La oportunidad de negociar en favor de los derechos de las mujeres afganas no durará mucho

Desde que los talibanes se hicieron con el poder hace siete meses, las mujeres y niñas de Afganistán han desaparecido prácticamente de la vida pública. Eso incluye a la mayoría de los varios millones de niñas que estaban matriculadas en escuelas, las 88.000 mujeres que estudiaban en universidades públicas y privadas, y el sinfín de mujeres a las que se ha prohibido reanudar su actividad laboral en altos cargos de seguridad o como juezas, fiscalas, profesoras o empresarias.

Anteriormente, las mujeres representaban el 36% del personal de medios de comunicación y ocupaban el 28% de los escaños parlamentarios y altos cargos gubernativos de más de la mitad de las 34 provincias afganas. Todas han sido apartadas de sus puestos. Su ausencia pone al descubierto de manera brutal la pérdida de derechos y libertades fundamentales que han sufrido las mujeres y las niñas.

Esta semana, el gobierno británico organiza conjuntamente una cumbre virtual de donantes para recaudar los 3.300 millones de libras esterlinas que, según las Naciones Unidas, se necesitan urgentemente para responder a la acuciante crisis humanitaria de Afganistán. Es fundamental dejar claro durante las negociaciones y debates con los talibanes que los derechos de las mujeres y las niñas no son negociables. Podría ser la última oportunidad que tenemos de conseguir que la mitad de la población no desaparezca de forma permanente.

Las garantías que ofrecieron los talibanes de que esta vez permitirían a las mujeres y niñas ejercer sus derechos “dentro de la ley islámica” se han quedado en palabras huecas. En su lugar, se han apresurado a eliminar a mujeres y niñas de la esfera política y pública para confinarlas en sus casas.

A los pocos días de la toma del poder por los talibanes se dijo a las mujeres que no podían acudir a su trabajo hasta que se hubieran adoptado los “sistemas apropiados para garantizar su seguridad”. Pese a los anuncios posteriores de que las mujeres podían volver a su trabajo, varios factores impiden a muchas hacerlo. Las restricciones de la libertad de circulación recién aprobadas, por ejemplo, obligan a las mujeres a ir acompañadas de un familiar varón, lo que en teoría sólo debería aplicarse a viajes largos o al extranjero pero en la práctica también se aplica a trayectos cortos. Otras restricciones incluyen un código indumentario para las mujeres al usar el transporte público y otros lugares específicos, y ya se han recibido informes sobre mujeres que han sido azotadas por no cumplir la norma.

Las mujeres ya no tienen voz en el gobierno. No sólo han quedado excluidas del gobierno provisional talibán sino que han sido destituidas de gobiernos regionales y altos puestos del funcionariado, y se ha eliminado el Ministerio de Asuntos de la Mujer.

Según los informes recibidos, las mujeres con notoriedad en la esfera pública sufren amenazas, detención, secuestro y falta de protección de manera sistemática. Las mujeres relacionadas con la administración anterior, según estos informes, están entre las que han sufrido la persecución de los talibanes. Banu Negar, exagente de policía a la que mataron en la provincia de Gaur a principios de septiembre de 2021, y Alia Azizi, directora de la prisión para mujeres de Herat, que está en paradero desconocido desde el 2 de octubre de 2021 tras acudir a su trabajo conminada por los talibanes, son dos de ellas.

El 23 de marzo, los talibanes privaron de educación a las niñas al dar marcha atrás en su decisión de volver a abrir las escuelas de enseñanza secundaria para ellas. Nadia, de 17 años y alumna de 12º curso en la provincia de Badajsán, contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Nos quedamos destrozadas. Algunas empezaron a llorar, otras se quedaron calladas. A pesar de que no quería abandonar la escuela, tuve que dirigirme a la puerta de salida. Tener que marchar otra vez de la escuela sin saber si alguna vez podría regresar me rompió el corazón”.

Mujeres que no están dispuestas a aceptar esta nueva realidad han salido a la calle para protestar desafiando la prohibición de manifestaciones y reuniones públicas impuesta por los talibanes. Pero han tenido que pagar un precio muy alto. Las autoridades han recurrido ampliamente al uso de fuerza excesiva contra las manifestantes y, desde hace dos meses, han detenido o sometido a desaparición forzada a al menos 33 mujeres activistas y a sus familiares por protestar públicamente o participar en protestas.

En la ciudad de Mazar-e Sharif, según informes, se llevaron a cabo otras 40 detenciones, entre ellas las de 29 destacadas activistas y sus hijos, cuyo arresto tuvo lugar el 11 de febrero en un refugio para mujeres de Kabul y que permanecieron más de dos semanas bajo custodia. Anteriormente, en enero, Tamana Zaryab Paryani, Parwana Ibrahimkhel, Zahra Mohammadi y Mursal Ayar fueron secuestradas en su casa, su lugar de trabajo o la calle y estuvieron desaparecidas durante 25 días tras participar en manifestaciones en Kabul. Aunque los talibanes negaron toda implicación en sus casos, estos encajan a la perfección con lo empieza a ser un patrón bien definido de represalia e intimidación de mujeres activistas, que incluye tortura según los informes.

Al mismo tiempo se han cancelado servicios fundamentales para mujeres y niñas, incluidas todas las medidas de protección para las sobrevivientes de violencia de género. Tras la toma del poder por los talibanes se han suspendido los sistemas de denuncia de violencia de género, se ha cerrado la red nacional de refugios y ya no se prestan servicios médicos básicos y otros servicios de apoyo. En un país donde los niveles de violencia contra las mujeres están entre los más altos del mundo, esto hace peligrar la vida de millones de mujeres y niñas.

Sin embargo, a pesar de tener tantos factores en su contra, las mujeres de Afganistán continúan luchando. De vez en cuando hay protestas en la calle, aunque con menos participantes, y las mujeres afganas están buscando otros medios para mantener viva su causa. Este año, activistas y grupos de mujeres lanzaron la campaña #StandWithWomenInAfghanistan (#ConLasMujeresDeAfganistán) en redes sociales para pedir a la comunidad internacional que apoye su lucha por la restitución de sus derechos y libertades.

El hecho de que hasta ahora no se hayan hecho valer varias décadas de apoyo para garantizar el respeto de los derechos de las mujeres en Afganistán es inaceptable. La comunidad internacional debe utilizar todos los cauces de presión disponibles para hacer que las autoridades talibanas respeten los derechos de mujeres y niñas, entre ellos su derecho a la educación, al trabajo y a participar en pie de igualdad en la vida política y pública. En cuanto los talibanes tengan acceso a ayuda humanitaria internacional, y si son reconocidos formalmente por la comunidad internacional, apenas quedará margen para negociar en favor del acceso de las niñas a la educación y de que se respeten todos los demás derechos de las mujeres y las niñas. Sería una catástrofe que debemos evitar a toda costa; de lo contrario, la siguiente generación de niñas afganas no nos perdonará jamás.