Marruecos y Sáhara Occidental: La campaña de desprestigio contra Amnistía Internacional demuestra que el gobierno no tolera el escrutinio

Los ataques de las autoridades marroquíes a la credibilidad de Amnistía Internacional y la campaña orquestada de desprestigio contra la oficina de Amnistía Marruecos en Rabat demuestran hasta qué punto no toleran el escrutinio ni las críticas legítimas a su historial en materia de derechos humanos, ha manifestado la organización hoy.

La respuesta del gobierno llega poco más de una semana después de que la organización publicara un informe, el 22 de junio, donde revela que las autoridades utilizaron software espía de NSO Group para someter al periodista independiente Omar Radi a vigilancia ilegal. Amnistía Internacional envió ayer al gobierno marroquí una carta con las conclusiones de su investigación y más detalles de la metodología utilizada en ella.

“Esta campaña difamatoria y las falsedades vertidas contra Amnistía Internacional son un intento de desacreditar la sólida investigación sobre los derechos humanos que ha sacado a la luz una serie de casos de vigilancia ilícita con productos de la empresa NSO Group. En vez de hacer un uso constructivo de las conclusiones de nuestro informe, las autoridades han optado por pasar al ataque contra el mensajero”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“No es la primera vez que se intenta menoscabar el trabajo de Amnistía, y en esta ocasión coincide con la creciente represión ejercida dentro del país. Actualmente hay decenas de activistas de los derechos humanos, periodistas independientes y manifestantes en prisión, y en los últimos meses las autoridades han aprovechado la pandemia de COVID-19 para perseguir judicialmente a un número mayor aún de personas que se muestran críticas.”

El gobierno marroquí ha acusado falsamente a Amnistía Internacional de no concederle el derecho de réplica sobre las conclusiones del informe y de inventar datos y no presentar pruebas de lo que se afirma en él. Fuentes gubernamentales no identificadas han dicho a los medios de comunicación marroquíes que el gobierno se propone cerrar la oficina de Amnistía Marruecos en Rabat.

Sin embargo, el 9 de junio, dos semanas antes de la publicación del informe, Amnistía Internacional notificó oficialmente a las autoridades marroquíes, por medio de una carta enviada por correo electrónico a cinco funcionarios del Ministerio de Derechos Humanos, su intención de publicarlo. En la misma carta se invitaba al gobierno a aportar comentarios para incluirlos en el informe. No se recibió ninguna respuesta.

Los datos recabados por Amnistía Internacional son el resultado de un análisis técnico del iPhone del periodista marroquí Omar Radi que encontró rastros de ataques de “inyección de red”. Este descubrimiento coincidía con una investigación de Amnistía Internacional de octubre de 2019 en la que se detallaban acciones contra los defensores de los derechos humanos Maati Monjib —mediante ataques de inyección de red, entre otros métodos— y Abdessadak El Bouchattaoui, con el software espía Pegasus, tecnología de vigilancia producida por le empresa NSO Group.

NSO Group vende su software espía Pegasus únicamente a agencias gubernamentales y organismos encargados de hacer cumplir la ley. Además, los datos técnicos extraídos del teléfono de Omar Radi por el equipo de investigación de la organización indican claramente que Pegasus se instaló mediante una forma concreta de ataque digital identificada en nuestros informes como “inyección de red”, que requiere influir en los operadores de telefonía móvil del país a fin de intervenir la conexión móvil a Internet de Omar, algo que sólo un gobierno puede autorizar.

Las conclusiones de Amnistía Internacional coinciden con las de otras organizaciones, como Privacy International y Citizen Lab, que han documentado la adquisición y uso ilícito de tecnología de vigilancia por el gobierno marroquí.

Omar Radi, investigado tras la publicación del informe

Además de la campaña de desprestigio contra Amnistía Internacional, el 24 de junio, Omar Radi, el periodista mencionado en el informe de la organización como objeto de la vigilancia ilícita de las autoridades marroquíes, recibió una citación para que se presentara en la Brigada Nacional de la Policía Judicial. El 2 de julio lo citaron por segunda vez.

Omar Radi es un valiente periodista que ha trabajado para varios medios de comunicación nacionales e internacionales, entre ellos Atlantic Radio y TelQuel. En su trabajo ha investigado los vínculos entre los intereses empresariales y políticos de Marruecos y ha tratado asuntos de corrupción y otros abusos contra los derechos humanos cometidos en el país. En marzo, un tribunal lo condenó al pago de una multa y le impuso una condena de prisión condicional por un tuit en el que había criticado la sentencia condenatoria dictada contra activistas del movimiento Hirak.

Obstrucción gubernamental del trabajo de derechos humanos de Amnistía Internacional

Esta no es la primera vez que se obstaculiza el trabajo de Amnistía Internacional en Marruecos. En junio de 2015, dos miembros de los equipos de investigación de la organización que estaban examinando la situación de las personas migrantes y refugiadas fueron expulsados del país pese a haber garantizado el gobierno a Amnistía Internacional que podía realizar visitas al país simplemente notificándolo.

Las autoridades incluyeron también en una lista negra a un miembro del personal de Amnistía Internacional que había firmado un informe de 2014 sobre la tortura en el país; le prohibieron viajar a Marruecos tanto para hacer trabajo de investigación sobre el terreno como a título personal. En septiembre del mismo año, prohibieron un campamento juvenil de Amnistía Internacional.

“Las autoridades marroquíes tienen antecedentes de adopción de medidas punitivas para desviar la atención de su lamentable historial en materia de derechos humanos. Lo irónico es que, al hacerlo, confirman precisamente lo que la investigación de Amnistía Internacional de los últimos meses ha revelado: la falta absoluta de tolerancia gubernamental de la libertad de expresión”, ha manifestado Heba Morayef.