La pena de muerte en 2019: Arabia Saudí ejecutó a un número sin precedentes de personas en 2019, año en que se registró un descenso en las ejecuciones en todo el mundo
El creciente uso que Arabia Saudí hace de la pena de muerte, entre otras cosas como arma contra la disidencia política, constituye una alarmante novedad. También fue impactante el enorme salto en el número de ejecuciones en Irak, que casi se doblaron en sólo un año
“La pena de muerte es un castigo aberrante e inhumano, y no existen pruebas convincentes de que sea más eficaz que las penas de prisión. La inmensa mayoría de los países así lo han reconocido y es alentador ver que las ejecuciones continúan disminuyendo en todo el mundo”, ha afirmado Clare Algar, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia y Política de Amnistía Internacional.
“Sin embargo, un número reducido de países desafió la tendencia mundial hacia la reducción de la pena capital y recurrió cada vez más a las ejecuciones. El creciente uso que Arabia Saudí hace de la pena de muerte, entre otras cosas como arma contra la disidencia política, constituye una alarmante novedad. También fue impactante el enorme salto en el número de ejecuciones en Irak, que casi se doblaron en sólo un año”.
Los cinco países que llevaron a cabo más ejecuciones en 2019 fueron: China (miles), Irán (al menos 251), Arabia Saudí (184); Irák (al menos 100) y Egipto (al menos 32).
Las cifras que maneja Amnistía Internacional no incluyen a China, donde se sigue manteniendo como secreto el número de ejecuciones, que presumiblemente asciende a varios miles. Los otros principales países ejecutores, entre ellos Irán, Corea del Norte y Vietnam, siguieron restringiendo el acceso a la información sobre la pena capital, ocultando así toda la magnitud del uso que hacen de ella.
Aumento de las ejecuciones en una minoría de países
Sólo 20 países son responsables de todas las ejecuciones conocidas que se llevaron a cabo en el mundo. Entre ellos, Arabia Saudí, Irak, Sudán del Sur y Yemen ejecutaron considerablemente a más personas en 2019 que en 2018.
En 2019, Arabia Saudí ejecutó a 184 personas —seis mujeres y 178 hombres—, la mitad de las cuales eran ciudadanos extranjeros. El número de ejecuciones en 2018 fue de 149 personas.
La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo por delitos relacionados con las drogas y por asesinatos. No obstante, Amnistía Internacional también documentó un incremento en el empleo de la pena capital como arma política contra la disidencia de la minoría musulmana chií en Arabia Saudí.
El 23 de abril de 2019 se llevó a cabo la ejecución masiva de 37 personas, entre ellas 32 hombres chiíes condenados por “terrorismo” tras juicios que se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura.
Uno de los ejecutados el 23 de abril fue Hussein al Mossalem. Mientras estuvo recluido en régimen de aislamiento sufrió múltiples lesiones, entre ellas fracturas de nariz, clavícula y una pierna, y fue sometido a palizas con un bastón eléctrico y a otras formas de tortura.
Mossalem compareció ante el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí, que se estableció en 2008 para juzgar a personas acusadas de delitos relacionados con el terrorismo, pero que cada vez se utiliza más para reprimir la disidencia.
En Irak, casi se duplicó el número de personas ejecutadas, de al menos 52 en 2018 a, al menos, 100 en 2019, debido en gran medida a que la pena capital se siguió usando contra personas acusadas de pertenecer al grupo armado autodenominado “Estado Islámico”.
En Sudán del Sur, las autoridades ejecutaron al menos a 11 personas en 2019, el número más alto registrado desde la independencia del país en 2011. Yemen ejecutó al menos a siete personas en 2019, frente a las, al menos, cuatro en 2018. Bahréin también reanudó las ejecuciones tras un año de interrupción, y ejecutó a tres personas durante el año.
