Américas: Seguimiento por militares a organizaciones de la sociedad civil demuestra el deterioro del respeto a los derechos humanos

Las filtraciones conseguidas por el colectivo Guacayama de varios servidores de las Fuerzas Armadas de diferentes países de la región ha mostrado un monitoreo de las actividades de organizaciones de la sociedad civil, incluida Amnistía Internacional, por parte de los ejércitos, por ahora, de México y Perú, evidenciando el deterioro del respeto a los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.

“El monitoreo indebido contra organizaciones de la sociedad civil identificado en las filtraciones del colectivo Guacamaya es una muestra del contexto hostil en el que trabajamos las organizaciones que defendemos los derechos humanos en las Américas. Si los ejércitos de países como México y Perú han monitoreado indebidamente nuestro trabajo, para menoscabar la defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, nos alarman aun más los ataques a los que pueden ser sujetas nuestras organizaciones hermanas y las personas defensoras de derechos humanos en toda la región”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“En vez de monitorear las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, los ejércitos y demás autoridades de la región deberían de garantizar un entorno propicio para la defensa de derechos y reconocer el importante rol que desempeñan las personas defensoras de los derechos humanos. Los monitoreos revelados son inadmisibles. Desde Amnistía Internacional los condenamos enérgicamente y exigimos el total esclarecimiento de esas acciones”.

El monitoreo indebido contra organizaciones de la sociedad civil identificado en las filtraciones del colectivo Guacamaya es una muestra del contexto hostil en el que trabajamos las organizaciones que defendemos los derechos humanos en las Américas

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En México, el medio Proceso ha publicado un documento de la Secretaria de Defensa Nacional con múltiples referencias a las observaciones de Amnistía Internacional con respecto a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Entre las recomendaciones del documento, se propone “soslayar la participación de Amnistía Internacional” en una visita de los padres y madres de los estudiantes al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Asimismo, hacen referencia a las declaraciones emitidas por Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en relación con las deficiencias en la investigación sobre la posible responsabilidad de las fuerzas armadas en la desaparición forzada de los estudiantes, denotando el monitoreo realizado con el fin de encubrir la ya desmantelada “verdad histórica”.

De acuerdo con el medio peruano La Encerrona, Amnistía Internacional, junto a organizaciones aliadas de Perú como IDL, Derechos Humanos sin Fronteras y CooperAcción, fueron mencionadas también en documentos filtrados del Ejército de Perú, donde se vinculan sus actividades en defensa de los derechos humanos con la conflictividad social en Cusco y Apurímac. Amnistía Internacional no ha accedido a los documentos completos, pero considera que el Estado debe proteger la defensa de los derechos humanos y garantizarla. Amnistía Internacional ha documentado reiteradamente cómo las organizaciones defensoras de derechos humanos en Perú trabajan en contextos hostiles, donde la estigmatización y criminalización son una constante.