Irán: “Los homicidios de manifestantes deben ser investigados urgentemente por un mecanismo internacional de rendición de cuentas”, afirma la secretaria general de Amnistía

Las investigaciones que Amnistía Internacional está llevando a cabo sobre la represión de las protestas populares en Irán han revelado patrones generalizados de uso ilegítimo de la fuerza y violencia despiadada por parte de las fuerzas de seguridad. Entre los actos revelados se encuentran el uso de munición real, perdigones y otros pequeños proyectiles metálicos, brutales palizas a manifestantes y violencia de género, incluida violencia sexual contra las mujeres. En respuesta a la represión cada vez más brutal encubierta por las interrupciones deliberadas de la conexión por Internet o telefonía móvil, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Vemos imágenes de iraníes de todo el país plantando valientemente cara a las fuerzas de seguridad, de mujeres cortándose el pelo y prendiendo fuego a sus pañuelos. Decenas de personas, entre ellas niños y niñas, han sido víctimas de homicidio hasta el momento, y centenares han resultado heridas. Las voces de la valiente población de Irán pidiendo desesperadamente ayuda no deben ser ignoradas”.

Las voces de la valiente población de Irán pidiendo desesperadamente ayuda no deben ser ignoradas.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Las discriminatorias leyes iraníes, las décadas de represión de cualquier forma de disidencia y la impunidad sistémica de los homicidios ilegítimos cometidos durante las protestas y tras los muros de las prisiones han desatado esta ira nacional sin precedentes.”

“Pedimos a toda la población mundial que firme nuestra petición global y reclame medidas contundentes a sus líderes. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe establecer un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas para los crímenes más graves de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes. La población de Irán merece algo más que palabras vacías. La crisis de impunidad sistémica que impera desde hace tiempo en el país debe terminar, y debe terminar ya.”

Las fuerzas de seguridad de Irán han disparado ilegal y deliberadamente munición real, perdigones y otros pequeños proyectiles metálicos para sofocar de forma violenta protestas mayoritariamente pacíficas. Las protestas se han desatado por la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini, de 22 años, el 16 de septiembre, días después de que la “policía de la moral” iraní la detuviera violentamente por no cumplir las leyes discriminatorias que imponen el uso obligatorio del velo.

Amnistía Internacional ha registrado las muertes de decenas de hombres, mujeres, niños y niñas a manos de las fuerzas de seguridad. La organización cree que el número real de víctimas mortales es mayor, y continúa con sus esfuerzos por identificar a las víctimas.

Una persona que estaba presente en las protestas celebradas en la calle Sattar Khan, Teherán, el 25 de septiembre y presenció lo sucedido, contó a Amnistía Internacional: “Las fuerzas de seguridad no mostraron piedad con nadie. Dispararon a la gente, la golpearon con porras y le propinaron puñetazos y patadas”.

Amnistía Internacional ha documentado agresiones sexuales y otros tipos de violencia de género por parte de las fuerzas de seguridad: por ejemplo, agarrar con fuerza a mujeres por los pechos y tirarles violentamente del pelo por quitarse el pañuelo.

La organización también está investigando las detenciones masivas llevadas a cabo por las autoridades contra manifestantes y transeúntes, periodistas, activistas políticos, profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos —incluyendo activistas de los derechos de las mujeres— y personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios oprimidos.

Se han recibido informes que indican que algunas personas que se manifestaban han llevado a cabo actos de violencia. La organización subraya que el uso de la violencia por parte que un pequeño grupo de personas no justifica el uso de fuerza letal contra gente que no supone una amenaza inminente de muerte o lesiones graves para los miembros de las fuerzas de seguridad u otras personas. Según el derecho y las normas internacionales, aunque algunas personas realicen actos violentos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben garantizar que quienes siguen actuando pacíficamente pueden continuar con su protesta sin interferencias indebidas o intimidación de las fuerzas de seguridad.