Malí: Los autores de la masacre de Moura deben ser procesados y juzgados por un tribunal competente

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la publicación, el 12 de mayo, de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) sobre la operación militar conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas malienses y miembros del grupo Wagner (empresa militar privada) en la localidad de Moura (Círculo de Djenné, región de Moptí) del 27 al 31 de marzo de 2022.

El informe concluye que las fuerzas armadas malienses y sus aliados extranjeros ejecutaron ilegalmente a 500 o más personas durante el asedio a la localidad de Moura entre el 27 y el 31 de marzo de 2022. También documenta los casos de 58 mujeres y niñas que sufrieron violencia sexual a manos del personal militar maliense. El informe se basa en 157 entrevistas individuales efectuadas a lo largo de siete meses —del 1 de abril al 30 de octubre de 2022— a sobrevivientes del ataque, incluidas víctimas de violencia sexual y personas a quienes las fuerzas armadas ordenaron enterrar los cadáveres en fosas comunes.

El 13 de mayo de 2022, las autoridades malienses condenaron el informe, afirmando que “ninguna persona civil perdió la vida durante la operación aérea en Moura”. También anunciaron la apertura de un expediente sobre la visita de investigación de la OACNUDH, por espionaje, violación de la seguridad nacional y conspiración extranjera.

Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central, ha manifestado: “Según el informe de la OACNUDH, los actos cometidos en Moura podrían constituir crímenes de derecho internacional. Aunque la OACNUDH señala que el 27 de marzo de 2022, día de la feria, había en Moura unos treinta combatientes del grupo armado Katiba Macina, su presencia no justifica en modo alguno las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones sexuales y los saqueos cometidos por las fuerzas armadas contra la población residente y los comerciantes que se vieron atrapados en el asedio”.

El informe de la OACNUDH es un paso crucial para poner en claro las atrocidades cometidas en Moura y debe contribuir al derecho de las víctimas a la justicia. El 6 de abril de 2022, Amnistía Internacional condenó los crímenes cometidos por los soldados y sus aliados y subrayó la necesidad de llevar a cabo investigaciones judiciales detalladas e independientes sobre los incidentes de Moura.

Ese mismo día, los tribunales militares anunciaron la apertura de una investigación sobre los hechos, aunque desde entonces no se ha facilitado información pública alguna sobre los avances del proceso. En el informe Crimes without convictions, publicado el 13 de abril de 2022, Amnistía Internacional indicó que casi todos los procesos en curso relativos a los abusos cometidos por soldados durante el conflicto habían quedado estancados, sin avanzar ni llegar nunca a juicio. Amnistía Internacional condenó también que los tribunales militares tuvieran jurisdicción para juzgar delitos contra civiles, en violación de las normas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.

Dada la gravedad de los crímenes cometidos, Amnistía Internacional insta a las autoridades a que inicien procedimientos judiciales independientes e imparciales ante los tribunales de derecho común en relación con los crímenes cometidos en Moura y hace notar a la Corte Penal Internacional —que tiene abierta una investigación sobre la situación en Malí— los hechos sucedidos en Moura, donde se produjo el mayor número de muertes civiles desde el inicio del conflicto en 2012.

Condenamos la impunidad que reina en Malí y la violencia que las partes enfrentadas siguen ejerciendo sobre la población civil, en particular en el centro del país. Las partes en conflicto —el ejército maliense y sus aliados, así como los grupos armados— tienen la obligación de cumplir el derecho internacional humanitario. Están absolutamente prohibidos los crímenes contra la población civil, tales como ejecuciones extrajudiciales, violaciones y otros actos de violencia sexual.

Samira Daoud, directora regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central