Guinea Ecuatorial: La Operación Limpieza pisotea los derechos humanos, no los delitos

“En su lucha contra los delitos cometidos por bandas, las autoridades de Guinea Ecuatorial deben poner fin de manera inmediata a la detención arbitraria e indiscriminada de hombres jóvenes”, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras documentar numerosos testimonios relacionados con este tipo de arrestos.

En respuesta a un presunto incremento del número de delitos cometidos por las bandas juveniles, especialmente un grupo conocido como los “8 Machetes”, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, puso en marcha a principios de mayo un plan nacional —bautizado por las autoridades como Operación Limpieza— para luchar contra estas bandas.

El 9 de mayo de 2022, el vicepresidente Nguema Obiang Mangue aseveró en un vídeo emitido por la televisión nacional que había decidido lanzar la operación para “limpiar” las calles de Guinea Ecuatorial de delincuentes y bandidos, y para enseñar “el buen camino” a los jóvenes que delinquen.

La Operación Limpieza que se ha emprendido en Guinea Ecuatorial es motivo de honda preocupación porque da lugar a violaciones atroces de derechos humanos. Con el pretexto de combatir la delincuencia se detiene de forma arbitraria a personas jóvenes, muchas de las cuales sufren tortura u otros malos tratos, pierden la vida o son sometidas a desaparición forzada.”

Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

“Las autoridades ecuatoguineanas deben poner fin de forma inmediata a esta campaña, que es básicamente un ataque selectivo contra los derechos humanos. Es totalmente posible ocuparse de los casos penales y respetar al mismo tiempo los derechos humanos.”

Detenciones masivas y toques de queda

El plan del gobierno contempla un toque de queda para menores de edad, así como el envío de las personas sospechosas de cometer un delito a prisiones de alta seguridad. Más de 400 jóvenes fueron detenidos en tan sólo una semana en mayo, y, según indica la información disponible, tres meses después había miles de jóvenes arrestados en todo el país. Debido a la falta de pruebas, algunos jueces decidieron conceder la libertad condicional en ciertos casos. Sin embargo, al menos dos de los detenidos murieron en prisión.

Amnistía Internacional habló con familiares de las personas detenidas y recluidas. En muchos casos, dijeron que éstas habían sido maltratadas por las fuerzas de seguridad durante la detención y reclusión.

Rubén, de 21 años y vecino de Campo Yaunde, fue detenido el 20 de mayo junto con un grupo de jóvenes que se había reunido en esa zona de Malabo, la capital. El grupo había sido calificado de delictivo por las autoridades. El 6 de junio, Rubén murió en prisión. La familia recibió su cadáver y un informe médico en el que se indicaba que el joven había padecido dificultad respiratoria y anorexia, entre otros problemas de salud. La familia sostiene que Rubén no tenía ningún problema de salud en el momento de su detención.

El hermano mayor de dos jóvenes detenidos explicó a Amnistía: “El gobierno está reaccionando ante las acciones de una banda delictiva que robaba a la gente, pero se llevan a personas al azar. Algunos son delincuentes, pero otros son sencillamente inocentes; no se investiga. Y no somos los únicos afectados, hay muchas familias en la misma situación en todo el país”.

“Es un delincuente, y lo vamos a meter preso”

Muchas otras personas jóvenes detenidas de forma arbitraria por las fuerzas de seguridad continúan en paradero desconocido y, en general, sus familias apenas reciben información.

Lucas, de 24 años, fue detenido por el Batallón de Intervención Rápida el 8 de mayo cuando se hallaba junto a su novia y otras amistades. Los jóvenes fueron conducidos a la Comisaría Central de Policía de Malabo. Cuando Anita, la novia de Lucas, intentó visitarlo, la policía le dijo que éste era un delincuente y que lo iban a meter en la cárcel.

La familia averiguó por fuentes no oficiales que Lucas podría estar recluido en la prisión de alta seguridad de Black Beach, situada en Malabo, pero nadie ha podido confirmar este dato. La falta de información oficial sobre su suerte o paradero puede hacer que la privación de libertad de Lucas se convierta en una desaparición forzada, que es un crimen de derecho internacional.

Esto es lo que Anita contó a Amnistía Internacional: “Lo único que dicen es que ninguno de los detenidos es inocente y que, si en algún momento se demuestra su inocencia, quedarán en libertad. Lo que le ocurrió a Lucas pasa en todo el país, no sólo en Malabo”.

Santiago, un estudiante de 22 años que fue detenido hace tres meses en el municipio de Bata, aún permanece recluido de forma arbitraria bajo custodia policial. La policía dijo a la familia de Santiago que no había pruebas de que éste fuera un delincuente, pero reclamó el pago de 100.000 francos CFA (unos 150 dólares estadounidenses) para poder liberarlo. La familia no pudo pagar, por lo que Santiago continúa recluido en un lugar desconocido.

“Hay otras historias como la mía. Todas las comisarías de policía están abarrotadas de niños que han sido detenidos. El otro día, cuando fui a una, había más de 400 muchachos”, señaló el padre de Santiago.

Según la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que Guinea Ecuatorial es Parte, las personas detenidas tienen derecho a contactar y acceder a un miembro de su familia u otra persona de su elección. Pocos días antes de la puesta en marcha de la Operación Limpieza, el presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo había asegurado a la población de Guinea Ecuatorial que el plan no menoscababa los derechos humanos y que las organizaciones internacionales de derechos humanos que lo criticaban trataban de desestabilizar el país.

Las autoridades ecuatoguineanas deben brindar de forma urgente información transparente sobre los casos de muerte bajo custodia y de tortura y otros malos tratos. Además, deben garantizar que las personas sospechosas de cometer delitos responden ante la justicia en procesos equitativos ante tribunales civiles ordinarios, y poner en libertad a las que han sido detenidas de forma arbitraria.”

Marta Colomer