¿A qué sitio ir cuando en ningún sitio te quieren?

Los Estados deben proteger a los miles de personas haitianas en movimiento. Y deben hacerlo así.

Dos terremotos separados por un decenio. Agitación política. El asesinato de un presidente. Inseguridad descontrolada. Secuestros. Múltiples masacres presuntamente con implicación del Estado. Inseguridad alimentaria. Escasez de combustible. Aumento de la violencia de género.

Y la lista continúa.

Estas son sólo algunas de las razones que explican por qué, desde hace años, hay personas en Haití que toman la decisión de que la vida es insegura o insostenible en su país de origen y salen de su territorio en busca de seguridad y estabilidad para sus familias.

Hace años que el Estado no se ocupa de la violencia y la inestabilidad en el país, y con la desestabilización adicional causada por los desastres naturales en Haití, son muchas las personas a las que les quedan pocas opciones que no sean salir del país para poder sobrevivir. Los esfuerzos de la comunidad internacional tampoco han abordado las cuestiones de derechos humanos más acuciantes en el país.

Pero los Estados de las Américas tampoco les han brindado protección.

Hace unas semanas, una delegación de Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance viajó a Tapachula (México), en la frontera con Guatemala, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a más de 60 personas haitianas, todas ellas atrapadas en una ciudad que las autoridades mexicanas han convertido en una suerte de “cárcel abierta”, mientras esperan que se tramiten sus solicitudes de asilo.

Las personas haitianas no están seguras ni protegidas en ningún lugar. Esto quedó especialmente de manifiesto tras oír a decenas de personas describir de forma pormenorizada cómo, en varios países de la región, habían sufrido violaciones de derechos humanos, como detenciones y devoluciones sin el debido procedimiento, extorsión, racismo hacia las personas negras, abusos (incluida violencia de género) a manos de grupos armados, y desamparo.

La mayoría de las personas a las que entrevistamos salieron de Haití hace algunos años, y muchas vivieron y trabajaron en Chile. Sin embargo, se vieron obligadas a abandonar ese país debido al racismo y a la imposibilidad de regularizar su condición migratoria con el gobierno de Piñera. Esto generó en ellas la incertidumbre de saber si sus familias estarían seguras. Pero, aunque las personas con las que hablamos no pudieron quedarse en Chile, nos dijeron que no pueden regresar a Haití.

Todas las personas con las que hablamos en Tapachula expresaron temor a ser deportadas a Haití. Un hombre nos dijo que había huido de Haití meses después de que hombres no identificados mataran a un familiar que pertenecía a un partido político. Nadie fue enjuiciado por el homicidio. Una mujer dijo que había salido de Haití después de que hombres armados fueran de casa en casa en su barrio, robando, golpeando y violando a familiares y personas vecinas. Nos dijo que denunciar los hechos a la policía era inútil porque no podía protegerla, y temía represalias.

Pero esto es sólo una parte de la historia.

Aunque México, Estados Unidos y otros países de la región tienen la obligación de brindar protección a las personas haitianas en movilidad humana, tal como se establece en una resolución publicada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no lo están haciendo.

Según la Organización Internacional de las Migraciones, desde mediados de septiembre, los países de las Américas han deportado a unas 12.000 personas haitianas a Haití, la mayoría desde Estados Unidos.

En una declaración pública  que Amnistía Internacional y otras seis organizaciones publican hoy, exponemos cómo Estados Unidos sigue violando los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo haitianas al expulsarlas en aplicación de la política del Título 42 —una orden que se ampara en el pretexto de la salud pública y cuyo uso indebido para realizar expulsiones masivas ha sido ampliamente condenado por la ONU y personas expertas en salud, entre otras— en gran medida sin proporcionar acceso al sistema de asilo estadounidense ni a las evaluaciones con fines de protección preceptivas en virtud de la Convención contra la Tortura.

