República Centroafricana: A pesar de la “sed de justicia” general, algunos señores de la guerra siguen libres

•         Un nuevo informe de Amnistía Internacional evalúa los últimos avances en la lucha contra la impunidad

•         Tras dos años funcionando, el Tribunal Penal Especial necesita ser más transparente en sus procedimientos

•         El sistema de justicia debe hacer un mayor esfuerzo para procesar, en juicios justos, a quienes han matado, violado y secuestrado a civiles

Aunque en los últimos años se han llevado a cabo algunas investigaciones y juicios, muchas de las personas responsables de terribles violaciones y abusos de derechos humanos en la República Centroafricana no sido llevadas ante la justicia dos años después de la puesta en marcha del Tribunal Penal Especial para el país; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Durante décadas de conflicto en la República Centroafricana, varios individuos y grupos armados han gozado de impunidad por crímenes de derecho internacional, como homicidios ilegítimos y violencia sexual.

En un nuevo informe, titulado “On trial, these warlords lowered their eyes’’: The Central African Republic’s challenging pursuit of justice (“En el juicio, estos señores de la guerra tuvieron que bajar la mirada”: La problemática búsqueda de justicia en la República Centroafricana), Amnistía Internacional ha concluido que las deficiencias en el funcionamiento del Tribunal Penal Especial y su falta de transparencia han entorpecido sus avances y que el sistema nacional de justicia del país es demasiado frágil para abordar la enorme magnitud de las violaciones de derechos humanos. El informe también señala los esfuerzos que aún deben realizarse para garantizar que los juicios ante los tribunales ordinarios y ante el Tribunal Penal Especial sean justos.

“Desde 2002, la población civil ha soportado la mayor parte de las sucesivas olas de violencia y de conflicto armado en el país. Miles de personas han sido asesinadas y violadas, y más de medio millón continúan desplazadas. La impunidad es una afrenta a las víctimas y un cheque en blanco a los perpetradores. La puesta en marcha del Tribunal Penal Especial fue un rayo de esperanza para las víctimas, pero los avances son lentos. En estos momentos hay diez casos ante los jueces de instrucción y el Tribunal Penal Especial se ha negado a revelar la identidad de las 21 personas que han sido detenidas tras sus investigaciones, sin dar explicaciones para ello”, ha manifestado Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“El sistema nacional de justicia de la República Centroafricana padece una grave falta de recursos. Puesto que grupos armados como los ex combatientes de Seleka y los combatientes antibalaka continúan cometiendo ataques contra civiles, es evidente que hay que hacer mucho más para poner fin un a un ciclo de impunidad que sigue causando demasiado sufrimiento”.

El Tribunal Penal Especial es un órgano judicial híbrido apoyado por la ONU y encargado de investigar y enjuiciar, por un periodo renovable de cinco años, crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas en la República Centroafricana desde enero de 2003. El Tribunal se estableció por ley en junio de 2015 y comenzó su andadura el 22 de octubre de 2018. Complementa el mandato de la Corte Penal Internacional y de los tribunales ordinarios del país.

Falta de transparencia y de información sobre personas sospechosas en el Tribunal Penal Especial

El equipo de investigación de Amnistía Internacional ha realizado entrevistas a distancia con jueces, fiscales, abogados y activistas y también ha revisado más de 100 documentos judiciales. La Oficina del fiscal especial del Tribunal Penal Especial ha recibido al menos 122 denuncias y, en estos momentos, hay 10 casos abiertos ante los jueces de instrucción. Pero se sabe muy poco sobre los hechos y crímenes que se investigan o los avances en cada caso. Los procedimientos adolecen de falta de transparencia y el público desconoce la identidad de las personas sospechosas que permanecen detenidas en espera de juicio.

Al menos 21 personas han sido arrestadas en el contexto de estas investigaciones y se encuentran actualmente detenidas en prisión preventiva. Tres de ellas fueron detenidas tras los asesinatos que tuvieron lugar en mayo de 2019 en Paoua (al noroeste del país), nueve fueron detenidas el 19 de mayo de 2020 en relación con los asesinatos ocurridos en 2019 y 2020 en Ndele (al noreste del país) y las otras nueve fueron detenidas el 25 de mayo de 2020 en relación con los ataques contra civiles que tuvieron lugar en 2020 en Bambouti, Obo y Zemio (al sureste del país).

A pesar de que las investigaciones comenzaron en 2019 y se espera que los juicios empiecen en 2021, la puesta en marcha del Tribunal Penal Especial adolece de algunos problemas que impiden su adecuado funcionamiento. Entre ellos figura la contratación de jueces internacionales y el retraso en el establecimiento de un sistema de asistencia letrada gratuita.

Amnistía Internacional ha hablado con miembros del personal del Tribunal Penal Especial y con personal de la ONU que lo apoya que han confirmado las dificultades para recibir solicitudes idóneas de jueces internacionales debido a la situación política y de inseguridad en el país y a la necesidad de contar con personas de habla francesa con experiencia en el sistema de derecho civil.

