La receta de Nayib Bukele para limitar el ejercicio de los derechos humanos

De Astrid Valencia & Josefina Salomón

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó al poder en junio de 2019 sobre una plataforma en la que prometía, entre otras cosas, promover y defender los derechos humanos.

Más de dos años después, el país enfrenta algo más parecido a una campaña para estigmatizar y silenciar a quienes se atreven a cuestionar las políticas de gobierno y defienden los derechos humanos de todas las personas que a la promesa electoral.

Algunas de las tácticas oficiales parecen haber sido tomadas de países vecinos, otras han sido diseñadas sacando provecho de nuevas tecnologías. En todos los casos, están erosionando de manera alarmante los derechos humanos en El Salvador. 

Aquí, tres de los ingredientes de esa peligrosa receta.

    1. Hostigamiento y descalificación de activistas en redes sociales y cierre de espacios de diálogo

Defender los derechos humanos es un labor de riesgo en cada rincón de América Latina. En El Salvador, el clima de ataques y hostigamiento contra activistas y organizaciones, particularmente quienes exigen más transparencia y rendición de cuentas por parte del gobierno, ha aumentado en los últimos años, sobre todo desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

La campaña de acoso ha encontrado un escenario en las redes sociales, desde donde altos funcionarios de gobierno, incluyendo el presidente Bukele, han utilizado sus cuentas para descalificar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, acusándolas de ser “criminales”, “buscar que mueran más humanos” y de ser “organizaciones de fachada” y parte de la “oposición” política. De esta forma, han incentivado a sus miles de seguidores a construir olas de hostigamiento cuyo impacto salta las pantallas. 

Miembros de organizaciones de derechos humanos han denunciado que este tipo de hostigamiento sistemático genera un ambiente hostil en el que defender los derechos humanos de las personas más vulnerables se vuelve una tarea cada vez más peligrosa. 

“Los ataques pueden empezar en redes sociales, pero El Salvador es un país muy pequeño entonces con que se diga ‘una persona trabaja en tal lado’ es suficiente para que se traduzca en ataques con comentarios y que trascienda lo digital a amenazas y seguimientos”, explica una representante de la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, que dice haber documentado un aumento de la agresividad contra activistas y periodistas. “Hay un contexto de mucha hostilidad, que abre la puerta al miedo y a la autocensura. A quien critica se lo han puesto como el enemigo.” 

Organizaciones, incluyendo la Red, han denunciado que, en paralelo con las campañas de hostigamiento, los últimos dos años han visto un progresivo cierre de espacios de diálogo y denuncia. Dicen que los espacios de diálogo periódicos y efectivos entre las entidades gubernamentales y las organizaciones de derechos humanos para incidir en el diseño de las políticas públicas se han ido cerrando y hoy son casi inexistentes. 

De hecho, recientemente, el gobierno se negó a comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia en la que, junto con organizaciones locales, se abordaría la actual situación del país. Con ello, el gobierno no solo mostró que podría estar cerrado al escrutinio internacional, sino que también decidió perder una oportunidad vital para tener un diálogo constructivo con la sociedad civil. Además, la desconfianza ante las autoridades responsables de investigar los ataques contra activistas y periodistas hacen que las denuncias raramente lleguen a las autoridades competentes. 

“Al apuntar contra las organizaciones de derechos humanos como chivos expiatorios de los problemas que enfrenta El Salvador, el presidente Bukele no solo está coartando libertades, sino que desaprovecha el talento y opiniones constructivas de quienes quieren lo mejor para su país”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Aceptar las críticas constructivas, aprender de las propuestas y recomendaciones de la sociedad civil e instaurar el diálogo como mecanismo de participación son los requisitos mínimos que se esperan de un gobierno comprometido con los derechos humanos”.

     2. Hostigamiento a periodistas

Para los periodistas de El Salvador, la situación no ha sido mucho mejor. 

Tal como las personas defensoras de derechos humanos, comunicadores de medios de comunicación han denunciado un recrudecimiento de la campaña de ataques y hostigamiento en redes sociales, a la que se han sumado tácticas como los seguimientos y el hostigamiento legal. 

La expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo, por ejemplo, denunció a finales de junio que miembros de las fuerzas de seguridad se habían apostado frente a su casa, en una acción percibida como intimidatoria. 

