Marruecos y Sáhara Occidental: El componente de derechos humanos es decisivo para la Misión de la ONU

La observación efectiva de la situación de los derechos humanos tiene que ser un componente esencial de toda presencia futura de fuerzas de la ONU para el mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental, controlado por Marruecos, y en los campos de refugiados saharauis de Argelia, ha manifestado Amnistía Internacional hoy en una detallada declaración.

El 28 de octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU someterá a votación la renovación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), que por el momento no incluye un componente de derechos humanos. MINURSO se estableció en 1991 con objeto de hacer seguimiento de un acuerdo de alto el fuego entre las fuerzas armadas de Marruecos y el Frente Polisario, movimiento independentista saharaui que administra los campos de refugiados saharauis de Tinduf, Argelia.

“Durante los últimos 40 años del conflicto territorial, tanto las autoridades marroquíes como el Frente Polisario han cometido reiteradamente graves abusos y violaciones de derechos humanos. Instamos al Consejo de Seguridad de la ONU a que refuerce la misión de mantenimiento de la paz en la zona añadiendo un componente de derechos humanos a su mandato”, ha afirmado Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“La existencia de un mecanismo completamente independiente e imparcial en la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, con el mandato y los recursos necesarios para vigilar de manera efectiva los abusos contra los derechos humanos en el Sáhara Occidental y en los campos de Tinduf, garantizaría al menos que la misión no continúa mirando para otro lado a la hora de abordar las constantes violaciones de derechos humanos.”

En el Sáhara Occidental continúan vigentes las restricciones impuestas por las autoridades marroquíes al acceso de periodistas y organizaciones independientes de derechos humanos, que impiden la observación de los abusos contra los derechos humanos y consolidan la impunidad de las fuerzas de seguridad. En febrero de 2020, las autoridades marroquíes expulsaron a su llegada al aeropuerto de El Aaiún al menos a nueve personas, entre la que se encontraban diputados y diputadas españoles y una abogada también española, que tenían previsto asistir como observadores al juicio del activista saharaui de los derechos humanos Khatri Dada.

La existencia constante de un mecanismo de la ONU para la observación de la situación de los derechos humanos sería también esencial para ayudar a prevenir nuevos abusos en los campos de Tinduf, donde el acceso a la información sobre la situación de los derechos humanos sobre el terrero es limitado. El Frente Polisario no ha tomado ninguna medida para exigir cuentas a los responsables de anteriores abusos contra los derechos humanos cometidos en los campos que controla.