Global: La represión del ejercicio del periodismo menoscaba los esfuerzos por controlar la COVID-19

La ofensiva emprendida contra periodistas y otras personas que critican el modo en que sus gobiernos gestionan la COVID-19 está dificultando los esfuerzos realizados para hacer frente al virus, ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización ha advertido de que la censura de información esencial sobre la pandemia se ha convertido en un fenómeno mundial y ha instado a los gobiernos a contener su egolatría y dar prioridad a la salud pública.

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional llama la atención sobre casos en los que las autoridades podrían haber puesto el derecho a la salud en peligro al reprimir la libertad de expresión y el acceso a la información.

“No cabe esperar que se contenga este virus si la gente no puede acceder a información exacta. Resulta realmente alarmante ver que muchos gobiernos están más interesados en proteger su reputación que en salvar vidas”, ha afirmado Ashfaq Khalfan, director del Programa de Derecho y Política de Amnistía Internacional.

“Desde los primeros días de esta pandemia, cuando las autoridades chinas censuraron la información de los medios de comunicación y sancionaron a quienes lo denunciaban, periodistas de todo el mundo han puesto en peligro su vida, su libertad y su puesto de trabajo para hacer llegar a la opinión pública información que podía salvar vidas.”

Una característica fundamental del derecho a la salud es el derecho a acceder a información oportuna y exacta. En el caso de la COVID-19, tal característica supone que todas las personas tienen derecho a acceder a toda la información disponible sobre la naturaleza del virus y su propagación, así como sobre las medidas que puedan adoptar para protegerse. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo han detenido a periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación precisamente por difundir este tipo de información esencial.

El 12 de abril, el periódico ruso Novaya Gazeta publicó un artículo de la periodista Elena Milashina en el que se criticaba la respuesta de las autoridades chechenas a la pandemia. El líder checheno, Ramzán Kadýrov, dijo que las personas que transmiten la infección son “peores que los terroristas” y “habría que matarlas”, comentarios que, según Milashina, habían hecho que la gente ocultara sus síntomas por temor. En respuesta a ello, Kadýrov publicó en Instagram un vídeo en el que amenazaba a la periodista, señalando que el gobierno y el Servicio Federal de Seguridad rusos iban a “parar los pies a esas personas inhumanas que escriben para provocar a nuestro pueblo”.

En Níger, el periodista Mamane Kaka Touda fue detenido el 5 de marzo, tras haber publicado en las redes sociales información sobre un posible caso de infección por COVID-19 en el Hospital de Referencia de Niamey. Fue acusado de “difundir datos con la intención de alterar el orden público”.

En Egipto, las fuerzas de seguridad detuvieron el 18 de marzo a Atef Hasballah, redactor jefe del periódico AlkararPress, y lo sometieron a desaparición forzada durante casi un mes, a raíz de que hubiera comentado en su página de Facebook que él cuestionaba las cifras oficiales de casos de COVID-19.

En Venezuela, el periodista Darvinson Rojas pasó 12 días detenido tras haber informado sobre la propagación del virus en el país y fue presionado por las autoridades para que revelara sus fuentes. Fue acusado formalmente de “instigación al odio” e “instigación a cometer delitos” y quedó en libertad bajo fianza en espera de que se llevara a cabo una investigación penal. En Venezuela, las graves carencias de los servicios básicos de salud y la falta de medicinas han afectado negativamente a la capacidad de la gente para acceder a atención adecuada de la salud en los últimos años, y desde 2017 —incluso antes de la COVID-19— las autoridades no publican datos epidemiológicos.

En Turquía, İsmet Çiğit y Güngör Aslan, directores del sitio web de noticias local SES Kocaeli, fueron detenidos el 18 de marzo, tras la publicación de un artículo sobre dos muertes por COVID-19 ocurridas en el hospital local. Ambos quedaron en libertad tras haber sido interrogados sobre sus fuentes (que eran del hospital), pero se sentían presionados para dejar de informar sobre el asunto.

