Colombia: Nuevo informe demuestra cómo políticas fallidas ponen en riesgo a personas defensoras de derechos humanos

Las frecuentes amenazas, ataques y asesinatos contra quienes defienden la tierra, el territorio y el ambiente en Colombia han evidenciado la falta de efectividad del gobierno para atender la grave crisis que enfrenta el país en el tema de personas defensoras de derechos humanos, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

¿Por qué nos quieren matar? La falta de un espacio seguro para defender derechos humanos en Colombia examina las razones detrás de la violencia contra líderes y lideresas de comunidades que habitan regiones ubicadas en zonas geográficamente estratégicas y con riqueza en recursos naturales. El informe analiza, además, la poca efectividad de las medidas de protección que el gobierno ha aplicado desde la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016.

“Desde hace años, Colombia es uno de los países más peligrosos para las personas que defienden los derechos humanos, los territorios y recursos naturales en todo el mundo. Sin embargo, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, las cosas han empeorado, particularmente para quienes viven en zonas geográficamente estratégicas y ricas en recursos naturales. Tan solo en 2020, XXX lideres y lideresas sociales han sido asesinadas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistia Internacional.

“Las personas defensoras seguirán muriendo hasta que el gobierno aborde de manera efectiva cuestiones estructurales, como la profunda desigualdad y la marginalización en la que viven las comunidades, la tenencia y control de la tierra, la sustitución de cultivos ilícitos y la justicia”.

El informe recoge los casos de cuatro comunidades en particular riesgo: el Proceso de Comunidades Negras (PCN) en Buenaventura, Valle del Cauca; el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA) en Norte de Santander; el Asentamiento Ancestral Indígena Kubeo – Sikuani (ASEINPOME) en Meta; y la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA) en Putumayo.

Representantes de cada una de las comunidades detallaron a Amnistía Internacional los incidentes de amenazas y ataques que han sufrido por defender el territorio y el medio ambiente. Miembros del CISCA, por ejemplo, explicaron que, al vivir en una de las zonas de mayor producción de coca en Colombia, son estigmatizados, hostigados y violentados al ser acusados de apoyar a los grupos armados que operan en la zona.

Las comunidades de pueblos Indígenas en todo el país también son sujetas de frecuentes ataques por su defensa territorial y de los recursos naturales. En el departamento del Meta, por ejemplo, la falta de reconocimiento de los derechos territoriales de la comunidad indígena Kubeo –Sikuani les ha dejado desprotegidos y amenazados en sus tierras.

La pandemia del COVID-19 ha puesto a las personas defensoras de derechos humanos en una situación de mayor riesgo, invisibilizando los contextos de violencia que enfrentan y la falta de protección de las autoridades. Durante la pandemia las autoridades han reducido los esquemas de protección de algunas personas defensoras, y han autorizado actividades que incrementan el riesgo de las comunidades como la extracción de recursos naturales, operativos policiales y erradicación forzada de cultivos ilícitos.

Colombia ha establecido un número de medidas para proteger, al menos en el papel, a quienes defienden los derechos humanos. Al menos 14 de aquellas normas abordan de manera directa o indirecta el tema de la protección colectiva. Sin embargo, las instituciones y sus programas están plagadas de problemas que las tornan poco efectivas.

La Unidad Nacional de Protección otorga sólo medidas como escoltas, teléfonos celulares y carros blindados con un enfoque altamente individual y urbano. Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas, diseñado para otorgar protección colectiva, es poco efectivo porque el incumplimiento de sus medidas por parte de las entidades estatales no conlleva consecuencias. El conjunto de acciones adoptadas por las autoridades colombianas con el propósito de prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de los grupos y comunidades, conocido como Ruta de Protección Colectiva, tampoco están siendo implementado de manera efectiva.

“Aunque Colombia cuente en teoría con uno de los sistemas de protección más completos de la región, no son efectivos porque las autoridades se rehúsan a actuar de manera preventiva y abordar las causas estructurales de la violencia colectiva contra las personas defensoras”, dijo Erika Guevara Rosas.

“El abanico de normas de protección es tan extenso y complejo que muchas personas defensoras dicen que no saben cómo utilizarlo o que no es lo que necesitan a nivel comunitario. Si realmente quieren proteger a quienes defienden el medio ambiente, las autoridades de Colombia necesitan escuchar a las comunidades en riesgo, apoyarlas en fortalecer las estrategias que ya han desarrollado, y asegurar justicia para quienes les atacan”.

Amnistía Internacional ha lanzado una campaña pidiendo al público a tomar acción para que las personas defensoras de derechos humanos en Colombia puedan desarrollar su trabajo con garantías de seguridad y protección.