Lunes, 27 de noviembre, 2023
Emiratos Árabes Unidos ha hecho caso omiso del coro de llamamientos de la sociedad civil internacional para que demuestre su respeto por los derechos humanos. El anfitrión de la cumbre mundial sobre el cambio climático COP28 se ha negado a liberar a disidentes encarcelados. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional,
La legislación y las prácticas del gobierno emiratí imponen severas restricciones al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y violan una amplia gama de otros derechos, incluidos el derecho a la privacidad y los derechos de las personas migrantes. En el último año, cientos de grupos de la sociedad civil internacionales, incluida Amnistía Internacional, han pedido a Emiratos Árabes Unidos que libere a los disidentes encarcelados y permita a la sociedad civil funcionar libremente en el país, pero el gobierno se ha negado a involucrarse siquiera en un debate sobre su historial nacional de derechos humanos o a emprender ninguna reforma.
“Es evidente que ningún Estado puede tener credibilidad alguna a la hora de abordar la crisis climática mientras siga endureciendo su asfixia a la sociedad civil. Que Emiratos, con su espantoso historial de derechos humanos, esté encabezando los debates sobre uno de los problemas existenciales más graves en materia de derechos humanos a los que se enfrenta la humanidad, en uno de los foros internacionales más destacados, convierte la COP28 en una burla”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
Que Emiratos, con su espantoso historial de derechos humanos, esté encabezando los debates sobre uno de los problemas existenciales más graves en materia de derechos humanos a los que se enfrenta la humanidad, en uno de los foros internacionales más destacados, convierte la COP28 en una burla.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
“La liberación de las personas encarceladas injustamente, muchas de ellas simplemente por pedir democracia en Emiratos Árabes Unidos, transmitiría un mensaje crucial de que Emiratos está dispuesto a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos. Además, brindaría esperanza de que la COP28 pueda transcurrir en un entorno libre de temor e intimidación.”
“Si el gobierno de Emiratos habla en serio cuando promete celebrar una COP ‘inclusiva’, debe empezar poniendo de inmediato en libertad a decenas de emiratíes que se consumen en prisión sencillamente por expresar sus opiniones. Las autoridades deben además abandonar su vigilancia ilegal y derogar las leyes que violan los derechos humanos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Cualquier otra cosa expondrá la presidencia de la COP por parte de Emiratos como una táctica de relaciones públicas concebida para distraer de la sombría realidad del nefasto historial de derechos humanos del gobierno.”
Encarcelamiento arbitrario
Al menos 64 personas de ciudadanía emiratí permanecen encarceladas ilegalmente por su disidencia política o su presunta disidencia política. La mayoría llevan en prisión desde el juicio colectivo de 2012-2013, en el que se juzgó a 94 emiratíes por pedir reformas y un cambio democrático. El Tribunal Supremo, en una sentencia no recurrible, hizo caso omiso del hecho de que las personas acusadas llevaban meses recluidas en régimen de incomunicación, y algunas habían testificado haber sido torturadas para realizar “confesiones” que el tribunal utilizó más tarde como prueba para condenarlas.
Más de un tercio de las personas acusadas en aquel juicio colectivo habían firmado en 2011 una petición al gobierno del Estado en la que pedían una cámara legislativa designada por elección. Emiratos Árabes Unidos ha seguido persiguiendo a las personas acusadas en aquel juicio que huyeron al extranjero en busca de seguridad. En mayo de este año, las autoridades anunciaron que habían encarcelado a Khalaf al-Rumaithi, uno de los 94 acusados en este caso, después de que las fuerzas de seguridad jordanas lo deportaran a petición de las autoridades emiratíes. En junio, las fuerzas de seguridad del Estado citaron a Mansoor al-Ahmadi, preso juzgado en el juicio colectivo y liberado anteriormente tras pasar más de ocho años en prisión, y lo detuvieron en régimen de incomunicación.
