Sierra Leona: Ningún diamante vale lo que la vida de una comunidad

El gobierno de Sierra Leona debe continuar garantizando que los derechos humanos de las personas que viven cerca de la mina de diamantes explotada por la empresa Meya Mining en el distrito oriental de Kono estén protegidos, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización también ha instado a Meya Mining a que cumpla con su compromiso de responder a las preocupaciones de la comunidad. 

Entre 2018 y 2021, delegaciones de Amnistía Internacional realizaron labores de investigación en el distrito de Kono sobre el impacto de las actividades extractivas de Meya Mining. En la investigación salieron a la luz varios motivos de preocupación: contaminación del agua en los pozos excavados por Meya Mining, peligros para las comunidades que viven en las cercanías de la mina y otras violaciones de los derechos sociales y económicos de la población local. 

Amnistía Internacional planteó estas preocupaciones a las autoridades de Sierra Leona y a la empresa Meya Mining, que respondió a la organización en agosto de 2022 señalando las medidas que ha tomado para consultar a las comunidades vecinas y evitar cualquier impacto perjudicial de sus operaciones extractivas, como la contaminación del agua. Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha recibido ninguna respuesta sustancial por parte de las autoridades sierraleonesas. 

Las autoridades deben garantizar que todos los problemas planteados ya han sido abordados. Aunque el 9 de agosto el Parlamento de Sierra Leona aprobó la Ley de Desarrollo de Minas y Minerales de 2022, cuyo objetivo es mejorar el bienestar de las comunidades afectadas por futuras explotaciones mineras, el gobierno del país debe garantizar que todas las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados por cualquier empresa minera tienen acceso a la justicia, a un mecanismo que les facilite un recurso efectivo y a una reparación”. 

Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central

En 2018, Amnistía Internacional empezó a investigar la actividad minera en el distrito de Kono. En los testimonios recogidos por la organización, muchas personas residentes en la zona afirmaron que no habían participado en ninguna consulta genuina antes del inicio de las operaciones mineras. Amnistía Internacional recuerda que las normas internacionales de derechos humanos, incluidos los Principios rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, establecen claramente que las comunidades deben dar su consentimiento previo a cualquier forma de explotación de recursos en sus tierras ancestrales, así como recibir los beneficios correspondientes. 

“Ahora todo ha desaparecido” 

“El lugar en el que se encuentra la planta de Meya Mining era un humedal. Allí teníamos una plantación. Ahora todo ha desaparecido. Antes sobrevivía gracias a mi plantación; de allí sacaba comida y dinero para pagar la escuela de mis hijos […] Sus actividades no nos proporcionan ningún beneficio. Me dieron sólo 98 dólares por el terreno en el humedal y la plantación […]”, declaró una mujer de la comunidad de Simbakoro. 

En 2019, Amnistía Internacional también tomó muestras de agua en dos depósitos construidos por Meya Mining en la comunidad de Koaquima. Las pruebas revelaron una alta concentración de nitratos en ambas muestras: 110 mg/l en la primera y 120 mg/l en la segunda, es decir, valores muy superiores a los niveles seguros (50 miligramos por litro) recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 

En ese momento, la población de la comunidad se quejaba sobre el pozo de Meya Mining: “No podemos beber el agua de pozo que Meya nos ha proporcionado. Tiene spirogyra [un alga]. La puedes ver en el agua. Es venenosa. Utilizamos el agua para lavar y para cocinar porque tiene sabor, es salada”, afirmó un residente de la comunidad de Kaoquima, situada en una zona donde opera Meya Mining. 

Meya Mining confirmó que también había comprobado el agua de los pozos ese mismo año y no discutió el elevado nivel de nitratos del agua en esta ocasión. 

Obligados a refugiarse de las explosiones 

La empresa notifica a las comunidades que va a haber explosiones en las minas antes de que éstas se produzcan. Según explican los habitantes de la zona, antes de que comiencen las explosiones se ven obligados a evacuar sus hogares para refugiarse en las diferentes estructuras construidas por la empresa hasta que las voladuras terminan. 

En la comunidad de Simbakoro, en el momento en que Amnistía realizaba su investigación, la estructura de madera y lona construida por Meya Mining donde los habitantes se refugiaban estaba llena de agujeros y en mal estado. Además no tenía cabida para más de 300 personas, cuando la comunidad tiene más de 2.000 miembros. Las personas residentes en Simbakoro no se sentían seguras en ella cuando se producían las explosiones. Como dijo una de ellas: “El refugio no es seguro por dos razones. No es apto para que lo usen seres humanos. Es como una porqueriza, un lugar para animales”. 

A Amnistía Internacional también le preocupa que no se hayan tomado suficientes medidas para garantizar que los yacimientos mineros sean seguros, pese a su cercanía con respecto a las comunidades locales, donde hay niños y niñas. 

Qué dice Meya Mining 

La respuesta de Meya Mining a las preocupaciones planteadas por Amnistía Internacional fue que la empresa había tomado medidas para mitigar algunos de los impactos de la extracción de diamantes. 

Según la respuesta recibida por Amnistía Internacional en agosto de 2022, se construirían vallas en torno al emplazamiento minero para aumentar la seguridad de los residentes. Continuando con la seguridad, se construiría un refugio permanente para las explosiones en sustitución del provisional cuyas deficiencias había puesto de manifiesto la investigación de Amnistía Internacional. 

La empresa afirmó también que había puesto en marcha sistemas de filtración y purificación para reducir el nivel de nitratos en los pozos. Meya Mining argumentó asimismo que se habían realizado suficientes consultas con la comunidad local, y notificó a Amnistía Internacional que se había llevado a cabo una evaluación del impacto socioambiental para mitigar mejor los impactos sociales y ambientales sobre las comunidades locales. 

Si bien Amnistía Internacional se congratula del compromiso y las nuevas medidas de Meya Mining para mejorar los derechos de la comunidad, anima a las autoridades de Sierra Leona y a la empresa minera a que hagan todo lo posible, junto con las comunidades locales, para aliviar el sufrimiento de éstas por las actividades de la mina, garantizando que los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos se aplican siempre”. 

Samira Daoud

Información complementaria 

El 19 de julio de 2019, el gobierno de Sierra Leona concedió a Meya Mining, empresa de extracción de diamantes de la que Sierra Leone-incorporated Germinate (SL) Limited posee un 35% y Namibian-incorporated Trustco Group Holdings el 65% restante, una licencia para extraer alrededor de 850 millones de dólares estadounidense en diamantes a lo largo de un periodo de 25 años. 

Durante la investigación, Amnistía Internacional entrevistó a 128 personas de nueve comunidades afectadas por las actividades de Meya Mining. La organización también habló con las autoridades nacionales y locales, así como con altos cargos de Meya Mining. 

La organización ha escrito dos veces al gobierno —en agosto de 2019 y febrero de 2022— para plantear motivos de preocupación en relación con el impacto sobre los derechos humanos de las actividades de Meya Mining. En julio de 2022, también contactamos con Meya Mining y le dimos la oportunidad de responder a las conclusiones de Amnistía Internacional sobre su actividad. 

El 2 de marzo de 2022, Meya Mining recibió un requerimiento del primer secretario permanente del Ministerio de Minas y Recursos Minerales de Sierra Leona sobre las preocupaciones planteadas por Amnistía Internacional.