Bolivia: Un verdadero compromiso con los derechos humanos exige una justicia imparcial e independiente

La pandemia de impunidad por violaciones a los derechos humanos en Bolivia, que Amnistía Internacional viene denunciando hace décadas, tiene una relación directa con las preocupaciones por falta de independencia del sistema judicial boliviano, que resurgieron en estas semanas.

“Lamentablemente las detenciones de Jeanine Áñez y otros exfuncionarios del gobierno interino, sumado al Decreto Supremo 4461 que concede indulto o amnistía a personas simpatizantes del MAS, parecen continuar con un patrón de uso parcial de la justicia que contribuye a perpetuar la impunidad para las violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional ha venido denunciando durante décadas esta crisis de impunidad en Bolivia, que solo podrá revertirse con una justicia auténticamente independiente e imparcial”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La prisión preventiva dictada el 14 de marzo contra Jeanine Añez y varios exfuncionarios de su gobierno, se dio en el marco de la causa denominada “Golpe de Estado”, iniciada por su posible responsabilidad penal por delitos de sedición, conspiración y terrorismo, no por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su gobierno y que deben ser investigadas de manera independiente, imparcial y con respeto a las garantías del debido proceso.

Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente las violaciones de derechos humanos ocurridas tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, las que incluyen la represión de manifestaciones, con un uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas fallecieron y 833 resultaron heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019 y muchas otras han sido detenidas sin respeto a las reglas del debido proceso. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas o sancionadas, y permanecen aún en la impunidad.

De especial preocupación es la impunidad y la falta de esclarecimiento de los hechos acontecidos durante las protestas en Sacaba y Senkata, donde murieron al menos 18 personas y muchas otras resultaron heridas. Tal es la desconfianza que familiares de las víctimas tienen en la justicia boliviana, que ellas han pedido que sea un Grupo Interdisciplinario de Expertas Independientes (GIEI) el que investigue estos sucesos.

Con el apoyo de la comunidad internacional, y bajo el auspicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI comenzó sus investigaciones en Bolivia a fines de noviembre de 2020, reabriendo la esperanza de justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

La crisis postelectoral de 2019 también se caracterizó por hechos de hostigamiento y amenaza a opositores políticos y a personas percibidas como tales por parte del entonces gobierno interino de Jeanine Añez, así como amenazas públicas emitidas contra líderes políticos acusados de “desinformar” y contra periodistas acusados de “sedición”, acusaciones a personas por participar en “movimientos de desestabilización y de desinformación” y de hacer “guerra virtual” contra el gobierno.

Si bien este hostigamiento es contrario a los derechos humanos, han habido denuncias creíbles de la comisión de posibles delitos y uso de la fuerza por parte de simpatizantes del partido político MAS durante las protestas, los que deben ser investigadas de manera imparcial, expedita e independiente.

Contrario a su compromiso por garantizar la justicia, el gobierno del presidente Luis Alberto Arce trató de justificar la posible comisión de delitos por partidarios del MAS durante la crisis política de finales de 2019, asumiendo que, aunque “formalmente pueden interpretarse cómo delitos tipificados en el Código Penal… los mismos no respondían a la intención de cometer una infracción”, y por ende propone dejar en la impunidad dichas actuaciones criminales únicamente por el hecho de haber sido cometidas por sus simpatizantes.

En ese contexto, el pasado 18 de febrero, se aprobó el Decreto Supremo 4461, por el cual se concede la amnistía o el indulto a personas simpatizantes del gobierno del presidente Luis Alberto Arce que se encuentran privadas de la libertad por presuntos delitos cometidos durante la crisis política iniciada en octubre de 2019.

“El Decreto Supremo 4461 viola de manera flagrante y múltiple las obligaciones de derecho internacional del Estado en materia de derechos humanos, al ser una herramienta de amnistía con un claro sesgo ideológico que beneficia únicamente a aquellas personas que apoyan al gobierno”, dijo Erika Guevara Rosas.

Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades bolivianas a respetar el debido proceso, incluido el acceso de exfuncionarias y exfuncionarios detenidos, a una defensa adecuada y – si fuera el caso – de someterlos a un juicio justo, independiente e imparcial que incluya la no utilización de tipos penales ambiguos. Asimismo, Amnistía Internacional exige la inmediata derogación del Decreto Supremo 4461, de tal forma que se garantice que las personas responsables de delitos en el contexto de la crisis de 2019, sean o no simpatizantes del MAS, enfrenten la justicia, y que las víctimas de detención arbitraria y otras violaciones de derechos humanos puedan acceder a la justicia, con plena garantía de sus derechos civiles y políticos.

“El mensaje del presidente Luis Alberto Arce debe ser contundente e inequívoco: si su gobierno va a comprometerse con la verdad y la justicia por violaciones de derechos humanos en Bolivia, debe ser inclaudicable en su compromiso con el debido proceso y la independencia e imparcialidad del sistema de justicia,” concluyó Erika Guevara Rosas.