Chile:Justicia para una víctima de tortura en peligro

En octubre de 2019, Moisés Órdenes fue atacado por carabineros (policías chilenos) mientras se manifestaba pacíficamente. Tres años después de aquello, el 5 de diciembre de 2022, la fiscal de la Región Metropolitana Oriente de Santiago, encargada de la investigación del caso, decidió archivar la investigación sobre 7 de los 13 agentes acusados del ataque. La familia y los abogados de Moisés afirman que han quedado indagaciones sin realizar y que la investigación dista de ser exhaustiva. Pedimos a la fiscal de la Región Metropolitana Oriente de Santiago que reabra la investigación sobre esos siete agentes y que garantice el derecho de Moisés Órdenes a la justicia.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Lorena Parra, Fiscal Regional Metropolitana Oriente

Los Militares N°5550,

Comuna de Las Condes

Santiago, Chile

Correo-e: [email protected]

Señora Fiscal Lorena Parra:

Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por el riesgo de que los actos de tortura sufridos por Moisés Órdenes a manos de agentes de los carabineros queden impunes.

La decisión de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente encargada de este caso de archivar la investigación sobre siete carabineros inicialmente acusados de tortura, obstrucción a la justicia y ocultación en un caso de graves violaciones de derechos humanos es prematura, considerando que aún no se han llevado a cabo importantes acciones investigativas solicitadas por los abogados de Moisés, y también es contraria a la obligación internacional contraída por Chile de investigar exhaustivamente y castigar los actos de tortura.

Además, las demoras de los carabineros a la hora de cerrar sus investigaciones internas crean un entorno hostil para el proceso judicial y son contrarias a las garantías de no repetición.

Le pido que garantice que la investigación sobre las violaciones de derechos humanos sufridas por Moisés Órdenes se reabre y se lleva a cabo de manera exhaustiva, independiente y oportuna. Moisés debe ver garantizado su derecho a la justicia, la verdad y la reparación, y todos los policías sospechosos de ser penalmente responsables de sus lesiones deben rendir cuentas en juicios justos.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

A mediados de octubre de 2019, millones de personas salieron a las calles en todo Chile para reclamar igualdad y derechos sociales y económicos, incluidas pensiones decentes, vivienda, educación pública de calidad y atención médica. El presidente Sebastián Piñera respondió emitiendo un decreto de estado de emergencia y desplegando el ejército y la policía (los carabineros) para reprimir las protestas. Amnistía Internacional envió al país un equipo de crisis y documentó violaciones de derechos humanos e incluso crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad.

En el informe sobre el año que duró su investigación (Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social), Amnistía Internacional expuso 12 casos emblemáticos de muerte, tortura y lesiones causadas por carabineros entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre, incluidos los actos de tortura presuntamente sufridos por Moisés Órdenes. El informe concluyó que se sospechaba la responsabilidad de los mandos de los carabineros por las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante su turno.

El lunes 21 de octubre de 2019, hacia las 20:40, Moisés Órdenes, de 55 años, se manifestaba pacíficamente en la zona de Plaza Ñuñoa, comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Moisés “caceroleaba” con un sartén y una cuchara de palo y grababa con su teléfono mientras las manifestaciones que habían transcurrido durante toda la tarde se dispersaban.

De repente, y sin que mediara provocación, un grupo de agentes de las Fuerzas Especiales (FFEE) empezaron a agredirlo violentamente, primero con un empujón y luego golpeándolo con porras antidisturbios. Le propinaron una violenta patada en la espalda que le hizo caer y golpearse la cara contra el suelo.

Los agentes continuaron golpeándolo con los puños, los pies y porras en la cara, la cabeza y el resto del cuerpo mientras estaba en el suelo; estos hechos fueron retransmitidos en directo por las cámaras de los informativos del canal Chilevisión. Cuando consiguió ponerse en pie, con el rostro sangrando profusamente, los agentes lo detuvieron y lo metieron en un vehículo policial.

Hacia las 21:40, Moisés fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital del Salvador, donde se certificaron las siguientes lesiones: politraumatismo, con “a. trauma ocular cerrado izquierdo grave; b. trauma torácico cerrado izquierdo contuso; c. fractura dental incisivo central izquierdo; d. luxación anterior de hombro izquierdo reducida; e. fractura nasal izquierda conminuta no desplazada; i. fracturas costales múltiples (9 - 10 - 11) y neumotórax izquierdo leve”. En aquella ocasión, Moisés pasó nueve días ingresado en el Hospital del Salvador. El 20 de noviembre tuvo que ser ingresado de nuevo a causa de una perforación pulmonar. Fue dado de alta finalmente el 10 de diciembre. A consecuencia de la paliza, perdió el ojo izquierdo y tuvo desprendimiento de retina en el ojo derecho, además de lesiones en el cuerpo.

Basándose en su investigación inicial, la fiscalía identificó a 13 agentes que habían participado en el incidente; de ellos, cuatro fueron acusados formalmente de delitos de tortura con lesiones gravísimas, cinco fueron acusados de haber torturado activamente a Moisés y ocho de haber permitido que la tortura ocurriera sin hacer nada para detenerla. El oficial a cargo del operativo era el teniente de la 28ª Comisaría de Fuerzas Especiales, jefe de la Sección 2 (FF33 43-02), y es uno de los que golpearon a Moisés. De los 13 agentes acusados de tortura, 11 también fueron acusados de falsificación de instrumento público, por la información falsa que consignaron en el parte de denuncia y en sus declaraciones en durante el proceso administrativo, y fueron acusados también de obstrucción a la investigación, por su falta de cooperación durante la investigación y sus declaraciones contradictorias.

El 1 de diciembre de 2022, la fiscalía anunció su decisión de continuar con su investigación sobre siete de estos agentes. El 5 de diciembre, la fiscalía adjunta de la Región Metropolitana Oriente (sumamente compleja y con actividad de crimen organizado) anunció su decisión de abandonar su investigación sobre estos siete agentes, a pesar de las aseveraciones de la familia y los abogados de que no se habían llevado a cabo acciones investigativas que habían solicitado formalmente.