Pero la actuación de las autoridades mexicanas no es mucho mejor. Según nuestra investigación, las autoridades migratorias de México siguen ejecutando devoluciones sumarias de personas haitianas a Guatemala, con frecuencia en horario nocturno, sin efectuar evaluaciones individualizadas de las necesidades de protección de esas personas y sin facilitarles información sobre su derecho a solicitar asilo, lo cual vulnera las normas internacionales de derechos humanos.

Hasta noviembre, más de 47.000 personas haitianas habían solicitado asilo en México, pero sólo se había concedido la condición de refugiado o protección complementaria al 37%, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Estas cifras contrastan con la tasa de resoluciones favorables del 97% en el caso de personas de nacionalidad venezolana y del 84% en el caso de las hondureñas. Una de las razones de este contraste es que México no considera refugiadas a las personas haitianas según la definición de la Declaración de Cartagena, algo que México ya hace con personas de otras nacionalidades que huyen de la “violación masiva de los derechos humanos” o la “violencia generalizada” según la definición de la Convención, claramente aplicable a Haití. Tampoco habilita otras formas de residencia legal a las personas haitianas, algo previsto en la legislación mexicana.

Pero la historia continúa.

Para llegar a México, las personas haitianas deben viajar por tierra cruzando entre seis y nueve países latinoamericanos, siempre pasando por el extenuante Tapón del Darién, una franja montañosa y selvática colmada de múltiples peligros, entre ellos la presencia de grupos delictivos armados.

Las lágrimas asomaron a los ojos de algunas de las personas a las que entrevistamos al referirnos que habían presenciado cómo grupos armados violaban a mujeres migrantes con las que habían viajado a través de la jungla, o al describir los peligros del viaje para sus familias. Incluso para el equipo de investigación, habituado a documentar violaciones de derechos humanos, resulta difícil escuchar estos relatos.

Otro tanto ocurre con las historias de constantes microagresiones, hasta actos manifiestamente racistas, que personas haitianas nos contaron que habían sufrido en muchos de los países a través de los cuales viajaron.

“Donde quiera que pasamos, nos miran como ‘hijos de pobres’”, nos dijo un hombre. Otra mujer dijo que, cuando viajaba en autobús en Chile, a veces notaba que las personas blancas se mudaban a otro asiento para no sentarse a su lado. Otras personas dijeron que habían sufrido discriminación racial en el trabajo y que les pagaban menos y les exigían más.

Otro hombre nos contó que, durante el viaje a México, agentes de policía de cuatro países distintos detuvieron el autobús en el que viajaba, pidió los pasaportes y después extorsionaron a todas las personas a bordo y las obligaron a pagar entre 20 y 30 dólares estadounidenses para continuar. En una ocasión, en Honduras, dijo, la policía obligó a todas las personas blancas a bajar del autobús y después extorsionó a todas las personas negras a las que habían hecho quedarse en el interior del vehículo. No sabía con certeza si también extorsionaron a las personas migrantes de piel más clara, pero notó que las personas haitianas eran objeto de perfiles raciales y discriminación.

Por todas estas razones, para muchas personas haitianas, ningún lugar es seguro.

Pero no tiene por qué ser así.

Los Estados de la región cuentan con marcos jurídicos para brindar protección internacional a las personas haitianas en esta situación, mediante la concesión del asilo o de formas alternativas de residencia legal con salvaguardias adecuadas, como también recomienda la ONU.

En cualquier investigación se recuerdan las emociones que las personas transmiten. De este viaje de investigación, recordaremos la dignidad y determinación de las personas haitianas a las que entrevistamos, y su apremiante necesidad de estabilidad tras soportar tantos traumas. Han hecho un largo viaje en busca de las cosas que todos los seres humanos se esfuerzan por conseguir: acceso a refugio, alimentos, escuelas y otras necesidades básicas. Los gobiernos de la región parecen olvidar que estas protecciones también son protecciones que los gobiernos tienen la obligación de ofrecer, pero que están fallando vergonzosamente.