Personas defensoras de los derechos humanos encarceladas
Entre los acusados del juicio colectivo de 2012-2013 se encontraban dos destacados abogados de derechos humanos: Mohamed al-Mansoori y Mohamed al-Roken. Los dos habían sido presidentes de la Asociación de Juristas, asociación nacional de profesionales del derecho emiratíes hasta que el gobierno disolvió a quienes la lideraban en 2012.
Después de 2013, Ahmed Mansoor, miembro del Comité Asesor sobre Oriente Medio de Human Rights Watch, se convirtió en el último defensor de los derechos humanos emiratí que alzaba la voz y trabajaba en el país. En 2017, las autoridades lo encarcelaron por “promover información falsa y velada”.
Tipificación de la disidencia como delito
La legislación emiratí tipifica como delito las críticas al gobierno y al Estado, las manifestaciones que “alteren el orden público”, la publicación de cualquier cosa que “dañe la moneda nacional” o cause “confusión” sobre la economía, el “daño a los intereses estatales” (cargo que puede ser castigado con la muerte o con cadena perpetua), el anuncio de “liderazgo desleal [con el Estado]”, la “incitación al pecado o la indecencia” y la “violación de la moral pública”.
Ninguna de estas leyes ha sido derogada desde que Emiratos Árabes Unidos fue nombrado anfitrión de la COP28, y el texto del acuerdo de país anfitrión, que determinará si estas leyes se aplican y de qué manera en el lugar de celebración de la conferencia, se mantiene en secreto.
Falta de protección para los trabajadores y trabajadoras migrantes
La legislación emiratí no dispone un sustento decente ni unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y trabajadoras migrantes. Sólo el 8% de la población emiratí trabaja en el sector privado, que satisface la mayoría de sus necesidades de empleo con mano de obra migrante. Al contrario que en el sector público, que emplea en su mayoría a emiratíes, en el sector privado no hay salario mínimo. Los “trabajadores o trabajadoras de servicio”, que son aquellas personas que trabajan en el domicilio de su empleador o empleadora, pueden ser obligados a trabajar hasta 72 horas a la semana.
En 2021, tras unas detenciones masivas por motivos raciales, Emiratos deportó a al menos 376 trabajadores y trabajadoras migrantes africanos sin el proceso debido, a menudo tras tenerlos incomunicados durante meses y someterlos a trato cruel, inhumano o degradante.
“Con todos los ojos puestos en la COP28, Emiratos Árabes Unidos debe aprovechar la oportunidad para emprender acciones significativas sobre justicia climática y derechos humanos. El mundo estará esperando y observando para ver cómo el país lidera estas conversaciones cruciales sobre el futuro del planeta. A ese mismo escrutinio se someterá el deteriorado historial de derechos humanos de Emiratos, un historial que puede empezar a remediarse garantizando que todas las personas del país pueden expresarse de forma pacífica y libre”, ha manifestado Agnès Callamard.
Con todos los ojos puestos en la COP28, Emiratos Árabes Unidos debe aprovechar la oportunidad para emprender acciones significativas sobre justicia climática y derechos humanos. El mundo estará esperando y observando para ver cómo el país lidera estas conversaciones cruciales sobre el futuro del planeta. A ese mismo escrutinio se someterá el deteriorado historial de derechos humanos de Emiratos.
Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional
Información complementaria
Al contrario que la mayoría de los países, Emiratos Árabes Unidos no ha firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Entre otros llamamientos, 55 organizaciones de la sociedad civil en mayo y más de 200 en septiembre publicaron declaraciones conjuntas sobre la urgente necesidad de reformar el pésimo historial de derechos humanos de Emiratos. Durante más de cinco años, las comunicaciones de Amnistía Internacional con el gobierno emiratí sobre cuestiones acuciantes de derechos humanos han quedado sin respuesta. El gobierno ha rechazado todo diálogo sobre su historial de derechos humanos este año.