Nuevo informe de AI revela que millones de venezolanos se encuentran desprotegidos en Colombia, Perú, Ecuador y Chile

Al margen del nuevo informe de Amnistía Internacional llamado “Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas”, El Pitazo, un medio venezolano, entrevistó a Ana Piquer, directora de AI para las Américas, con el fin de ampliar el panorama con respecto al trato que reciben los migrantes venezolanos en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. 

En estos países se encuentra más del 70% de los venezolanos que salieron de Venezuela, forzados por la situación social, política y económica; sin embargo, como destaca el informe, “ante una crisis sin precedente en la región, estos países no han podido, o no han querido proteger a quienes huyen de Venezuela” porque “las medidas y programas que están implementando para ofrecerles un estatus migratorio regular no cumplen con los estándares que marca el derecho internacional”.

Piquer comentó que el estudio inició a raíz  del éxodo masivo de personas en Venezuela, la cual es una de las crisis de refugio más grandes del mundo”. La situación de derechos humanos de esas casi 8 millones de personas es una preocupación para Amnistía Internacional, ya que deberían recibir protección y ser reconocidas como refugiadas, ya que huyen de un país en el que se cometen graves violaciones de derechos humanos.

Añadió que no es común que se otorgue el estatus de refugiados a los venezolanos en los cuatro países y “las alternativas de regularización no alcanzan a los estándares de protección que estas personas deberían tener”.

Al tratarse del caso específico de las mujeres que están en situación irregular y además son víctimas de violencia, comentó que muchas veces no se atreven a denunciar por temor a que eso revele su situación de irregularidad y que sean deportadas. Dijo que hay que revisar si los mecanismos de acogida y regularización toman estas situaciones en cuenta, ya que es posible que una mujer requiera protección especial al ser víctima de violencia. Perú y Chile lo incorporan, pero con requerimientos que hacen muy difícil solicitarlo, “quisimos orientar el informe en el tema de la regularización porque es la primera barrera a la que se enfrentan esas mujeres”, afirmó Piquer.

En cuanto a Colombia, enfatizó que la tasa de acogida de las solicitudes de refugio es mínima, aunque existe un programa de protección temporal que aunque está limitado a personas que hayan llegado al país antes de enero de 2021, si bien les reconoce el derecho a la educación, la salud y el trabajo, no los protege contra la deportación si consideran que incumplieron con ciertas condiciones, eso los deja más vulnerables porque esa devolución no sería admisible si fuesen reconocidos como refugiados

En el caso de Perú, la oficina física que concede refugio cerró hace algunos años, así que todo se hace en forma virtual, lo que limita el acceso a siquiera poder solicitarlo, y la mayoría de personas que lo solicitan no son reconocidos como tal. También existen sistemas de protección temporal, pero este tiene costos financieros para las personas que quieran aplicar y tampoco protege contra la devolución a Venezuela y, aunque garantiza educación y trabajo, no garantiza el derecho a la salud.

En Ecuador la gran mayoría está limitada por el costo que presenta la regularización, aunque esta sí protege contra la devolución, el tema está en que tiene también limitación por fecha de entrada y actualmente está limitando la entrada de personas limitadas al país.

Chile no garantiza el derecho a solicitar refugio, además solicita una visa para entrar y si una persona entró irregular al país y quiere solicitar refugio, debe hacer una “autodenuncia”, esto significa que debe ir ante las autoridades, denunciar que está en situación irregular en el país, eso podría dejarlos vulnerables ante las multas, y después de eso sí puede pedir refugio, lo que es contradictorio con todas las normas internacionales, sin mencionar que las autoridades pueden hacer una entrevista antes de iniciar el proceso y si consideran que la persona no califica de refugiada puede negarle el acceso formal al procedimiento.

Para solucionar la grave situación que deja desprotegidos a millones de personas venezolanas, Piquer destaca que es fundamental la cooperación y alianza entre los países, además de que cada uno implemente adecuadamente la legislación que tienen en cuestión de refugio. “Todos deben entender que dichos venezolanos son solicitantes de asilo y se debe reconocer su estatus de refugiado”. 

Subrayó la importancia de dejar de poner barreras innecesarias para que las personas venezolanas puedan acceder a estos países, incluyendo la eliminación de visas de entrada y garantizar sus derechos durante el proceso de solicitud del estatus migratorio. 

“Esto también debe apuntar a soluciones duraderas, no durante un año. Deben encontrar formas de integrarlos a las sociedades a las que llegan para que puedan establecerse y los países de la región deben presionar para que el gobierno venezolano cree y aplique políticas eficaces para abordar la situación de derechos humanos en el país, ese foco no podemos perderlo”, culminó Piquer.

Ve la entrevista completa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=CIMouggUOAA&t=1571s&ab_channel=ElPitazo