Falta de transparencia sobre el uso de la pena de muerte
Muchos países no habían publicado ni ofrecido información oficial sobre su uso de la pena de muerte, lo que pone de relieve la falta de transparencia en torno a la práctica de muchos gobiernos.
Irán es el segundo país, sólo superado por China, que más utilizó la pena de muerte. En 2019 ejecutó al menos a 251 personas, en comparación con las, al menos, 253 de 2018; cuatro de ellas eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito. Sin embargo, la falta de transparencia hace que resulte difícil confirmar el número real de ejecuciones, que podría ser mucho mayor.
En un caso, las autoridades iraníes ejecutaron en secreto a dos muchachos, Mehdi Sohrabifar y Amin Sedaghat, en la prisión de Adelabad en Shiraz (provincia de Fars), el 25 de abril de 2019. Ambos habían sido detenidos cuando tenían 15 años y fueron condenados por varios cargos de violación en un juicio sin las debidas garantías. No sólo no sabían que habían sido condenados a muerte antes de sus ejecuciones, sino que tenían marcas de latigazos en sus cuerpos, que atestiguaban que habían sido azotados antes de morir.
“Incluso a los países que con más firmeza defienden la pena capital les cuesta justificar su uso y optan por el secretismo. Muchos de ellos se esfuerzan por ocultar cómo utilizan la pena de muerte porque saben que no resistiría el escrutinio internacional”, aseguró Clare Algar.
“En todo el mundo se llevan a cabo ejecuciones en secreto. Desde Bielorrusia a Botsuana, y de Irán a Japón, muchos países llevaron a cabo ejecuciones sin avisar previamente a las familias, representantes legales o incluso, en algunos casos, a las propias personas ejecutadas”.
La abolición mundial a nuestro alcance
Por primera vez desde 2011 ha habido una disminución en el número de países que llevaron a cabo ejecuciones en la región de Asia y Oceanía, donde siete de ellos notificaron ejecuciones durante el año. Japón y Singapur redujeron considerablemente el número de ejecuciones, de 15 a 3 y de 13 a 4, respectivamente.
Por primera vez desde 2010, no se llevaron a cabo ejecuciones en Afganistán. Se tuvo conocimiento de que se había interrumpido esta práctica en Taiwán y Tailandia —países que habían ejecutado a personas en 2018— y Kazajistán, la Federación Rusa, Tayikistán, Malasia y Gambia siguieron manteniendo moratorias oficiales de las ejecuciones.
En todo el mundo, 106 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y 142 países la habían abolido en la ley o en la práctica.
Además, varios países habían adoptado medidas positivas tendentes a la abolición de la pena de muerte.
Por ejemplo, el presidente de Guinea Ecuatorial anunció en abril que su gobierno aprobaría legislación destinada a abolir la pena de muerte. En la República Centroafricana, Kenia, Gambia, y Zimbabue se registraron novedades positivas que podrían dar lugar a la abolición de la pena capital.
Barbados también eliminó de su Constitución la pena de muerte preceptiva.
En Estados Unidos, el gobernador de California estableció una moratoria de las ejecuciones en el estado que tiene la cifra más elevada de personas condenadas a muerte, y Nuevo Hampshire se convirtió en el vigésimo primer estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte para todos los delitos.
Sin embargo, los intentos de reintroducir la pena de muerte en Filipinas para “crímenes horrendos relacionados con las drogas ilegales y la corrupción”, así como los esfuerzos en Sri Lanka para reanudar las ejecuciones por primera vez en más de 40 años, enturbiaron el progreso hacia la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. El gobierno federal de Estados Unidos también amenazó con reanudar las ejecuciones después de casi dos decenios sin haber llevado a cabo ninguna.
“Tenemos que mantener el impulso en favor de la abolición de la pena de muerte”, ha declarado Clare Algar.
“Instamos a todos los países a abolir la pena de muerte. Es necesario que se ejerza presión internacional sobre los últimos verdugos del mundo para acabar definitivamente con esta práctica inhumana”.