Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua hace un recuento de la crisis de derechos humanos que ha sufrido el país desde que el pueblo salió a las calles a protestar pacíficamente contra reformas al sistema de seguridad social el 18 de abril de 2018

Después de cinco años, lejos de cesar, la política de represión del gobierno nicaragüense para contener las voces disidentes y cualquier tipo de crítica continúa acrecentándose, reinventándose e incorporando nuevos patrones de violaciones, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe hoy. 

Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua hace un recuento de la crisis de derechos humanos que ha sufrido el país desde que el pueblo salió a las calles a protestar pacíficamente contra reformas al sistema de seguridad social el 18 de abril de 2018. La represión brutal fue la herramienta que el presidente Daniel Ortega decidió utilizar para gestionar aquel descontento social, el cual dejó un saldo de más de 300 muertos, más de 2000 personas heridas y cientos de detenciones arbitrarias.

“A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe explica las principales tácticas —el uso excesivo de la fuerza, el uso de leyes penales para criminalizar injustamente activistas y disidentes , los ataques contra la sociedad civil y el exilio forzado— que el gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha utilizado para lograr el cierre gradual del espacio cívico, silenciar a las personas defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas y cualquier voz disidente o crítica al gobierno, y operar sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas. La implementación de estos métodos ha provocado un amplio abanico de violaciones a derechos humanos, entre ellas la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, y la privación arbitraria de la nacionalidad.

De acuerdo con la información recabada por Amnistía Internacional, el uso excesivo de la fuerza ha sido ejercido por las fuerzas policiales, en muchas ocasiones en coordinación con grupos parapoliciales, quienes han sido los responsables de miles de detenciones arbitrarias en diferentes momentos, a lo largo de estos cinco años. Estos cuerpos represivos se han caracterizado además por el uso de armas letales en contextos no autorizados por el derecho internacional, lo que ha causado la muerte de cientos de personas, algunas de las cuales ya han sido calificadas por órganos de control de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, un crimen del derecho internacional.

A través de la información brindada por organizaciones de sociedad civil nicaragüenses y la documentación directa de casos en diferentes épocas entre 2018 y 2023, Amnistía Internacional ha logrado confirmar la cooptación del sistema judicial, el cual, en colaboración con otras autoridades nacionales, ha desarrollado juicios injustos en contra de personas por el mero hecho de ser consideradas críticas al gobierno. En los casos documentados en el informe se verificó cómo el gobierno ha utilizado el proceso penal como una herramienta de control y represión contra personas consideradas disidentes u opositoras. Esta instrumentalización del proceso penal ha llevado a la encarcelación de cientos de personas sólo por ejercer su derecho a la liberta de reunión pacifica, denunciar los abusos cometidos por las autoridades y defender y promover los derechos humanos en Nicaragua.

A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

La organización también hace un recuento de los actos de hostigamiento y represión que el gobierno nicaragüense ha realizado contra las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Durante el último quinquenio el gobierno ha creado una serie de leyes para restringir la libertad de asociación y expresión y ha sometido a las organizaciones de derechos humanos y los medios a campañas de desprestigio, intervenciones ilegítimas en sus operaciones y la criminalización injusta de sus miembros.

Uno de los métodos más frecuentes que el gobierno nicaragüense ha utilizado para reprimir a estos actores ha sido la cancelación de sus personerías jurídicas, la irrupción en sus instalaciones y la incautación de sus propiedades, limitando severamente su capacidad de actuar. Además, las personas defensoras de derechos humanos, activistas de diversa índole y periodistas han sufrido acoso, amenazas e incluso ataques a su integridad física. Muchos han tenido que huir del país o han decidido cesar su trabajo temporalmente por temor a su seguridad. 

El informe cuenta también cómo la inestabilidad social y económica que ha generado la represión sin tregua y la crisis de derechos humanos en la que Nicaragua se encuentra ahogada desde 2018, ha provocado la salida forzada del país de miles de personas. Amnistía Internacional explica que, en el caso nicaragüense, las personas que han sufrido desplazamiento forzado en los últimos cinco años deben gozar de una protección internacional.

Finalmente, el informe aborda la privación arbitraria de nacionalidad de la que han sido víctimas más de 300 personas, muchas de las cuales quedaron en situación de apatridia, un estatus que las coloca en un mayor nivel de indefensión y con serios obstáculos para ejercer otros derechos como el de la salud, la educación y un empleo decente. Ante este escenario Amnistía Internacional recuerda a la comunidad internacional sobre la responsabilidad compartida de ofrecer protección a estas personas.

“A cinco años de su inicio, la crisis de derechos humanos en Nicaragua se sostiene por la pérdida del Estado de Derecho, la aprobación de reformas normativas que han afectado la independencia del poder judicial y el cierre al escrutinio de mecanismos de control de derechos humanos, tanto regionales como universales”, dijo Erika Guevara Rosas.

“Hoy más que nunca la comunidad internacional debe seguir actuando de manera articulada y contundente. Pero no sólo al momento de reconocer y condenar la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo bajo el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murilo, sino también en la manera en la que se promueven y garantizan los derechos de justicia, verdad y reparación para las miles de víctimas que ha cobrado —y sigue cobrando— una política muy represiva que aplasta los derechos humanos”.