Américas: La defensa de los derechos humanos, amenazada en una región asolada por la pandemia

“En lugar de abordar las arraigadas desigualdades socioeconómicas para ofrecer una recuperación justa de la pandemia de COVID-19, Estados de todas las Américas llevaron a cabo en 2021 un ataque sostenido contra la defensa de los derechos humanos dirigido contra personas que se manifestaban pacíficamente, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en un intento de silenciar o erradicar la disidencia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual. La región sigue siendo la más letal para quienes defienden los derechos humanos y se dedican al activismo medioambiental: sólo en enero de 2022 se cometieron al menos 20 homicidios  y el año pasado se perpetraron decenas más en Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela.

 

Informe de Amnistía Internacional 2021/22: La situación de los derechos humanos en el mundo detalla cómo, dos años después de empezar la pandemia, las Américas sigue siendo la región con más muertes causadas por la COVID-19, en gran parte debido al acceso limitado y desigual a la atención sanitaria, a sistemas de salud pública con financiación insuficiente, y a políticas y medidas de protección social inadecuadas para las comunidades marginadas. La impunidad por violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sigue siendo motivo de gran preocupación en más de la mitad de los países de la región, al mismo tiempo que han aumentado los ataques contra la independencia judicial.

 

“Es intolerable y una vergüenza que, en lugar de abordar las injusticias y las arraigadas desigualdades que afectan a las Américas desde hace generaciones y que agravaron el impacto de la pandemia, muchos gobiernos hayan tratado de silenciar y reprimir a quienes protestan pacíficamente y alzan la voz para reclamar un mundo más seguro, más justo y más compasivo”, ha afirmado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La región de las Américas ha alcanzado el segundo índice de vacunación per cápita más alto del mundo, con Cuba y Chile a la cabeza al vacunar a más del 90% de sus respectivas poblaciones, pero el acceso desigual en la región ha debilitado la protección en países como Haití, donde a 10 de marzo de 2022 se había vacunado a menos del 2% de la población. Mientras tanto, países ricos como Estados Unidos y Canadá acumularon más dosis de las que necesitaban mientras miraban hacia otro lado cuando las grandes empresas farmacéuticas anteponían los beneficios a las personas negándose a compartir su tecnología y permitir una mayor distribución de las vacunas.

 

“Muchos Estados de las Américas han hecho alentadores progresos en la vacunación de su población, pero deben hacer mucho más para asegurar el acceso equitativo y universal a las vacunas en todos los países y abordar al impacto socioeconómico de la pandemia, que ha afectado desproporcionadamente a quienes ya padecen múltiples formas interrelacionadas de discriminación y marginación, como las mujeres y las personas indígenas y afrodescendientes”, prosiguió diciendo Erika Guevara Rosas.

 

Incluso antes de la pandemia, las Américas tenía los índices más altos de disparidad de ingresos del mundo. La recuperación económica irregular del continente el año pasado tuvo poco impacto en las consecuencias de décadas de desigualdad estructural y resultó insuficiente para revertir la recesión económica de 2020, que provocó tasas de desempleo récord, la disminución de ingresos y el aumento de la pobreza. Esto ha empeorado situaciones de emergencia humanitaria preexistentes en países como Haití y Venezuela, donde millones de personas siguen sin acceso a alimentos y atención sanitaria suficientes.

Mientras tanto, los esfuerzos para acallar las voces independientes y críticas cobraron fuerza en 2021 al desplegar los Estados un abanico creciente de herramientas y tácticas como las amenazas, el hostigamiento, las detenciones arbitrarias de motivación política, los enjuiciamientos infundados, la vigilancia ilegítima, el uso excesivo de la fuerza, las desapariciones forzadas y los homicidios ilegítimos para reprimir los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

 

En Estados Unidos, al menos 36 estados presentaron más de 80 proyectos de ley que limitaban el derecho a la libertad de reunión pacífica, mientras en Colombia, las autoridades reprimieron brutalmente a quienes protestaban durante el Paro Nacional del pasado año, lo que se saldó con 46 muertes, 3.275 detenciones arbitrarias, más de 100 traumas oculares y 49 denuncias de violencia sexual.

 

Las autoridades cubanas también detuvieron arbitrariamente a centenares de personas durante las históricas protestas del pasado mes de julio y prohibieron otra marcha para exigir su libertad en octubre, además de recurrir a cortes de Internet para impedir que la gente compartiera información sobre la represión y se organizase en respuesta. Se utilizaron tecnologías digitales subrepticias como armas todavía más en El Salvador, con el despliegue masivo contra periodistas y activistas del software espía Pegasus de NSO Group.

 

Decenas de periodistas y personas que trabajaban en medios de comunicación fueron objeto de amenazas, ataques y detenciones en toda la región, donde México sigue siendo el país más letal para el colectivo de periodistas tras registrar nueve homicidios en 2021 y al menos otros ocho a principios de 2022.

 

El uso de fuerza excesiva e innecesaria en las operaciones de aplicación de la ley también fue letal en muchos países: en Brasil, la operación más mortífera llevada a cabo hasta ahora por la policía en Río de Janeiro se saldó con la muerte 27 residentes de la favela de Jacarezinho el pasado mes de mayo. En Estados Unidos, la policía mató a tiros a 888 personas en 2021, lo que afectó de forma desproporcionada a las personas negras.

