Túnez: Se intensifica la represión de la disidencia con el arresto de un abogado de derechos humanos tras conocerse la sentencia de un simulacro de juicio
Las autoridades tunecinas deben poner en libertad de inmediato y sin condiciones al abogado Ahmed Souab y retirar todos los cargos que pesan contra él, pues derivan únicamente del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de su profesión, la abogacía, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Souab, abogado y exjuez, fue detenido el 21 de abril de 2025 por la brigada antiterrorista a raíz de unos comentarios en los que criticaba el juicio de la “causa de conspiración” durante una rueda de prensa dada por un grupo de abogados a las puertas del tribunal. El 19 de abril, un tribunal tunecino condenó a 37 personas, entre ellas destacadas figuras de la oposición, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de derechos humanos, a penas de entre cuatro y 74 años de prisión tras un juicio farsa. Amnistía Internacional pide la anulación de la sentencia y la retirada de los cargos que pesan sobre las 40 personas imputadas en la causa.
“La detención arbitraria de Ahmed Souab es un acto de represalia flagrante por su condena de las deficiencias en el juicio de la ‘causa de conspiración’. También supone una escalada escalofriante en el asalto de las autoridades tunecinas contra la justicia y deja clara su firme intención de silenciar a quienes se atreven a denunciar su política represiva”, ha afirmado Sara Hashash, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Al igual que en el caso de otros profesionales de la abogacía, está siendo perseguido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y por representar a sus clientes. Debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones.”
La detención arbitraria de Ahmed Souab es un acto de represalia flagrante por su condena de las deficiencias en el juicio de la “causa de conspiración”.
Sara Hashash, directora regional adjunta para Oriente Medio y Norte de África
Souab, que representa a dos de los acusados en la causa de conspiración, Ghazi Chaouachi y Ridha Belhaj, había denunciado que el juicio era una “farsa” y señalado numerosas irregularidades procesales y acusaciones infundadas. Sus declaraciones, en las que se había referido metafóricamente a la presión a la que estaba sometido el juez que presidía el tribunal, fueron deliberadamente sacadas de contexto en cuentas de redes sociales progubernamentales, lo que dio lugar a peticiones de detención basadas en la falsa acusación de que había amenazado al juez.
Pocas horas después de su detención, la fiscalía anunció que presentaba contra él cargos en virtud de la legislación antiterrorista, incluidos los de “formar una organización terrorista”, “apoyar los delitos terroristas” y “amenazar con cometer delitos terroristas”, todos ellos absurdos, además del de “difundir noticias falsas”, en virtud del Decreto Ley 54. Tras su detención, fue puesto bajo custodia policial, y durante las primeras 48 horas se le negó el acceso a familiares y abogados.
El 23 de abril, el juez instructor de la división judicial antiterrorista citó a Souab para una vista, pero impuso restricciones arbitrarias a su representación letrada, limitando la presencia de su equipo de defensa a cuatro abogados a pesar de que había decenas presentes para representarlo. El equipo de abogados de Souab boicoteó la investigación en señal de protesta, pero el juez ordenó su detención en espera de juicio durante seis meses y Souab fue trasladado a la prisión de Mornaguia, en la capital, Túnez. Se programó otra vista judicial el lunes 28 de abril.
El juicio de la “causa de conspiración” estuvo plagada de violaciones del derecho a un juicio justo flagrantes. Los abogados señalaron que a algunas de las personas acusadas ni siquiera se les había notificado la acusación formalmente.
La primera vista, celebrada el 4 de marzo, transcurrió en ausencia de las personas acusadas, después de que el tribunal aludiera vagamente a un “peligro real” e insistiera en que participaran online desde la cárcel, decisióna la que éstas, así como su representación letrada, se opusieron con vehemencia. En la segunda vista, celebrada el 18 de abril, se prohibió la asistencia a la sesión a observadores de la sociedad civil, embajadas, ONG internacionales y medios de comunicación independientes; sólo se permitió la entrada a un familiar por persona acusada.
La tercera y última vista, celebrada el 18 de abril, duró menos de un minuto, y no se dio a las personas acusadas la oportunidad de ser escuchadas, ni se permitieron declaraciones de los abogados defensores ni contrainterrogatorios. Durante la sesión, el juez retiró los nombres de tres acusados de la lista de imputados en el caso y aplazó sus juicios, una actuación sin precedentes.
Entre las personas a las que se impusieron penas exorbitantes se encontraban el empresario Kamel Ltaeif (74 años), y las figuras opositoras Noureddine Bhiri (43 años), Khayyam Turki (38 años), Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi y Chaima Issa (18 años en cada caso), Abdelhamid Jelassi, Sahbi Atig, Said Ferjani (13 años en cada caso), además de defensores y defensoras de los derechos humanos como Bochra Bel Haj Hmida (43 años) y Ayachi Hammami (ocho años).
“La absurdidad de este juicio, evidenciada por la falta de respeto a la presunción de inocencia, la ausencia de las personas acusadas, la exclusión de personal de observación y la denegación de cualquier oportunidad significativa de defensa, ilustra un desprecio flagrante por los derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo que Túnez está obligado a garantizar”, comentó Sara Hashash.
Amnistía Internacional ha documentado una tendencia preocupante a perseguir a la representación letrada de miembros de grupos políticos de oposición, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en Túnez, incluidos los que se encargan de defender a las personas detenidas en la causa de conspiración. Resulta inquietante que el propio presidente del gobierno, Kais Saied, pareciera interferir en el proceso judicial al declarar públicamente en febrero de 2023 que la historia había demostrado la culpabilidad de los detenidos ante los tribunales, y lanzar una advertencia contra quienes pudieran exonerarlos. Tales declaraciones socavan la independencia del poder judicial y repercuten directamente en el trabajo de los abogados defensores.
“El menoscabo de la independencia de la profesión del derecho y la persecución de los abogados que representan a víctimas de violaciones de derechos humanos suponen otro grave retroceso en el derecho a la defensa jurídica y otras garantías de un juicio justo en Túnez”, manifestó Sara Hashash.
“Quienes ejercen el derecho deben poder desempeñar sus funciones y expresarse libremente sin intimidación, hostigamiento ni temor a represalias.”
Las autoridades tunecinas deben poner fin al hostigamiento y la intimidación de quienes ejercen la abogacía y garantizar que pueden desempeñar sus funciones profesionales sin temor a represalias, en consonancia con las normas internacionales, incluidos los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.
Las autoridades también deben anular las injustas condenas y sentencias dictadas en la “causa de conspiración” y poner fin a la persecución por motivos políticos de figuras críticas, de oposición política y de defensa de los derechos humanos.