En India se ha citado en comisarías de policía a periodistas que informaban sobre la situación de la COVID-19 y se los ha obligado a dar explicaciones sobre sus artículos, entre ellos Peerzada Ashiq, destacado periodista de The Hindu en Cachemira, y Siddharth Varadarajan, editor de The Wire en Uttar Pradesh. Muchos otros han sido detenidos, como Zubair Ahmed, periodista independiente de las Islas de Andamán y Nicobar; Andrew Sam Raja Pandian, fundador del portal web SimpliCity de Tamil Nadu, y Rahul Kulkarni, reportero de ABP Majha en Maharashtra, que quedó luego en libertad con fianza. Mientras tanto, en la región de Jammu y Cachemira continúan las restricciones de Internet, a pesar del creciente número de casos de COVID-19.

En muchos otros países, como Azerbaiyán, Kazajistán, Serbia, Bangladesh, Camboya, Ruanda, Somalia, Túnez y Palestina, se ha procesado a periodistas por informar sobre la COVID-19.

Asimismo, se ha sometido a hostigamiento, intimidación, agresiones y procesamiento a periodistas que informan sobre abusos contra los derechos humanos relacionados con la pandemia, como malos tratos policiales y malas condiciones de reclusión.

Por ejemplo, hay imágenes de la policía de Kenia agrediendo a periodistas que intentaban grabar a agentes cuando golpeaban a gran número de personas que hacían cola para embarcar en un ferry antes del toque de queda. En Bangladesh, en distintos incidentes ocurridos entre el 31 de marzo y el 1 de abril, cuatro periodistas fueron agredidos por políticos locales del partido gobernante por denunciar apropiación indebida de material de socorro en Facebook Live.

Además de atacar a periodistas y otros trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, muchos países, como Azerbaiyán, Hungría, Rusia, Uzbekistán, Camboya, Sri Lanka, Tailandia, Tanzania y varios Estados del Golfo, han utilizado la pandemia de COVID-19 como pretexto para promulgar leyes contra la difusión de “noticias falsas”. En la mayoría de los casos, se deja al arbitrio de las autoridades determinar qué constituye noticias falsas o desinformación, y estas leyes sirven de enérgica advertencia contra el debate libre sobre la situación.

En Hungría, por ejemplo, el gobierno de Viktor Orbán ha reformado el Código Penal del país para introducir nuevas disposiciones en las que se amenaza a quienes ejercen el periodismo con penas de hasta cinco años de prisión si “difunden información falsa” o comunican los hechos de una manera que impida la “protección eficaz” contra el virus. Hay periodistas que han denunciado haber sido objeto de hostigamiento, amenazas y difamación por analizar la respuesta del gobierno al brote de COVID-19.

En Bosnia se han presentado cargos penales contra una médica por “desinformación” y por generar “miedo y pánico”, y podrían imponerle hasta 1.500 euros de multa; había publicado en las redes sociales comentarios sobre la falta de respiradores y otros equipos en un hospital local.

“En medio de la pandemia mundial, las autoridades deben tener prioridades más importantes que buscar en Facebook publicaciones que no les gustan. Deben garantizar que la información sobre la COVID-19 y las medidas que están tomando para responder a la pandemia pueden circular libremente. Las personas tienen derecho a comentar, analizar y criticar tales medidas sin miedo a sufrir represalias”, ha declarado Ashfaq Khalfan.

En Myanmar, la autoridades han advertido de que quienquiera que difunda “noticias falsas” sobre la COVID-19 podría ser procesado, mientras que un funcionario del Ministerio de Salud ha dicho que se presentarán cargos penales contra quienes hablen públicamente de falta de equipo de protección individual en los hospitales.

El 20 de abril, las autoridades tanzanas suspendieron la licencia al periódico online Mwananchi después de que publicara una fotografía del presidente, John Pombe Magufuli, haciendo compras en medio de multitud de personas, lo que suscitó el debate sobre la necesidad de respetar la distancia física.

“La suspensión de Mwananchi es un claro ejemplo de los peligros que la censura puede comportar para la salud pública. El debate sobre las medidas de contención debe fomentarse, no silenciarse”, ha señalado Ashfaq Khalfan.

“Todas las personas tenemos derecho a estar al corriente de las cuestiones esenciales que puedan afectar a nuestra salud, como la falta de equipo suficiente, así como a tener acceso a cifras fiables que puedan contradecir la información oficial del gobierno.”

El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe penalizar la expresión de opiniones falsas, y esto no es una forma eficaz de proteger la salud pública. En vez de ello, lo que deben hacer los Estados es intensificar sus esfuerzos por asegurarse de que difunden información fidedigna, accesible, contrastada y veraz.