 

El racismo y la discriminación seguían estando extendidos en toda la región, donde el acceso insuficiente al agua, el saneamiento, los servicios de salud y las prestaciones sociales agravó el impacto de la pandemia sobre todo en los pueblos indígenas. Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela continuaron permitiendo el desarrollo de importantes proyectos extractivos, agrícolas y de infraestructura sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, y a veces a pesar de las órdenes judiciales de suspender las operaciones.

 

Pese a ciertos progresos, la actuación contra el cambio climático siguió siendo limitada. El Acuerdo de Escazú, tratado regional sobre justicia medioambiental y la protección de quienes defienden el medio ambiente en América Latina y el Caribe, entró en vigor por fin en abril, aunque Cuba, Honduras y Venezuela no lo han firmado aún y falta la ratificación de otros 12 países. Estados Unidos se reincorporó al Acuerdo de París con el presidente Biden y trató de revertir cientos de leyes y políticas que había aprobado la administración Trump para liberalizar los sectores del medio ambiente y la energía, pero siguió aprobando proyectos de explotación petrolera en tierras federales.

 

El presidente de Brasil Bolsonaro continuó fomentando la deforestación y la extracción de recursos naturales en la Amazonía, lo que agravó el impacto de la crisis climática en las tierras y territorios de los pueblos indígenas y dio pie a acusaciones de genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional. Por su parte, Canadá siguió subvencionando la industria de los combustibles fósiles, Bolivia aprobó normativas que incentivaban la tala de árboles y la quema de bosques, y México, que ocupa el puesto número 11 de los emisores de gas de invernadero, no presentó nuevos objetivos de reducción de emisiones en la COP26.

 

A lo largo del año, decenas de miles de personas —en su mayoría de Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela— huyeron de violaciones de derechos humanos relacionadas con la violencia, la desigualdad y el cambio climático. No obstante, los gobiernos de Canadá, Chile, Curazao, Estados Unidos, México, Perú y Trinidad y Tobago siguieron prohibiendo la entrada de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes, y violaron el derecho internacional al deportar sin estudiar debidamente sus solicitudes, a quienes consiguieron cruzar sus fronteras.

 

Decenas de miles de personas refugiadas haitianas buscaron protección internacional, pero los gobiernos de la región no las salvaguardaron de la detención y las devoluciones sumarias ilegítimas, la extorsión, la discriminación racial ni de la violencia de género. Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos llevaron a cabo en la frontera de su país con México la devolución sumaria de más de un millón de personas refugiadas y migrantes, entre las que había decenas de miles de menores no acompañados, esgrimiendo como pretexto normas de salud pública en relación con la COVID-19.

 

La violencia de género sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación en toda la región, donde las medidas para proteger a las mujeres y las niñas son insuficientes, y las investigaciones sobre la violencia de género intrafamiliar, las violaciones y los feminicidios fueron a menudo deficientes. México registró 3.716 homicidios de mujeres en 2021, de los que 969 fueron investigados como feminicidios, mientras las fuerzas de seguridad mexicanas usaban fuerza excesiva, detenciones arbitrarias y la violencia sexual contra las mujeres que protestaban. Tanto en Paraguay como en Puerto Rico se declaró el estado de emergencia debido al aumento de la violencia contra las mujeres; también hubo un incremento significativo de este tipo de violencia en Perú y Uruguay.

 

En las Américas se produjeron el año pasado algunos avances limitados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI: Argentina introdujo tarjetas de identidad en las que se reconocía a quienes se identificaban como personas no binarias y aprobó una ley para promover el empleo de las personas trans. El gobierno del presidente Biden tomó medidas para derogar las políticas discriminatorias de la administración anterior hacia las personas LGBTI en Estados Unidos, pero al mismo tiempo se presentaron cientos de proyectos de ley del ámbito de los estados que recortaban sus derechos.

 

En muchas partes de la región se bloquearon leyes que habrían protegido mejor los derechos de las personas LGBTI, mientras en varios países se siguió discriminando y sometiendo a violencia a personas debido a su orientación sexual e identidad de género. En las Américas se denunciaron 316 de los 375 asesinatos de personas trans y de género diverso perpetrados en todo el mundo entre octubre de 2020 y septiembre de 2021; Brasil registró 125 homicidios, más que ningún otro país del planeta.

 

Muchos gobiernos no hicieron lo suficiente para dar prioridad a la salud sexual y reproductiva en 2021. Faltaban servicios esenciales, el aborto sin riesgos seguía criminalizado en la mayoría de los países y en El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y la República Dominicana, se mantenía la prohibición total del aborto. En Estados Unidos, varios gobiernos estatales introdujeron más restricciones al aborto que en ningún otro año y Texas promulgó una prohibición casi total que criminaliza el aborto a partir de sólo seis semanas de embarazo.

 

El vibrante movimiento feminista de América Latina siguió cobrando fuerza sin desmayo desde que Argentina legalizó el aborto a finales de 2020: la Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la criminalización del aborto en septiembre de 2021 y, en febrero de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto en las primeras 24 semanas de embarazo.

 

“Desde Argentina hasta Colombia, la marea verde ha generado un impulso incontenible y ha demostrado que es posible el cambio incluso en situaciones aparentemente desesperadas. Las activistas feministas de las Américas son una inspiración para que, en todo el mundo, no dejemos nunca de defender los derechos humanos”, concluyó Erika Guevara Rosas.