La elección clave para el futuro de los derechos humanos en las Américas

El continente americano sin la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sería una región más injusta. Muchos de los grandes avances en materia de derechos humanos a lo largo de nuestra historia se dieron debido a las intervenciones de este mecanismo de protección.

Desde sus visitas históricas en tiempos de los regímenes militares y conflictos armados en la región, que permitieron la consolidación de estándares interamericanos que aún son utilizados hoy en día, hasta la presentación de casos emblemáticos para avanzar en temas tan relevantes como la protección de personas defensoras de derechos humanos, y los derechos de las mujeres, personas LGBTI y pueblos indígenas, la CIDH ha sido la promotora de una cultura de respeto y garantía de los derechos humanos.

Ser parte del mecanismo hemisférico que establece límites al poder estatal en derechos humanos, trae aparejado grandes desafíos. Pero ahora la CIDH se enfrenta a un nuevo reto: elegir a alguien para dirigir su secretaría ejecutiva.

Esta es la tercera vez que la CIDH llama a un concurso público para elegir a quien la dirigirá. Desde que empezó el proceso el septiembre pasado, la CIDH ha cumplido con una amplia representación geográfica, así como la equidad e igualdad de género en la selección, y ha permitido a la sociedad civil del continente hacer llegar sus observaciones sobre las diez personas semifinalistas. La Comisión hizo pública la lista de cinco personas finalistas el 3 de febrero de 2021 y después de realizar entrevistas presenciales en mayo, la persona seleccionada ocupará el cargo a partir del 1° de junio próximo.

A diferencia de las anteriores elecciones para el puesto, en esta oportunidad la CIDH se enfrenta a un complejo ambiente interno y externo. En los últimos años, se ha instaurado en el continente un discurso contrario a los derechos humanos, incluso en algunos países, por sus máximas autoridades. Además, ante la pandemia, se ha visto cómo muchos Estados hicieron uso desproporcionado de la fuerza y adoptaron medidas represivas bajo el pretexto de prevenir y combatir al COVID-19.

Por otra parte, si bien el mal llamado proceso de fortalecimiento dejó huellas en la CIDH, en años recientes hemos vuelto a observar cómo diversos Estados de la región han tratado de maniatar a la Comisión en su actuar desconociendo su independencia y autonomía.

El tema financiero tampoco es alentador, a pesar de que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) se comprometieron a duplicar en un periodo de tres años el financiamiento de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras promulgar “los acuerdos de Cancún” durante la Asamblea General del 2017. Lamentablemente, en su Asamblea General el año pasado, los Estados miembros de la OEA decidieron que el presupuesto para estos órganos se otorgará teniendo en consideración los recursos disponibles con los que cuenta la OEA. Esto quiere decir que no necesariamente se cumplirá la promesa de doblar el presupuesto a partir del 2021, lo cual pone en riesgo el trabajo que desarrollan estos órganos.

Las crisis financieras son de larga data en la CIDH, pero en 2016 sufrió una crisis financiera sin precedentes, obligándola a suspender períodos de sesiones y, además, a perder casi la mitad de su personal. La CIDH pudo superar dicha crisis gracias a la cooperación internacional, pero únicamente ocho de los 34 Estados miembros de la OEA hicieron aportaciones adicionales para financiarla – el resto vino de países europeos, agencias internacionales y universidades.

Por si lo anterior fuera poco, también existe un ambiente complejo al interior de la OEA y de la misma CIDH. El año pasado, el Secretario General de la OEA, basándose en un informe de la oficina de la Ombudsperson de la OEA, decidió separar de su cargo al entonces Secretario Ejecutivo de la CIDH, tras alegaciones de acoso laboral y presuntas irregularidades. Sin embargo, de la información pública, no hay evidencia que se haya llevado a cabo el proceso de consulta para dicha separación en concordancia con lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de la CIDH. Dicha decisión, sin haber llevado a cabo el proceso correspondiente, debilita la institucionalidad de la CIDH y pone en riesgo su autonomía e independencia.

En este contexto tan adverso, la CIDH tiene quizás una de las elecciones más complejas en sus manos. La persona que sea seleccionada para comandar la secretaría ejecutiva deberá contar con una visión estratégica capaz de hacer observar los derechos humanos en un continente donde graves violaciones de derechos humanos continúan cometiéndose y las retóricas anti-derechos siguen ganando adeptos, mientras la pandemia añade otras graves consecuencias.

Además, frente a las crisis financieras de la CIDH que parecen ser un fantasma que ronda sus pasillos cada cierto tiempo, y los Estados miembros de la OEA que se ven renuentes a financiar el sistema que crearon para velar por los derechos humanos en el continente, esta persona tiene que contar con grandes habilidades de recaudación de fondos.

A lo interno, y con la comunidad de derechos humanos interamericana, esta persona debe generar confianza. Ante alegaciones de acoso laboral anteriores, debe liderar todas las medidas preventivas pertinentes para que esto no vuelva a ocurrir, y en caso de que ocurriera, debería asegurar la transparencia y el respeto del debido proceso de denunciantes y denunciados. Finalmente, tendrá la titánica tarea de garantizar que las máximas autoridades de la OEA y sus Estados miembros respeten y garanticen su independencia y autonomía como pilares fundamentales para realizar el mandato de la CIDH.

Esperamos que la CIDH seleccione a la persona indicada para enfrentar estos retos tan complejos.

Belissa Guerrero Rivas es coordinadora de incidencia para las Américas de Amnistía Internacional