Ecuador: Otro Estado se suma a la tendencia regional de discriminación y desprotección hacia mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género

Ecuador se suma a países como Colombia y Perú en la doble desprotección de mujeres venezolanas refugiadas sobrevivientes de violencia basada en género, indicando una lamentable tendencia regional que debe ser revertida con urgencia, dijo Amnistía Internacional hoy al publicar un nuevo informe. Desprotegidas en Ecuador: Mujeres venezolanas refugiadas y sobrevivientes de violencia basada en género revela cómo también en Ecuador estas mujeres enfrentan violencias omnipresentes y un Estado incapaz de garantizar, proteger y respetar su derecho a una vida libre de violencia.

“Resulta preocupante constatar que Ecuador, como Estado, acompaña a Colombia y Perú en su inaceptable trato a las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género. Siendo el tercer país receptor de personas que huyen de las masivas violaciones de derechos humanos que se cometen en Venezuela, el Estado ecuatoriano debe atender y revertir de manera urgente la situación de desprotección de las mujeres venezolanas,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Con 502.214 personas en el país a agosto de 2022, Ecuador se sitúa solo detrás de Colombia y Perú como mayor país receptor de personas refugiadas venezolanas, habiendo recibido estos países 2.5 y 1.5 millones de personas venezolanas respectivamente. El total global aumenta regularmente y ya supera los 7.1 millones de personas, mientras que siguen aumentando el número de países que restringen su entrada y la protección, como en el caso de Estados Unidos.

En Ecuador, las mujeres y niñas representan aproximadamente la mitad de ese medio millón de personas y, en su mayoría, se encuentran en una situación migratoria irregular. Amnistía Internacional considera que las personas venezolanas que abandonaron su país por violaciones masivas de derechos humanos tienen necesidades de protección internacional y deben ser reconocidas como personas refugiadas. Independientemente de su condición migratoria actual en el país, la organización se refiere a ellas como mujeres refugiadas.

Resulta preocupante constatar que Ecuador, como Estado, acompaña a Colombia y Perú en su inaceptable trato a las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia basada en género

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

La investigación constató que el Estado ecuatoriano no está garantizando los derechos de las mujeres venezolanas a solicitar protección como refugiadas, ni a una vida libre de violencia. Con relación a la protección como refugiadas, las autoridades ecuatorianas no están garantizando el derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de persona refugiada a las mujeres venezolanas. A pesar de contar con la definición de persona refugiada de la Declaración de Cartagena de 1984 en el artículo 98 de su Ley Orgánica de Movilidad Humana, las autoridades ecuatorianas raramente aplican esta definición. Entre 2018 y 2022, tan sólo 555 mujeres fueron reconocidas formalmente como refugiadas y algunas mujeres reportaron que las autoridades les disuadieron de solicitar protección internacional. Con serios obstáculos para acceder a los mecanismos alternativos de regularización migratoria existentes, las mujeres venezolanas quedan en situaciones de mayor riesgo de sufrir violencia y discriminación por su condición migratoria irregular.

En cuanto a la falta de garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres venezolanas, el informe resalta que la violencia basada en género es una problemática sistémica y prevalente en Ecuador: dos de cada tres mujeres sufren algún tipo de violencia basada en género durante el transcurso de su vida. En este contexto, las mujeres venezolanas refugiadas están en aún más riesgo de enfrentar violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, gineco-obstétrica y cibernética en espacios públicos y privados, en su ruta migratoria y su lugar de destino. Esta vulnerabilidad a la violencia se exacerba para aquellas mujeres en situación migratoria irregular, como es el caso de la mayoría de las mujeres venezolanas en Ecuador, muchas de las cuales temen reportar violencia de genero por miedo a ser expulsadas del país o multadas.

Amnistía Internacional identificó problemas estructurales tanto en los servicios de instituciones de primera línea que permitan identificar y responder a casos de violencia basada en género, como en el sistema de la administración de la justicia en Ecuador. Los estereotipos y discriminación de género y xenofobia contra mujeres venezolanas, la falta de recursos, y la falta de institucionalización de buenas prácticas contribuyen a la falta de acceso a mecanismos de protección y al sistema de justicia. Todos estos factores hacen que el acceso a la justicia y reparación para las mujeres venezolanas sea una utopía en la práctica, violentando su derecho a una vida libre de violencia.

“Más de 7.1 millones de personas han huido de una crisis sin precedentes en Venezuela en los últimos años. Ecuador, Colombia, Perú y los demás países que reciben a personas venezolanas en búsqueda de protección internacional les deben una respuesta coordinada, urgente y garantista de los derechos humanos. Las niñas y mujeres, particularmente las sobrevivientes de violencia basada en género, deben ser siempre una prioridad de protección de todos los Estados y así lo seguiremos reclamando,” dijo Erika Guevara Rosas.

Los hallazgos del informe se basan en una labor de investigación realizada entre los meses de junio y septiembre de 2022, incluido trabajo de campo en las ciudades de Huaquillas, Machala y Quito entre agosto y septiembre. Un total de 99 personas fueron entrevistadas para esta investigación, incluyendo 63 mujeres sobrevivientes de violencia basada en género, 19 representantes de organizaciones de sociedad civil, siete de organizaciones internacionales y 10 de entidades de gobierno. Adicionalmente, Amnistía Internacional realizó 10 solicitudes de acceso a la información pública y revisó exhaustivamente la legislación vigente, políticas públicas, literatura existente y reportes de prensa en la materia.