Afganistán: Pocas rutas conducen a las personas afganas en peligro de sufrir represalias de los talibanes a un lugar seguro
“Las vidas de miles de mujeres y hombres que habían trabajado para promover y defender los derechos humanos, la igualdad de género, el Estado de derecho y las libertades democráticas en su país penden ahora de un hilo”, ha declarado Francesca Pizzutelli
Casi dos meses después de que concluyeran las operaciones de transporte aéreo en Afganistán, quienes quedaron atrás se enfrentan a obstáculos formidables para buscar seguridad fuera del país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. En un informe de incidencia, la organización destaca la manera en que los países vecinos han cerrado sus fronteras a las personas afganas que carecen de documentos de viaje, y a muchas de ellas las han dejado sin más opción que cruzar la frontera de forma irregular. En lugar de brindar protección a la gente que llega a su territorio por esa vía —tal como dispone el derecho internacional—, los países de Europa y Asia Central han sometido a las personas afganas a devoluciones sumarias ilegales, detenciones y deportaciones.
Amnistía Internacional pide a todos los países que cumplan con su obligación de proteger a las personas que corren peligro de sufrir violaciones graves de derechos humanos, poniendo fin de inmediato a todas las devoluciones o deportaciones a Afganistán y garantizando el acceso a procedimientos de asilo justos. Asimismo, los Estados deben tomar medidas urgentes para garantizar la salida segura de las personas afganas que corren peligro de sufrir ataques de los talibanes, unas medidas que incluyen minimizar los requisitos de documentación de viaje y ofrecer visados por razones humanitarias a quienes más peligro corren.
“Ahora mismo, intentar salir de Afganistán es como una carrera de obstáculos. Desde que los talibanes llegaron al poder, ha sido casi imposible obtener documentos de viaje, por lo que muchas personas afganas se han visto obligadas a emprender travesías irregulares que han dado lugar a un trato punitivo por parte de otros gobiernos. En lugar de encontrar seguridad y protección, las personas afganas que han huido de los talibanes han terminado atrapadas en campamentos improvisados en zonas fronterizas, o han sido detenidas mientras esperan a ser deportadas a un destino incierto”, ha manifestado Francesca Pizzutelli, directora del equipo sobre Derechos de Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional.
“Instamos a todos los países a abrir sus fronteras a las personas afganas que buscan refugio, y a establecer programas de reasentamiento específicos para proporcionar seguridad a quienes más peligro corren. Los gobiernos deben brindar protección internacional a las personas recién llegadas y a las personas afganas que ya están en su territorio, teniendo en cuenta el principio internacional de no devolución (non-refoulement).”
Fronteras cerradas
El informe de Amnistía destaca cómo Pakistán, Uzbekistán, Irán, Tayikistán y Turkmenistán han cerrado sus fronteras a las personas afganas que viajan sin documentos, a pesar del riesgo de que devolver a estas personas las ponga en peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos a manos de los talibanes. Las cifras proporcionadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) muestran que las autoridades iraníes deportaron a 58.279 personas afganas indocumentadas entre el 27 de agosto y el 9 de septiembre de 2021, mientras que Uzbekistán declaró el 20 de agosto que había devuelto a 150 personas a Afganistán, basándose en un acuerdo con los talibanes.
El imperativo internacional de mantener las fronteras abiertas para quienes buscan refugio, y la obligación de cumplir el principio de no devolución, no se aplican únicamente a los países que comparten frontera terrestre con Afganistán. También se aplican a los países a los que las personas afganas pueden llegar por mar o aire, o después de atravesar otros países. En otras palabras, deja de lado toda distinción entre llegadas regulares e irregulares.
A pesar de ello, hay países como Bulgaria, Croacia y Grecia que han seguido llevando a cabo devoluciones sumarias de personas afganas, mientras que Polonia ha introducido nuevas restricciones que harán que a la gente le resulte imposible cruzar irregularmente la frontera para solicitar asilo en ese país.
Un grupo de 32 personas afganas permanece varado en la frontera entre Polonia y Bielorrusia desde el 19 de agosto, después de que estas personas fueran trasladadas de Polonia a Bielorrusia en lo que se sospecha que es una devolución sumaria, sin que se llevara a cabo una evaluación individual de sus necesidades de protección. Los guardias de fronteras polacos y bielorrusos han mantenido al grupo atrapado en una pequeña franja de la frontera, sin cobijo adecuado, agua potable, alimentos o acceso a atención médica.
Mientras tanto, en julio de 2021, mientras se incrementaban las llegadas desde Afganistán, las autoridades turcas anunciaron la ampliación de un muro en su frontera con Irán, y Turquía sigue deteniendo a las personas afganas indocumentadas para preparar su deportación.
Amnistía también ha destacado el impacto de los exámenes de seguridad para las personas afganas que buscan refugio. Por ejemplo, Alemania exige que las personas afganas se presenten ante las autoridades alemanas para realizar un examen de seguridad antes de que se pueda considerar su evacuación… pero actualmente no hay ninguna representación diplomática en Afganistán. En Estados Unidos, la administración Biden ha manifestado su intención de reasentar a 95.000 personas afganas evacuadas para final de septiembre de 2022. Sin embargo, persisten dudas sobre el trato que reciben en las bases militares estadounidenses las personas evacuadas afganas que no han superado los estrictos exámenes de seguridad de Estados Unidos.
Mientras la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose en Afganistán, todos los países deben tomar medidas inmediatas para permitir la salida de aquel país, especialmente a las mujeres activistas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los y las periodistas, y las personas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas. Los Estados deben brindar protección internacional tanto a las personas recién llegadas como a las personas afganas que ya se encuentran en su territorio, y deben ayudar a los países de la región a garantizar los derechos de las personas afganas que viajan a ellos.
“Las vidas de miles de mujeres y hombres que habían trabajado para promover y defender los derechos humanos, la igualdad de género, el Estado de derecho y las libertades democráticas en su país penden ahora de un hilo”, ha declarado Francesca Pizzutelli.
“El mundo no debe abandonar a Afganistán en este momento crítico. Necesitamos un esfuerzo internacional concertado para llevar a las personas afganas hasta un lugar seguro.”