Ecuador: Represión de protestas encabezadas por indígenas

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Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador

Correo-e: [email protected]; [email protected]

Dirección: Palacio de Gobierno,

García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo,

170401, Quito

 

Señor Presidente Lasso:

 

Le escribo para expresar mi preocupación por la represión en curso de manifestaciones encabezadas por organizaciones indígenas en Ecuador. Desde el 13 de junio, hemos recibido denuncias alarmantes de detenciones arbitrarias, criminalización y uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, defensores y defensoras de los derechos y periodistas en diferentes provincias. La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha identificado la detención de al menos 36 personas entre el 14 y el 15 de junio en Quito y Cotopaxi en el contexto de las protestas. El gobierno que usted preside también ha emitido declaraciones que estigmatizan a quienes se manifiestan y los amenaza con el enjuiciamiento.

 

En la madrugada del 14 de junio, fuerzas de seguridad detuvieron a Leónidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cerca de Pastocalle, en la provincia de Cotopaxi. Leónidas Iza estuvo recluido en régimen de incomunicación durante varias horas, sin acceso a sus abogados, y fue acusado del delito de “paralización de un servicio público”. Fue puesto en libertad esa noche. Su detención podría haber sido arbitraria, y los procedimientos penales que se siguen contra él podrían constituir criminalización del derecho a protestar.

 

Lo instamos a poner fin con carácter inmediato a la estigmatización, represión y criminalización de protestas pacíficas, a revelar el paradero de todas las personas detenidas y los cargos formulados en su contra, y a poner en libertad a quienes hayan sido detenidos arbitrariamente.

Atentamente,

 

Información complementaria

El 20 de mayo de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones anunciaron que iniciarían protestas masivas el 13 de junio en respuesta a las medidas de austeridad y a la presunta inacción del gobierno de Guillermo Lasso en lo relativo a garantizar sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. También publicaron una agenda con sus principales demandas.

El 11 de junio, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, estigmatizó a los manifestantes ya antes de que hubieran tenido lugar las protestas, afirmando: “La movilización o manifestación anunciada, en la práctica, es una semana de carreteras y pozos petroleros bloqueados, secuestros de policías y militares, saqueos, etc. Lo disfrazarán de lucha social para provocar victimizarse. Quién se beneficia de otra protesta sin límites?”

El 13 de junio, la CONAIE y otras organizaciones indígenas, campesinas, laborales, educativas, estudiantiles, feministas, LGBTI y ambientalistas iniciaron las protestas. Muchas de estas protestas incluyeron bloqueos de vías públicas en diferentes provincias. Desde ese día, organizaciones de derechos humanos de Ecuador han denunciado detenciones arbitrarias, criminalización y uso excesivo de la fuerza, incluido el uso de gas lacrimógeno contra manifestantes, defensores y defensoras de los derechos y periodistas en todo el país, incluido el caso de un estudiante que recibió presuntamente un disparo en una pierna en Quito.

El 14 de junio, a las 0.29 horas de la madrugada, una transmisión en directo mostró cómo agentes con uniformes policiales y militares detenían a Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, cerca de Pastocalle, en la provincia de Cotopaxi, y lo introducían en un vehículo blanco sin distintivos que después abandonó el lugar. Esa misma mañana, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador denunció que los agentes que lo habían detenido no presentaron orden de arresto ni lo informaron de los motivos de la detención, que las autoridades ocultaban su paradero y lo mantenían en régimen de incomunicación, lo que impedía que contactara con sus familiares y abogados, y que las placas distintivas del vehículo (PTR-3246) en el que lo trasladaron no aparecían en las bases de datos disponibles públicamente. Esto podría indicar que su detención fue arbitraria.

A la 1.18 de la madrugada, el presidente Lasso publicó un vídeo en el que acusó a quienes se manifestaban de cometer delitos y amenazó con su enjuiciamiento: “Se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos [...]. No podemos ser víctimas de vándalos que sólo quieren provocar el caos […]. Ahora que hemos empezado a reactivarnos, no podemos parar. Quienes cometan actos vandálicos van a responder ante la justicia y ante el pueblo ecuatoriano”.

A las 3.20 de la madrugada, la Policía Nacional informó de que había detenido a Leónidas Iza en la parroquia de Pastocalle, provincia de Cotopaxi, por “presunción de comisión de delitos”, sin especificar los presuntos actos que había cometido ni los verdaderos cargos formulados en su contra. La Policía Nacional también afirmó que estaba recluido en una “sala de aseguramiento temporal, para audiencia de calificación de flagrancia”.

A las 9.22 de la mañana, la Fiscalía General del Estado informó de que había tenido conocimiento de la detención de Leónidas Iza únicamente a través de las redes sociales, que la Policía Nacional no lo había hecho comparecer ante esa institución, y que tampoco había recibido el parte policial correspondiente para conocer los detalles que habían motivado su detención. Por último, la Fiscalía afirmaba que la fiscal general del Estado había emitido directrices a los fiscales provinciales para que coordinasen acciones y procedimientos con “las autoridades correspondientes” para evitar detenciones ilegales o arbitrarias.

A las 10.47 de la mañana, la Fiscalía General del Estado informó de que había recibido el parte policial de la detención de Leónidas Iza “en flagrancia” (detenido en el instante mismo de estar cometiendo un delito) esa madrugada en la provincia de Cotopaxi, y afirmaba que la institución seguiría los procedimientos correspondientes.

A las 11.37 de la mañana, la Policía Nacional informó de que Leónidas había sido detenido mientras presuntamente “dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la violencia”, y que había entregado el parte policial sobre su detención a la Fiscalía “a primera hora de la mañana”.

El mismo día, los abogados de Iza denunciaron que tanto ellos como su familia desconocían su paradero, pero que información disponible en las redes sociales indicaba que podía haber sido trasladado desde la provincia de Cotopaxi a Quito en un vehículo sin distintivos, y después a una instalación en Latacunga, provincia de Cotopaxi, en un vehículo militar.

Esa noche se celebró la audiencia de calificación de flagrancia de Leónidas Iza ante la Unidad Judicial Especializada de Violencia contra la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar e Infracciones contra la Integridad Sexual y Reproductiva, en la ciudad de Latacunga. El juez falló que su detención fue legal y abrió procedimientos penales en su contra por “paralización de un servicio público”, por su presunta participación en la obstrucción de vías públicas durante las protestas. Esto podría constituir criminalización del derecho a protestar.

La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador ha identificado la detención de al menos 36 personas entre el 14 y el 15 de junio en Quito y Cotopaxi en el contexto de las protestas.

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