Turquía: La declaración de culpabilidad de Osman Kavala, un demoledor revés para los derechos humanos

Ante la noticia de que Osman Kavala ha sido declarado culpable de “intentar derrocar al gobierno” y otras siete personas acusadas han sido condenadas a 18 años de prisión por prestarle ayuda, Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

“Hoy hemos presenciado una parodia de la justicia de proporciones superlativas. Esta sentencia asesta un golpe terrible no sólo a Osman Kavala, las personas acusadas junto con él y sus familias, sino también a quienes creen en la justicia y el activismo de derechos humanos dentro y fuera de Turquía.

“La decisión del tribunal es contraria a toda lógica. Las autoridades fiscales han seguido sin presentar una sola prueba que sustente los cargos de intentar derrocar al gobierno. Esta injusta sentencia demuestra que el juicio de Gezi sólo era un intento de acallar las voces independientes.

“Como parte de esta parodia basada en motivos políticos, Osman Kavala ya ha pasado más de cuatro años y medio en reclusión arbitraria por su activismo de la sociedad civil. Seguimos pidiendo que liberen de inmediato a Osman Kavala y a las personas coacusadas mientras se resuelven sus recursos contra estas draconianas sentencias.”

Información complementaria

El Tribunal Penal para Delitos Graves núm. 13 de Estambul ha condenado a Osman Kavala a cadena perpetua agravada. Si los tribunales de apelación no anulan esta sentencia, Osman Kavala pasará el resto de su vida en prisión.

Las otras siete personas coacusadas permanecen en prisión preventiva. Son Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman y Yiğit Ali Ekmekçi.

En febrero, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que vigila el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, remitió a Turquía al Tribunal por la negativa de su gobierno a poner en libertad de inmediato a Osman Kavala como ordenaba el Tribunal en su enérgica sentencia. Turquía es sólo el segundo país que se enfrenta a estos procedimientos de infracción por no aplicar un fallo vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.