Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Civiles de ambos lados pagan el precio de una escalada, sin precedentes, de las hostilidades entre Israel y Gaza a medida que aumenta el número de muertes
Las fuerzas de seguridad israelíes y los grupos armados palestinos deben hacer todo lo posible por proteger la vida de los civiles en el estallido de enfrentamientos de hoy en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, ha declarado Amnistía Internacional en medio de un creciente número de víctimas mortales civiles.
La escalada de violencia de hoy comenzó con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur de Israel.
“Estamos profundamente alarmados por el creciente número de muertes de civiles en Gaza, Israel y Cisjordania ocupada, y pedimos urgentemente a todas las partes en conflicto que respeten el derecho internacional y hagan todo esfuerzo posible por evitar más derramamiento de sangre entre la población civil. En virtud del derecho internacional humanitario, todas las partes en conflicto tienen la clara obligación de proteger la vida de las personas civiles atrapados en las hostilidades”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra. Israel tiene un horrible historial de cometer crímenes de guerra con impunidad en anteriores guerras contra Gaza. Los grupos armados palestinos de Gaza deben abstenerse de atacar a civiles y utilizar armas de efectos indiscriminados, como han hecho en el pasado y con mayor intensidad en este caso, actos que equivalen a crímenes de guerra.”
El ataque de represalia de Israel contra Gaza ha causado al menos 232 muertes y casi 1.700 personas heridas, según el Ministerio de Salud palestino.
En virtud del derecho internacional humanitario, todas las partes en conflicto tienen la clara obligación de proteger la vida de las personas civiles atrapados en las hostilidades.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Los medios de comunicación israelíes han reportado al menos 250 muertos y el Ministerio de Salud israelí ha informado de más de 1.500 personas heridas en ataques de grupos armados palestinos.
El ejército israelí confirmó a los medios de comunicación que grupos armados palestinos habían secuestrado y tomado como rehenes a civiles israelíes (al parecer, niñas y niños incluidos), así como a soldados israelíes. El secuestro de civiles y la toma de rehenes están prohibidos por el derecho internacional y pueden constituir crímenes de guerra. Todos los civiles retenidos como rehenes deben ser liberados inmediata, incondicionalmente e ilesos. Todas las personas cautivas deben ser tratadas con humanidad, conforme al derecho internacional, y recibir tratamiento médico.
Es urgente abordar las causas estructurales de estos repetidos ciclos de violencia. Para ello es necesario respetar el derecho internacional y poner fin a los 16 años de bloqueo ilegal de Israel sobre Gaza y a todos los demás aspectos del sistema de apartheid impuesto por Israel a todas las personas palestinas. El gobierno israelí debe abstenerse de incitar a la violencia y a las tensiones en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, especialmente en torno a lugares religiosos. Amnistía Internacional hace un llamado a la comunidad internacional que intervenga urgentemente para proteger a la población civil y evitar más sufrimiento.
En 2021, la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre la situación en el Estado de Palestina. Su mandato incluye crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes en actuales enfrentamientos, así como el crimen de lesa humanidad de apartheid contra las personas palestinas.
Antecedentes
Desde 2007, Israel ha impuesto a la Franja de Gaza un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo que castiga colectivamente a toda su población.
En junio, Amnistía Internacional publicó su investigación sobre la ofensiva de mayo de 2023 contra la Franja de Gaza, en la que concluía que Israel había destruido ilegalmente viviendas palestinas, a menudo sin necesidad militar, en lo que equivale a una forma de castigo colectivo contra la población civil.
En su informe de febrero de 2022, Amnistía Internacional expuso cómo las fuerzas israelíes habían cometido en Gaza (así como en Cisjordania e Israel) actos prohibidos por el Estatuto de Roma y la Convención sobre el Apartheid, como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil con el objetivo de mantener un sistema de opresión y dominación sobre los palestinos, constituyendo así el crimen de lesa humanidad de apartheid.