Hong Kong: El análisis de la Ley de Seguridad Nacional demuestra que la inmensa mayoría de las detenciones son injustas

Más del 80% de las personas condenadas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional han sido criminalizadas injustamente y ni siquiera deberían haberse presentado cargos contra ellas, según una nueva investigación realizada por Amnistía Internacional y publicada coincidiendo con el quinto aniversario de la entrada en vigor de la Ley.

El análisis llevado a cabo por Amnistía de los casos de 255 personas a las que se aplicó la legislación sobre seguridad nacional de Hong Kong desde el 30 de junio de 2020 demuestra también que a casi el 90% de las personas contra quienes se presentaron cargos se les negó la libertad bajo fianza y tuvieron que pasar un promedio de 11 meses detenidas en espera de juicio.

“Cinco años después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, estos alarmantes resultados demuestran que se han cumplido los temores que planteábamos con respecto a esta ley en 2020. El gobierno de Hong Kong debe dejar de utilizar el pretexto de la ‘seguridad nacional’ para castigar la libertad de expresión legítima”

“Esta ley draconiana, y el resto de la legislación sobre seguridad nacional que ha generado, han socavado garantías jurídicas clave que en su día fueron los cimientos de la protección de los derechos humanos y del Estado de derecho en Hong Kong. El resultado ha sido devastador para la capacidad de los hongkoneses y las hongkonesas de expresarse sin temor al arresto.”

El informe de Amnistía analiza patrones observables en los arrestos, las decisiones sobre la concesión de libertad bajo fianza y los procesamientos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional y otras leyes nacionales sobre seguridad. En concreto, la investigación destaca tres grandes motivos de preocupación: la criminalización del ejercicio legítimo del derecho humano a la libertad de expresión, el escaso porcentaje de concesión de libertad bajo fianza que se da en estos casos y el largo tiempo que la mayoría de las personas acusadas pasan de hecho encarceladas.

El análisis halló que, de los 78 casos cerrados a los que se aplicó la Ley de Seguridad Nacional, al menos 66 (84,6%) eran casos de expresión legítima que no debería haber sido criminalizada según las normas internacionales, sin que hubiera pruebas de incitación o conducta violenta.

Contando también los casos cerrados de delitos de “sedición” en virtud de la Ley del Artículo 23 y previa al Artículo 23, al menos 108 de un total de 127 casos (85%) también implicaban formas legítimas de expresión enjuiciadas injustamente. Estos casos están muy por debajo del elevado umbral que las normas internacionales exigen para una criminalización.

Al mismo tiempo, según los datos de Amnistía, los tribunales negaron la libertad bajo fianza en 129 casos de seguridad nacional, es decir, el 89% de los individuos contra quienes se presentaron cargos.

En estos 129 casos de denegación de libertad bajo fianza, la duración media de la detención fue de 328 días. En 52 casos (40,3%) la duración de la detención antes del juicio o de la sentencia condenatoria fue de un año o más.

“En cinco años, la Ley de Seguridad Nacional ha transformado Hong Kong, que, de ser una ciudad de tolerancia y debate, ha pasado a convertirse en una ciudad de represión y autocensura. Nuestro análisis demuestra que el marco de seguridad nacional de Hong Kong no sólo viola flagrantemente las normas internacionales de derechos humanos sobre el papel, sino que en la práctica las autoridades lo utilizan de forma indebida a fin de atacar a las voces de la oposición y fomentar una atmósfera de temor”, ha afirmado Sarah Brooks.

“Esta investigación demuestra que la inmensa mayoría de las personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional tenían todo el derecho a actuar como lo hicieron. Mientras, los fiscales han seguido presentando cargos en aplicación de esta viciada arquitectura de seguridad nacional, y recurriendo contra las escasas sentencias absolutorias dictadas por los tribunales. Otros gobiernos deben reaccionar y utilizar su influencia para presionar urgentemente a las autoridades hongkonesas y chinas para que deroguen la ley.

“Entretanto, el gobierno de Hong Kong debe dejar de aplicar inmediatamente la legislación sobre seguridad nacional. Al menos debe reinstaurar la presunción en favor de la concesión de la libertad bajo fianza en espera de juicio. Nadie debería consumirse en la cárcel por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Información complementaria

Desde la imposición de la Ley de Seguridad Nacional, el 30 de junio de 2020, el panorama de los derechos humanos en Hong Kong se ha deteriorado a un ritmo alarmante. Se ha producido el desmantelamiento de hecho de la sociedad civil, y han quedado gravemente restringidos derechos consolidados, como los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación.

En su informe, Amnistía Internacional analiza los casos de 255 personas que, entre el 30 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2025, fueron arrestadas o acusadas por delitos en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional; la Sección 1 y 2 de la Ordenanza sobre Delincuencia de la ciudad, que definen el delito de “sedición” en la época colonial; y la Ley del Artículo 23 (conocida también como la Ley de Protección de la Seguridad Nacional), que sustituyó a la Sección 1 y 2 de la Ordenanza sobre Delincuencia cuando entró en vigor, el 23 de marzo de 2024.

Amnistía Internacional envió el informe al gobierno de Hong Kong, que desestimó sus resultados, calificándolos de “distorsión de la realidad”, y afirmó que la Ley de Seguridad Nacional “ha restaurado el disfrute de los derechos y libertades” en Hong Kong.