La población penitenciaria, olvidada en la pandemia de COVID-19: se agrava la crisis en los centros de detención

En su nuevo informe, Amnistía Internacional resalta cómo la población penitenciaria ha sido olvidada en todo el mundo, mientras las cárceles se han enfrentado a deficiencias sistémicas para frenar la propagación del virus y han aplicado medidas de control que han provocado violaciones graves de derechos humanos. La organización pide que se incluya en los programas nacionales de vacunación a los millones de personas que se consumen en celdas masificadas.

Olvidados tras las rejas: La COVID-19 y las prisiones revela que, con una población penitenciaria mundial estimada en más de 11 millones de personas, en numerosos países las prisiones podrían convertirse en focos de propagación de la enfermedad. Numerosos presos y presas se ven en apuros para conseguir jabón, saneamiento adecuado o equipos de protección individual, mientras tienen dificultades para mantener la distancia física y reciben atención médica limitada.

“Mientras la COVID-19 continúa asolando las prisiones de todo el mundo, las medidas introducidas por los gobiernos para evitar la propagación de la enfermedad han dado lugar a violaciones de derechos humanos; me refiero, por ejemplo, al uso excesivo del régimen de aislamiento para garantizar la distancia física, y a la aplicación de medidas inadecuadas para paliar los efectos perjudiciales de ese aislamiento”, revela Netsanet Belay, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional.

Como los gobiernos no publican información actualizada y fiable, es difícil determinar la cifra real de contagios de COVID-19 y de muertes relacionadas con ella. Aun así, los datos disponibles reflejan preocupantes pautas de contagio de la COVID-19 en las cárceles de todo el mundo. Asimismo, mientras van diseñando planes y estrategias de vacunación, numerosos gobiernos guardan silencio con respecto a la vacunación de los presos y presas en situación de riesgo.

Un peligroso hacinamiento que sigue sin remitir

En la actualidad, el hacinamiento está ampliamente reconocido como uno de los problemas más graves de los establecimientos penitenciarios. Unos 102 países reflejan niveles de ocupación superiores al 110%, con una proporción considerable de personas condenadas o declaradas culpables de delitos no violentos.

Aunque se han tomado medidas para liberar a las personas presas que en estas circunstancias reúnen los requisitos para ello, las investigaciones de Amnistía Internacional revelan que los actuales índices de excarcelación siguen siendo insuficientes, y que no reducen el enorme riesgo que entraña el virus.

“Numerosos países con niveles de masificación peligrosamente altos en las prisiones —como Bulgaria, Egipto, Nepal y la República Democrática del Congo— continúan sin abordar los motivos de preocupación que suscitan los brotes de COVID-19. En otros países, como Irán y Turquía, cientos de personas presas recluidas de manera arbitraria, como los defensores y defensoras de derechos humanos, fueron excluidas de los programas de excarcelación de la COVID-19”, explica Netsanet Belay.

Crisis de salud

La COVID-19 también ha puesto al descubierto los años de falta de inversiones y de abandono de los servicios de salud en las prisiones. Las autoridades penitenciarias no han podido —o no han querido— responder a la necesidad de mejorar las medidas preventivas de salud y los servicios médicos de la población penitenciaria Durante las primeras fases de la pandemia, Amnistía Internacional observó que, en numerosos países, los presos y presas no podían hacerse pruebas de COVID-19 debido a la grave escasez de éstas, mientras que en Irán y Turquía se negaba arbitrariamente atención médica a algunas personas presas.

Asimismo, ciertos países, como Camboya, Estados Unidos, Francia, Pakistán, Sri Lanka y Togo han sido incapaces de aplicar medidas adecuadas de protección y prevención en las prisiones para frenar la propagación de la COVID-19.

“Sea quien sea, y esté donde esté, toda persona tiene derecho a mascarillas, a cantidades adecuadas de jabón, a artículos desinfectantes y a agua corriente potable”, asegura Netsanet Belay. “En las cárceles, especialmente, es preciso facilitar equipos de protección individual gratuitos, y los gobiernos deben fomentar el acceso a pruebas y tratamientos de COVID-19 para prevenir y gestionar posibles brotes”.

Medidas de control que dan lugar a abusos

Para combatir la crisis de COVID-19, las autoridades penitenciarias de numerosos países han recurrido a medidas peligrosas, como confinamientos y cuarentenas excesivos y abusivos, que han dado lugar a violaciones graves de derechos humanos. En determinados lugares, como Argentina y Reino Unido, se aisló a personas detenidas hasta 23 horas al día, a menudo durante semanas o meses.

“En cárceles de todo el mundo se han impuesto aislamientos y cuarentenas excesivos y abusivos para contener la propagación de la COVID-19. En algunas circunstancias, esto podría constituir trato cruel, inhumano o degradante. Es preciso aplicar medidas humanas para proteger a la población penitenciaria”, afirma Netsanet Belay.

Algunas medidas de confinamiento por la COVID-19 han afectado también a las visitas de familiares en las cárceles, con lo que se ha puesto en mayor peligro el bienestar mental y físico de las personas detenidas. En ciertos casos, esto ha provocado protestas y disturbios generalizados en las prisiones, a los que las autoridades han respondido, a menudo, con fuerza excesiva.

“Mientras algunas autoridades penitenciarias han adaptado las condiciones para mantener las visitas, otras las han prohibido, con lo que se ha privado a la población penitenciaria del hilo que la mantiene conectada al mundo exterior, socavando así su bienestar emocional y físico”, concluye Netsanet Belay.

Dar prioridad a la vacunación de las personas detenidas

Al menos 71 países han puesto en marcha políticas de vacunación para un grupo vulnerable, como mínimo. Aunque ciertos países han incluido a la población y el personal penitenciarios entre los grupos prioritarios de vacunación, las investigaciones de Amnistía Internacional han permitido comprobar que muchos otros, algunos de ellos de renta alta, guardan silencio o no son claros con respecto a sus planes.

“Las cárceles son los lugares más expuestos a brotes de COVID-19, y no podemos descuidar durante más tiempo el derecho a la salud de la población penitenciaria. La falta de claridad sobre los programas de vacunación, las políticas y el tratamiento de las personas recluidas es un acuciante problema mundial”, asegura Netsanet Belay. “A medida que se van definiendo las estrategias de vacunación, la no consideración de las personas detenidas como grupo prioritario tendrá consecuencias catastróficas para los presos y presas, para sus familias y para el sistema público de atención a la salud”. 

Amnistía Internacional insta a los Estados a que, cuando desarrollen políticas y planes de vacunación, no discriminen a las personas presas. Es más, la organización pide a los Estados que hagan todo lo posible por dar prioridad a la población penitenciaria en sus planes nacionales de vacunación, sobre todo teniendo en cuenta que sus condiciones de reclusión no les permiten mantener la distancia física, y que garanticen que las personas presas especialmente vulnerables a la COVID-19 (como las de edad avanzada y las que padecen enfermedades crónicas) tengan la misma preferencia en los planes de vacunación que las de su misma categoría de la población general.