas de edad no se las avisó. Las que sabían que iban a celebrarse no pudieron asistir porque, debido a discapacidades físicas, les resultaba muy difícil, si no imposible, desplazarse por el abrupto terreno de los campos.
Miedo generalizado
Sólo una de las 15 personas ancianas entrevistadas por Amnistía Internacional tenía a alguien que iba a su vivienda a informarla de la COVID-19. Algunas más se habían enterado de la enfermedad y de la necesidad de lavarse las manos a menudo y otras medidas preventivas por sus familiares. La mayoría se habían enterado principalmente por líderes religiosos y vecinos, pero sin más datos que saber que el virus era muy peligroso y que tenían que “estar limpias”. Como consecuencia de ello, el miedo es generalizado.
“Tengo mucho miedo, porque si el virus llega al campo no quedará nadie vivo, porque hay mucha gente viviendo en este lugar tan pequeño”, explicó Hotiza, mujer de 85 años.
El acceso de todas las personas residentes en los campos a la información está muy restringido en general desde que las autoridades de Bangladesh cortaron las comunicaciones e Internet en septiembre de 2019. Amnistía Internacional, la ONU y muchas otras organizaciones han pedido que se levanten de inmediato esas restricciones.
Sin embargo, incluso si se restablecen las comunicaciones, las iniciativas dirigidas específicamente a las personas refugiadas de edad avanzada seguirán siendo esenciales, pues muchas no tienen teléfono móvil. El informe de Amnistía Internacional sobre las personas ancianas mostró que la respuesta humanitaria está a menudo demasiado ligada al supuesto de que la información y la asistencia les llegará a través de sus familias, lo cual no respeta sus derechos y es perjudicial para ellas.
Hay que reconocer que las autoridades de Bangladesh y las organizaciones humanitarias han concebido creativas formas de difundir la información, como colocar megáfonos en los tuk tuks y bombardear los campos con mensajes en rohinyá sobre las medidas de higiene preventivas. Aunque la mayoría de las personas ancianas entrevistadas sabían que se estaban difundiendo esos mensajes, a menudo no los oían bien o no los oían en absoluto.
Sayeda, octogenaria ya, dijo: “No sé nada de ese virus, sólo que la gente haba de un virus por megáfono, pero no lo oigo bien, así que no sé nada [...] siempre estoy pensando qué es lo que dicen por el micrófono”.
Algunos ancianos y ancianas no han recibido siquiera la información más básica.
“No he oído nada nuevo, sólo que la gente dice: ‘viene una enfermedad, reza’”, explicó Abdu Salaam, hombre de 70 años que no podía caminar bien debido a una discapacidad física. Tampoco tenía acceso a atención adecuada para el dolor y otros problemas graves de salud que sufría.
A falta de buen asesoramiento médico, la familia de al menos una de las personas ancianas entrevistadas había recurrido a comprarle una medicina no probada para “salvarla” del virus.
Mejora de la respuesta a la COVID-19
La respuesta humanitaria tiene que acceder a las redes de voluntariado rohinyá, que pueden ir vivienda a vivienda llevando información a las personas ancianas y saber por ellas de qué manera preparar la mejor respuesta posible para atender sus necesidades. Esta iniciativa debe centrarse en particular en los grupos que mayor riesgo corran de no recibir información oportuna y exacta por otros medios, en especial las personas ancianas que viven solas, las mujeres ancianas y las personas ancianas con niños y niñas de corta edad a su cargo. Se debe formar cuidadosamente a las personas voluntarias para garantizar que no exponen a los ancianos y ancianas a la infección, con medias como mantenerse a la mayor distancia posible de ellos durante las visitas a las viviendas.
Entre la información esencial a la que debe darse prioridad figura la explicación clara de los síntomas de COVID-19 y de las medidas preventivas. La mayoría de las personas ancianas entrevistadas por Amnistía Internacional sabían, por ejemplo, que la higiene era importante, pero la asociaban fundamentalmente a lavarse las manos después de ir al retrete y antes de comer y no dejar a los niños y niñas jugar en zonas sucias. Aunque estas medias son importantes en general, resultan del todo insuficientes e imprecisas para la COVID-19.
Las entidades donantes, la ONU y las organizaciones humanitarias deben tomar más iniciativas urgentes aún para garantizar que las personas de edad aplican las medidas preventivas, lo que incluye proporcionarles acceso a agua e infraestructura sanitaria suficientes y atender las necesidades específicas de las que viven solas o tienen movilidad limitada, entre otras.
Las personas de edad avanzada están también especialmente expuestas a resultar perjudicadas cuando se toman medidas restrictivas, aunque sean bienintencionadas, por ejemplo en el acceso a los alimentos y a la atención de la salud. Como documentó Amnistía Internacional en su informe de 2019, los ancianos y las ancianas suelen tener dificultades para acceder a los centros de salud de los campos, e incluso cuando pueden acceder a ellos, muchos carecen de medicamentos esenciales para enfermedades no infecciosas, como la hipertensión. Como consecuencia de ello, las personas ancianas dependen de manera desproporcionada de la adquisición de medicamentos esenciales en los puestos de los mercados.
A fecha de 31 de marzo, había puestos farmacéuticos abiertos en los campos, pese a que muchos otros comercios habían cerrado para reducir los riesgos asociados a la concentración de personas. Toda decisión de cerrar los puestos farmacéuticos debe incluir medidas que garanticen que las personas de edad avanzada siguen teniendo acceso a los medicamentos esenciales.
Las dificultades que se plantean actualmente en los campos de las inmediaciones de Cox’s Bazar por la pandemia de COVID-19 muestran que la ONU y las entidades donantes parecen estar repitiendo los mismos fallos que han tenido siempre en las iniciativas humanitarias en general en lo que respecta a dar prioridad a las personas ancianas. El plan global de respuesta humanitaria a la COVID-19 de la ONU no incluye a las personas de edad entre los grupos de población más afectados y expuestos, como los niños y las niñas y las mujeres. Lo que hace es incluir la edad avanzada el final de una lista de dolencias que sufren las personas. Como consecuencia de ello subestima los riesgos de la COVID-19 para las personas ancianas, por no considerarlas un grupo específico, y difunde la idea discriminatoria de que la edad avanzada es algo que se sufre.
“Las personas de edad desplazadas se enfrentan a una devastadora mezcla de factores: son el grupo de mayor riesgo frente a la COVID-19 y son también el grupo menos incluido en la respuesta humanitaria. Se debe poner fin ya a su invisibilidad. Los gobiernos, las entidades donantes y las organizaciones humanitarias deben poner a las personas ancianas en el centro de sus planes y respuestas para minimizar las consecuencias mortales de esta pandemia mundial”, ha manifestado Matt Wells.