Periodistas de El Faro, por otro lado, han denunciado una campaña sistemática de ataques públicos y denuncias infundadas que, dicen, tienen como objetivo desprestigiar a uno de los medios independientes más respetados del país. 

Y no son los únicos. Los ataques contra comunicadores y periodistas se han intensificado de tal manera en el último tiempo el país ha bajado ocho puestos en la clasificación de la organización Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa en 2021. El descenso estuvo relacionado a la cantidad de obstáculos que enfrentan los periodistas en el país para realizar su labor, incluyendo problemas a la hora de acceder a información, la incautación de material periodístico por parte de las autoridades y la negación de altos funcionarios a responder preguntas, entre otros. 

En junio, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública expresó que las publicaciones periodísticas de algunos medios generan apología del delito y señaló que están dando “seguimiento a muchos periodistas”. 

"El presidente y su gobierno tienen una estrategia de desgaste sistemático de todo aquello que sea una voz disidente.  Empezaron por los partidos políticos opositores, y ahora metieron en la misma bolsa a los periodistas y a todas las organizaciones que él considera que son incomodas. Buscan deslegitimarnos para anularnos, no es una estrategia nueva," explica Sergio Arauz, editor de El Faro. "Las condiciones son más difíciles que nunca. Creo que todos los periodistas que tenemos claro nuestro rol estamos preocupados. Tenemos signos del presidente y su vocero de que esto no va a mejorar.”

En julio, medios de comunicación reportaron que las autoridades de migración ordenaron la expulsión del editor de El Faro, de origen mexicano, quien se encontraba tramitando su permiso de trabajo. De acuerdo al periódico, que consideró este hecho como una forma de acoso y limitación de su ejercicio de la libertad de prensa, las autoridades justificaron su decisión en que el reconocido editor no pudo acreditar ser periodista.

Arauz y sus colegas son algunos de los que ya han implementado estrategias de seguridad propias, y desconfiando de la independencia de las autoridades nacionales, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien ha otorgado medidas cautelares a 34 de ellos.

     3.  Los derechos humanos no encuentran espacio en la actual agenda legislativa.

Fuera del espacio digital, la administración Bukele, incluyendo el partido oficialista que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, ha promovido medidas legislativas que podrían poner en riesgo los derechos humanos y el derecho a defender derechos. 

El 19 de mayo de 2021, por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de la “Comisión Especial que investigará el destino de los fondos otorgados a organizaciones, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.” La Comisión estudiará a las organizaciones no gubernamentales que han recibido fondos estatales en años previos. Mientras que, en principio, la ley podría ser entendida como una iniciativa para mejorar la transparencia, el hecho que la Comisión está conformada únicamente por parlamentarios oficialistas y afines ha puesto en tela de juicio su imparcialidad. 

Al mismo tiempo, la Asamblea ha archivado una serie de propuestas de ley dirigidas a mejorar la protección de quienes defienden los derechos humanos. El mismo día que se creó la Comisión Especial, por ejemplo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa archivó la propuesta de Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos, cuyo proyecto fue presentado hace algunos años ante la Asamblea. Organizaciones de derechos humanos advierten que este hecho podría “prolongar el contexto de hostilidad e indefensión en el que las personas defensoras de derechos humanos realizan su labor”.    

También sufrieron la misma suerte el anteproyecto de Ley de Identidad de Género y de la Ley Especial por la Igualdad y la No Discriminación, la Ley de Protección Periodistas, las propuestas de reforma al Código Penal sobre las cuatro causales del aborto y las iniciativas legislativas de las leyes de Creación del Sistema de Personas Desaparecidas y no Identificadas y la del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La vocera de la Red de Defensoras dice que las medidas que está promoviendo la Asamblea recuerdan a otras que fueron recientemente aprobadas en países vecinos que llevaron a la remoción de la personería jurídica de muchas organizaciones que se vieron obligadas a detener su trabajo. “El temor es que esto sea como una especie de revancha contra las organizaciones que han sido críticas contra el gobierno”, explica la activista.

Por su parte, Guevara Rosas de Amnistía Internacional concluye que, “cuando al acoso en redes sociales se suman acciones como el cerco a la información pública, el cierre de espacios de diálogo, la obstrucción de leyes de protección y la participación efectiva, el resultado es nada menos que aterrador”.

Astrid Valencia es investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional. Josefina Salomón es periodista independiente.