Análisis y recomendaciones a los países que reciben personas refugiadas venezolanas

Amnistía Internacional emitió un conversatorio en vivo titulado “¿Cómo regularizar y proteger a personas venezolanas en las Américas?” en el que participaron Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional y Felipe González, Relator Especial de la ONU sobre personas migrantes.

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Piquer inició el conversatorio afirmando que la movilidad humana en Venezuela “no tiene precedentes en la región” y que 7,7 millones de personas han tenido que salir del país, lo que significa que 1 de cada 4 personas han huido buscando resguardar su vida y sus derechos.

Aclaró que en las Américas se tiene una definición ampliada de “persona refugiada” surgida de la Declaración de Cartagena, pues se reconoce que quienes huyen de violaciones masivas de derechos humanos son personas refugiadas que requieren protección internacional.

“El 70% de todas estas personas venezolanas están en Colombia, Perú, Ecuador y Chile”, subraya Piquer, “y ninguno de estos países ha querido o ha podido dar esa protección como indica la declaración de Cartagena ni sus propias legislaciones”.

Comentó que, según las investigaciones de Amnistía Internacional, esta desprotección afecta desproporcionadamente a mujeres, niñas y a la población LGBTIQ+. Enfatizó que esta situación se ha estado observando desde hace varios años y “no da señales de mejorar”.

González, por su parte, puntualizó que la relatoría entregó un informe al Consejo de Derechos Humanos acerca de la regularización migratoria, haciendo un llamado a los Estados para que tomen acciones para evitar la irregularidad del estatus migratorio alrededor del mundo.

El informe entregado al Consejo de Derechos Humanos coincide con el de Amnistía Internacional en el punto que señala la extremadamente baja proporción de personas venezolanas que han obtenido refugio, la cual no corresponde con la situación existente en Venezuela ni con las afirmaciones que hacen los propios gobiernos de la región. “Es muy importante que se exploren distintas vías de protección internacional que puedan permitir una solución colectiva al respecto, no solo un análisis individual que no ha dado resultados eficaces”, destacó González.

Piquer continuó afirmando que las medidas tomadas por Colombia, Perú, Ecuador y Chile no cumplen con los estándares internacionales de protección, ya que deberían conferirles el estatus de refugiado según la declaración de Cartagena, y cualquier medida que no sea esa debería cumplir con ciertos estándares mínimos de legalidad, accesibilidad, protección de derechos, incluyendo la protección contra la devolución.

En Colombia, Perú y Ecuador se implementaron programas específicos para la permanencia de los migrantes venezolanos pero ninguno cumple con los requerimientos de accesibilidad y de protección de derechos. En Colombia está limitado a personas que hayan entrado antes de enero de 2021; en Perú no se protege contra la devolución ni garantiza el derecho a la salud y en Ecuador hay límite de fecha de entrada y tiene costo económico, lo que limita mucho la accesibilidad, mientras que en Chile no existe ningún programa de regularización como los antes mencionados.

“El panorama general es decepcionante y lo que se esperaba con el proceso de Quito en el 2018 no se ha satisfecho y, es más, la situación se ha agudizado”, recalcó González. 

La situación de movilidad irregular que se ha producido es sorprendente y ya varios organismos internacionales lo habían anticipado, como la Comisión Interamericana o mecanismos de las Naciones Unidas, “Es como crónica de una muerte anunciada”, comentó González, ya que ha ocurrido la misma situación en otras regiones del mundo, cuando se levantan reiteradas veces barreras a la migración regular, incrementa la inmigración irregular, con ello el tráfico y trata de personas y es justamente eso lo que ha pasado en las Américas. 

La militarización de las fronteras, el enfoque privilegiado de securitización son resultados obvios de una política mal diseñada y mal implementada, en la cual se piensa que se puede solucionar la problemática poniendo barreras a la migración, contradiciendo el Pacto Mundial sobre la Migración, enfatizó.

Como mencionaron anteriormente, el enfoque basado en género es especialmente importante debido a que las mujeres, niñas y población LGBTIQ+ sufren violencia de género. Piquer comenta que los resultados de las investigaciones en este aspecto “son muy desoladores” ya que, dentro de su tránsito, todos estos grupos han sufrido violencia basada en género y no encuentran ningún tipo de protección, sufren estereotipos compuestos, ya sea por su género, por su situación irregular en el país o por el hecho de ser migrantes, lo que los hace más propensos a sufrir violencia. Adicionalmente los mecanismos de protección para las víctimas de violencia basada en género no son suficientes y aún más si son mujeres venezolanas migrantes en situación irregular

González subrayó lo importante que es el hecho de que la migración irregular no esté penalizada en la región, puede que deporten a las personas o las detengan, pero no está penalizado por la ley, aunque en países como Chile se está buscando que vuelva a ser un delito ingresar de forma irregular al territorio. Hasta el momento, se ha logrado contener y destaca la importancia de que no sea considerado de nuevo como un delito. Asimismo añadió que considera positivo que no se hayan hecho campos de refugiados en la región, ya que es algo común en otras partes del mundo, estos campos solo causan una segregación aún mayor y una falta completa de integración de las personas que llegan al país.

Piquer enfatizó la importancia de Estados Unidos en todo esto, ya que sus políticas innegablemente afectan a las del resto de las Américas. Comentó que EE.UU. ha tomado un puesto oscilante con respecto a la migración venezolana ya que por una parte vemos la extensión del programa de protección temporal para personas venezolanas, pero por otro lado están deportando de vuelta a Venezuela aunque estén solicitando asilo.

En cuestión de soluciones, Piquer y González reafirmaron que es necesaria la cooperación internacional y adoptar soluciones multilaterales regionales, aunque sea a largo plazo debe comenzar ahora. Para el corto plazo destacó que la mayoría de países latinoamericanos tienen leyes sobre el refugio “razonablemente buenas” y que reconocen el concepto de refugiado que viene de la declaración de Cartagena, por lo que hay que incrementar y facilitar la posibilidad de reconocer como personas refugiadas a las personas venezolanas en aplicación de sus propias legislaciones en lugar de establecer múltiples barreras.

Finalmente, destacaron que el derecho a protección contra la devolución, independientemente del mecanismo jurídico utilizado, las personas que salieron escapando de la crisis no pueden ser devueltas a Venezuela. Por último, al buscar mecanismos alternativos de protección, estos deberían cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos; como que sean accesibles, que protejan sus derechos humanos y que los proteja contra la devolución.

Adicionalmente insistieron en la eliminación de las visas de acceso, que limitan exageradamente la posibilidad de solicitar refugio. “Esto es lo más básico e inmediato que todos los países que reciben personas venezolanas deben hacer, ahí ya empezamos a tener un entorno en el que pueden encontrar protección y avanzar en la dirección correcta”, finalizó Piquer.