Por ejemplo, aunque el mandato de una juez de la Sala de Instrucción del Tribunal ha expirado, todavía no ha sido reemplazada. Esto deja a la Sala con solo una juez internacional para encargarse de todos los procedimientos en curso, lo que genera demoras en los casos que actualmente examina la Sala.

“A pesar de que los esfuerzos de las autoridades para combatir la impunidad a través del Tribunal Penal Especial son una buena noticia, lo cierto es que muchas víctimas aún esperan que se haga justicia por crímenes que se cometieron hace casi dos decenios. Es necesario que se haga justicia y que se vea que se hace justicia”, ha afirmado Samira Daoud.

“Instamos a los Estados miembros de la ONU a que consideren la posibilidad de hacer contribuciones al Tribunal Penal Especial para que pueda cumplir su mandato e impartir por fin justicia, y pedimos a los Estados de habla francesa que presenten urgentemente solicitudes de jueces que puedan servir en el Tribunal”.

Reanudación de procesos penales

Tras años de interrupción, en 2015 los tribunales ordinarios de la República Centroafricana reanudaron los procesos penales. Aunque es un paso positivo, el sistema nacional de justicia se enfrenta a muchos problemas, entre ellos, la falta de personal, de infraestructura y de material. De los 24 tribunales previstos en la ley, sólo 16 estaban funcionando cuando se redactó el informe de Amnistía Internacional.

El número de procesos penales que se tramitan anualmente sigue estando por debajo del nivel mínimo exigido por la ley y el número de casos que van a juicio es insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de los crímenes cometidos desde 2002. En 2019, sólo se concluyeron 20 causas penales en todo el país.

Además, la policía y las autoridades judiciales del país no son independientes del poder ejecutivo y la situación de conflicto e inseguridad aumentan las dificultades.
Una persona que trabaja en una organización de asistencia jurídica gratuita explicó a Amnistía Internacional que, debido a la persistencia de la actividad de los grupos armados, algunos jueces no se pueden desplazar con seguridad dentro de su jurisdicción.

Es difícil saber el número exacto de procesos penales relacionados con el conflicto que se han abierto ante tribunales penales ordinarios en el país y si cumplen con las normas internacionales sobre juicios justos.

Parece que la gran mayoría de los procesos penales conocidos que se han incoado contra ex combatientes de Seleka y combatientes antibalaka desde 2015 afectan a personas de baja graduación y que están relacionados con crímenes contra el Estado y no con violaciones y abusos de derechos humanos.

Amnistía Internacional tiene constancia de dos casos en que el tribunal penal ordinario de Bangui ha juzgado a ex combatientes antibalaka por crímenes contra personas civiles.

El 22 de enero de 2018, el tribunal declaró culpable al general Andjilo, comandante antibalaka, de conspiración criminal, asesinato, tenencia ilícita de armas de guerra, robo agravado y secuestro.

En febrero de 2020, el tribunal dictó su primera sentencia condenatoria por crímenes de derecho internacional en relación con un ataque que el grupo antibalaka llevó a cabo el 13 de mayo de 2017 en Bangassou (al sureste del país). En el ataque murieron 72 personas —entre ellas civiles y 10 miembros de fuerzas de la ONU para el mantenimiento de la paz—, y miles fueron obligadas a huir de la ciudad.

Cinco personas identificadas como líderes antibalaka —Kevin Bere Bere, Romaric Mandago, Crepin Wakanam (alias Pino Pino), Patrick Gbiako y Yembeline Mbenguia Alpha— fueron declaradas culpables de varios cargos relacionados con crímenes de guerra y de lesa humanidad. Todas las vistas del juicio se retransmitieron íntegramente por radio y televisión.

Un ex magistrado explicó a Amnistía Internacional:

“Los señores de la guerra tenían mucho poder […] ahora vuelven a ser personas insignificantes. Durante el juicio las víctimas hablaron directamente a los acusados y ¡estos señores de la guerra tuvieron que bajar la mirada! Sentimos que se hacía justicia. Fueron momentos muy intensos, que la población valora mucho”.

En julio de 2020 se nombraron jueces militares por primera vez desde la aprobación del código de justicia militar de 2017, lo que abre la puerta a futuros procesos ante tribunales militares.
Amnistía Internacional insta a las autoridades de la República Centroafricana a que modifiquen la legislación para garantizar que la jurisdicción de los tribunales militares se limita estrictamente a las infracciones militares cometidas por personal miliar. Con arreglo a las normas internacionales, la ley debe excluir de forma explícita de la jurisdicción de los tribunales militares los crímenes cometidos contra personas civiles.

“La mayoría de las personas sobre las que presuntamente recae la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos desde 2012 por ambas partes, ex combatientes de Seleka y combatientes antibalaka, todavía circulan libremente por el país y algunas continúan cometiendo violaciones de derechos humanos,” ha declarado Samira Daoud.

“El derecho de las víctimas a obtener justicia, verdad y reparación en un plazo razonable no debe sacrificarse en nombre de cálculos políticos, que además con mucha frecuencia han demostrado ser contraproducentes. Por tanto, la lucha contra la impunidad debe seguir teniendo máxima prioridad. La justicia contra los rangos bajos y sin el debido proceso no será justicia”.