Trinidad y Tobago: La expulsión de 165 personas venezolanas viola el derecho internacional

En respuesta a los informes de que las autoridades de Trinidad y Tobago han expulsado al menos a 165 personas venezolanas en las últimas semanas, Louise Tillotson, investigadora para el Caribe de Amnistía Internacional, ha declarado:

“No es ningún secreto que las autoridades de Trinidad y Tobago criminalizan la entrada irregular en el país, lo cual es contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, expulsar a personas venezolanas y devolverlas a la emergencia humanitaria y de derechos humanos de la que huían, en plena pandemia, es una violación indignante de las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del derecho internacional. Ninguna persona debe ser devuelta a un lugar en el que corra peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.”

 “Amnistía Internacional comprende que la COVID-19 plantea a los gobiernos un grave desafío, y que en este contexto los gobiernos pueden regular sus fronteras. Pero las autoridades de Trinidad y Tobago están promoviendo un discurso xenófobo, que asocia a las personas que huyen de Venezuela con el virus de la COVID-19 de una manera que entraña el peligro de crear una mayor estigmatización y discriminación contra gente que necesita protección internacional. En lugar de utilizar la ley para castigar a personas obligadas a dejar todo atrás —una práctica que además entraña el peligro de impulsar a la gente a ocultarse aún más y alejarse de los servicios de salud—, las autoridades deben trabajar con ONG, agencias de la ONU y las decenas de miles de personas venezolanas que han hecho de Trinidad y Tobago su hogar en los últimos años para encontrar soluciones que cumplan las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Trinidad y Tobago.”

Durante el mes de julio, los medios de comunicación informaron repetidamente de que las autoridades de Trinidad y Tobago han detenido y puesto en cuarentena a personas venezolanas.

En una conferencia de prensa celebrada el 25 de julio, el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago declaró que “los inmigrantes ilegales”, “la gente que llega por mar” y los empresarios que “trafican” con esas personas constituyen un riesgo potencial para la salud y han establecido una línea telefónica de emergencia para que la gente denuncie. También declaró que las personas venezolanas que se registraron y recibieron permiso legal de residencia y el derecho a trabajar en virtud del denominado proceso de “amnistía” iniciado por el gobierno en 2019 podrían ver revocado su permiso de residencia y ser expulsadas si se descubría que “daban cobijo” a migrantes en situación irregular. También podría someterse a cargos penales a los arrendadores que estén alquilando propiedades a migrantes en situación irregular, añadió el ministro.

El 27 de julio, la policía de Trinidad y Tobago difundió en Facebook folletos que decían que la “inmigración ilegal” podía provocar una “nueva oleada de COVID-19” y pedían a la población que denunciara las “actividades sospechosas”.

Antes de eso, la ONG local Centro Caribeño de Derechos Humanos pidió al gobierno que ayudara a las mujeres, los niños y las niñas de Venezuela que pudieran haber sido tratadas hacia Trinidad, en lugar de proceder a su devolución; esa ayuda incluye darles acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes.

Según noticias publicadas en la prensa, más de dos docenas de policías están siendo investigados por presunta implicación en trata de personas entre Trinidad y Venezuela. Cuando Amnistía Internacional visitó Trinidad en enero de 2020, unas mujeres venezolanas que se identificaban como supervivientes de trata de personas dijeron al equipo de investigación que la policía estaba implicada en redes de trata. Esto, unido a la criminalización de la entrada irregular en Trinidad y Tobago, las hacía tener miedo de denunciar a los responsables, y creaba una cultura de impunidad para quienes violaban los derechos humanos.

Amnistía Internacional considera que esta nueva amenaza de las autoridades de criminalizar a las personas refugiadas —y, en algunos casos, a quienes las ayudan— entraña el riesgo de que estas personas se oculten aún más, y se alejen así de los servicios de salud que podrían proteger a toda la población.