Europa Oriental y Asia Central: Los derechos humanos deben ser protegidos durante la pandemia de COVID-19
Los gobiernos de Europa Oriental y Asia Central están respondiendo a la pandemia de COVID-19 con medidas represivas y abusivas que distan de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La organización ha publicado un nuevo informe titulado Eastern Europe and Central Asia Confronted with COVID-19: Responses and Responsibilities (Europa Oriental y Asia Central frente a COVID-19: Respuestas y responsabilidades) en el que se establecen las responsabilidades de los gobiernos de la región.
“Mientras la pandemia de COVID-19 se extiende por la región, muchos gobiernos parecen más interesados en reprimir la disidencia que en proteger la salud pública”, ha dicho Heather McGill, investigadora de Amnistía Internacional sobre Asia Central.
“Los gobiernos —desde las autoridades de Kazajistán soldando puertas para dejar a residentes atrapados dentro de las viviendas hasta la policía chechena agrediendo a personas por no llevar mascarilla— parecen ver en la pandemia un pase gratuito para pisotear los derechos humanos. Todas las medidas estrictas que se adopten para evitar la propagación del virus deben ser temporales, proporcionadas y acordes a las normas de derechos humanos.”
Uso excesivo de la fuerza y medidas restrictivas
Las autoridades de Europa Oriental y Asia Central recurren sistemáticamente a medidas represivas para acallar las opiniones críticas. No es sorprendente que algunos gobiernos hayan reaccionado ante la pandemia de COVID-19 con desprecio por los derechos humanos fundamentales.
El 6 April, en Karakol (Kirguistán), las autoridades soldaron todas las puertas de un bloque de viviendas donde vivían decenas de familias después de que un residente diera positivo en la prueba de COVID-19. En Kazajistán, las autoridades también han hecho cumplir la cuarentena en bloques de pisos soldando las puertas para que sus residentes no pudieran salir.
El 18 de abril, el ejército ucraniano bloqueó el único acceso al pueblo de Staromarivka, situado en el territorio bajo control gubernamental afectado por el conflicto en el este de Ucrania, dejando a sus 150 residentes sin acceso al exterior y sin medios para obtener alimentos, asistencia médica y otros servicios.
A finales de marzo, en la república rusa de Chechenia se grabó a la policía blandiendo tuberías de plástico. Las imágenes de vídeo parecen indicar que los agentes golpeaban a quienes no llevaban mascarilla.
Amenazas para el derecho a la salud
En Bielorrusia, Tayikistán y Turkmenistán, las autoridades han despreciado la gravedad de la pandemia y promovido curas sin eficacia probada. A finales de marzo, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, afirmó que beber vodka a diario mataba el virus, lo mismo que ir a la sauna y practicar deporte. A fecha de hoy, su gobierno no ha adoptado ninguna medida de distanciamiento físico. Su homólogo turcomano, Gurbanguly Berdimuhamedow, quien prácticamente no habla de la COVID-19, ha aconsejado quemar hojas de harnal para protegerse de la enfermedad.
En toda la región, unos sistemas de atención de la salud mal financiados tienen serias dificultades para proporcionar asistencia adecuada. En Rusia, la reforma del sistema de salud pública acometida durante la pasada década, llamada “optimización”, ha causado drásticas reducciones de personal médico y de centros sanitarios. La escasez de material ha expuesto al personal médico a contagiarse del virus.
Amenazas para la libertad de expresión y el acceso a la información
Para combatir la propagación del virus, los gobiernos deben garantizar la difusión de información accesible, precisa y basada en pruebas sobre la COVID-19 y sobre cómo evitar el contagio. Sin embargo, hemos visto con demasiada frecuencia a autoridades de Europa Oriental y Asia Central ejerciendo sus nuevos poderes excepcionales para hostigar a periodistas y otras personas que intentaban difundir información.
“Los gobiernos de Azerbaiyán y Rusia han procesado a personas usuarias de redes sociales, periodistas y profesionales de la medicina por poner en evidencia sus defectuosas respuestas a la COVID-19. Otros países, como Uzbekistán, han impuesto ruinosas multas por difusión de ‘noticias falsas’”, ha dicho Heather McGill.
“Esto transmite un mensaje paralizante a quienes ejercen el periodismo en toda la región y demuestra que muchos gobiernos están más interesados en atacar a quienes los critican que en proteger la salud de la población.”
En Azerbaiyán, las autoridades han usado la pandemia de COVID-19 como pretexto para reprimir a la oposición. El 19 de marzo, el presidente Ilham Aliyev anunció “nuevas normas” mientras dure la pandemia de COVID-19, que incluyen “aislar” y “despejar” a la oposición de su país. Posteriormente se detuvo al activista de la oposición Tofig Yagublu por cargos falsos de vandalismo, seguido del defensor de derechos humanos Elchin Mammad, acusadode robo.
En Rusia se citó a Anastasiya Vasilieva, presidenta del sindicato independiente “Alianza Médica”, para ser interrogada por la supuesta difusión de “noticias falsas”. Su organización hizo un llamamiento al colectivo de profesionales de la medicina de Rusia para que pusieran al descubierto la incompetencia de las autoridades. Como consecuencia, muchos de sus miembros sufrieron acoso y amenazas, y la propia Vasilieva fue detenida por la policía por “incumplimiento de la cuarentena” cuando estaba abasteciendo de material a un hospital local.
Los medios de comunicación rusos no se han librado de la presión. Las autoridades obligaron al prestigioso periódico Novaya Gazeta a suprimir un artículo donde se criticaba las políticas de confinamiento de las autoridades chechenas después de que el jefe de la república, Ramzan Kadirov, amenazara públicamente a su autora, Elena Milashina.
“La población de Europa Oriental y Asia Central merece algo mejor en unos momentos tan difíciles”, ha afirmado Heather McGill.
“Sus gobiernos deben destinar todos los recursos disponibles a hacer efectivo el derecho a la salud y hacer que los derechos humanos ocupen un lugar central en su respuesta al virus”.