Burundi: Abogado recluido arbitrariamente desde hace casi dos años

El 29 de septiembre de 2022 se cumplió un año de la confirmación por el Tribunal de Apelación de Ngozi de la sentencia condenatoria y la pena de cinco años de prisión impuesta al abogado burundés Tony Germain Nkina. Detenido el 13 de octubre de 2020, fue acusado de poner en peligro la seguridad internacional del Estado y declarado culpable el 15 de junio de 2021 de “colaboración con rebeldes que atacaron Burundi”. No obstante, las pruebas presentadas en su contra indican que su procesamiento está motivado por su labor previa de derechos humanos. La vista de su apelación contra el fallo del Tribunal de Apelación de Ngozi está prevista para el 7 de octubre. Amnistía Internacional sigue pidiendo la liberación inmediata e incondicional de Tony Germain Nkina.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Evariste Ndayishimiye
Presidente de la República

President of the Republic

Bujumbura, Burundi

Tel: +257 22 22 60 63

Correo-e: [email protected]

Twitter: @NtareHouse/ @GeneralNeva

Señor Presidente:

Siento consternación ante la continuidad de la detención ilegítima del abogado de derechos humanos Tony Germain Nkina, cuya sentencia condenatoria por cargos falsos fue confirmada por el Tribunal de Apelación de Ngozi hace un año, el 29 de septiembre de 2021. Apeló contra este fallo a través del procedimiento de casación del Tribunal Supremo. La vista ante al Tribunal Supremo está prevista para el 7 de octubre de 2022. Tony Germain Nkina fue condenado a cinco años de prisión por el Tribunal de Kayanza el 15 de junio de 2021 y a una multa de un millón de francos burundeses (500 dólares de EE. UU.).

Fue detenido el 13 de octubre de 2020 en la provincia de Kayanza, en el norte de Burundi, y acusado de colaborar con un grupo armado de oposición, RED-Tabara, mientras visitaba a un cliente en la comuna de Kabarore para asesorarlo sobre un conflicto de tierras. Continúa recluido en la prisión de Ngozi, en el norte de Burundi.

Durante la vista de apelación, la fiscalía siguió sin fundamentar las acusaciones de que Tony Germain Nkina estaba de algún modo relacionado con RED-Tabara y sin aportar ningún testimonio que sustanciara el caso contra él.

En una declaración conjunta emitida el 8 de octubre de 2021, Amnistía Internacional y otras cinco organizaciones de derechos humanos denunciaron el fallo del Tribunal de Apelación y señalaron que Burundi continúa en la triste senda de reducir el espacio de la sociedad civil a pesar de las múltiples promesas formuladas por usted desde su toma de posesión en junio de 2020 de un cambio positivo en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos.

Le pido que se asegure de que Tony Germain Nkina es puesto en libertad inmediata y sin condiciones y de que se retiran inmediatamente todos los cargos en su contra. Hasta que sea puesto en libertad, lo insto a que garantice su acceso pleno a sus abogados y familiares y su protección frente a la tortura y otros malos tratos.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Tony Germain Nkina trabajó con APRODH, una de las organizaciones de derechos humanos más activas y reputadas de Burundi, hasta que el gobierno la cerró en 2015. Su enjuiciamiento y su detención ilegítima se basan en la acusación infundada de que colaboró con l grupo armado de oposición RED-Tabara (Resistencia por un Estado de Derecho en Burundi). Desde la crisis de 2015 en Burundi, que tuvo lugar tras la decisión del presidente Pierre Nkurunziza de presentarse a un tercer mandato, el gobierno ha acusado a RED-Tabara de ser responsable de una serie de ataques armados en todo el país, incluidos los que tuvieron lugar en la provincia de Kayanza a principios de octubre de 2020.

Las organizaciones de la sociedad civil y las entidades de medios de comunicación de Burundi fueron algunos de los primeros objetivos de la represión del gobierno en 2015. El gobierno suspendió o cerró la mayoría de las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación independientes y les obligó a exiliarse. A pesar de algunos acercamientos del presidente Ndayishimiye a los medios de comunicación en 2021, el gobierno burundés sigue viendo con recelo el trabajo de derechos humanos, y continúan vigentes graves restricciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión.

La mayoría de las organizaciones de derechos humanos independientes no han podido reanudar sus actividades en Burundi, especialmente porque las autoridades burundesas han dictado órdenes de arresto contra muchos de sus destacados activistas en el exilio. Un total de 12 personas defensoras de los derechos y periodistas figuraban en un grupo de 34 personas condenadas a cadena perpetua in absentia en junio de 2020 por acusación de implicación en un intento de golpe de Estado en mayo de 2015; la sentencia del Tribunal Supremo no se hizo pública hasta febrero de 2021.

La detención o reclusión como castigo por el ejercicio pacífico de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, es arbitraria y viola lo dispuesto en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos en los que Burundi es Estado parte. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria ha determinado que las personas detenidas únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos deben quedar en libertad de inmediato.