Arabia Saudí: Nuevo informe denuncia escalada alarmante de ejecuciones, incluidas las de personas extranjeras condenadas por delitos de drogas

El nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional llama la atención sobre el alarmante aumento de las ejecuciones en Arabia Saudí en los últimos años, especialmente por delitos de drogas, y pone de relieve su impacto significativo en la población extranjera.

Entre enero de 2014 y junio de 2025, Arabia Saudí ejecutó a 1.816 personas, según la agencia oficial de prensa. Casi una de cada tres fue ejecutada por delitos relacionados con drogas, que no pueden castigarse con la muerte según el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. De las 597 personas ejecutadas por delitos de drogas a lo largo de esos 10 años, casi tres cuartas partes (75%) eran extranjeras.

Arabia Saudí llevó a cabo 345 ejecuciones en 2024, una cifra sin precedentes. En lo que va de año, de enero a junio de 2025, Arabia Saudí ha ejecutado a un total de 180 personas.

Sólo en junio han sido ejecutadas 46 personas, 37 de ellas por delitos relacionados con drogas, lo que supone una media de más de una persona ejecutada por delito de drogas al día. Un total de 34 eran nacionales de Egipto, Etiopía, Jordania, Nigeria, Pakistán, Siria y Somalia.

Estamos presenciando una tendencia realmente aterradora, con personas extranjeras ejecutadas a un ritmo alarmante por delitos que no deberían acarrear la pena capital. 

Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

“No sólo el uso incesante y despiadado de la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos en Arabia Saudí demuestra un escalofriante desprecio por la vida humana, sino que su aplicación por delitos relacionados con drogas es también una atroz violación del derecho y las normas internacionales”, ha manifestado Kristine Beckerle, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

Estamos presenciando una tendencia realmente aterradora, con personas extranjeras ejecutadas a un ritmo alarmante por delitos que no deberían acarrear la pena capital. En este informe se expone la cruda y letal realidad oculta tras la imagen progresista que las autoridades intentan proyectar hacia el resto del mundo.” 

Las 345 ejecuciones realizadas en 2024 marcaron el mayor número de ejecuciones documentadas por Amnistía Internacional en Arabia Saudí en más de 30 años. Alrededor del 35% (122 personas) obedecieron a delitos relacionados con drogas, lo que supone la cifra total anual más alta desde que  Amnistía comenzó a registrar las ejecuciones en Arabia Saudí en 1990. En 2024 sólo se registraron ejecuciones por delitos de drogas en cuatro países del mundo, y uno de ellos fue Arabia Saudí.

En un significativo cambio de política, la suspensión de las ejecuciones por delitos de drogas durante 33 meses en Arabia Saudí, anunciada en enero de 2021, terminó bruscamente en noviembre de 2022. Desde entonces, Arabia Saudí ha ejecutado a más de 262 personas por delitos relacionados con drogas, cifra que se aproxima a la mitad del número total de ejecuciones por delitos de drogas registrado en el periodo de 10 años examinado.

El informe se basa en un completo análisis cuantitativo de las ejecuciones registradas a lo largo de un decenio y en un examen exhaustivo de los casos de personas extranjeras condenadas a muerte.

En marcado contraste con las anteriores declaraciones públicas del príncipe heredero Mohammed bin Salman, en las que afirmaba que el reino iba a limitar la imposición de la pena capital a los delitos  tazir  (discrecionales), el análisis revela una práctica sistemática en la que los jueces ejercen su discreción para aumentar la severidad de los castigos e imponer la pena de muerte, incluso en los casos en que no ha habido homicidio intencional, y no para limitar el uso de esa pena. Según el análisis de Amnistía Internacional, hubo 122 ejecuciones por delitos  tazir  relacionados con drogas sólo en 2024, y 118 en el primer semestre de 2025.

Las personas extranjeras son las principales afectadas por las ejecuciones relacionadas con drogas

El informe pone de relieve el alarmante ritmo al que se están ejecutando personas extranjeras por delitos relacionados con drogas. Las nacionalidades principalmente afectadas en el último decenio son: paquistaní (155 personas ejecutadas), siria (66), jordana (50), yemení (39), egipcia (33), nigeriana (32), somalí (22) y etíope (13). Decenas más de personas extranjeras continúan en peligro inminente de ejecución.

Además, las personas extranjeras se enfrentan a obstáculos adicionales para obtener un juicio justo en Arabia Saudí, país que no es el suyo y que tiene un sistema de justicia penal intrínsecamente opaco.

Un familiar contó a Amnistía Internacional: “No sabemos si tienen su documento judicial […] No podemos acceder a ninguna documentación legal porque no tenemos a nadie en el país que nos apoye en la causa, como un representante jurídico. Además está la barrera del idioma. Mi hermano fue arrestado a la semana de dejar Etiopía, cuando cruzaba la frontera con Yemen. No tenía ni idea de lo que le esperaba en la frontera saudí.”

Amnistía Internacional, en colaboración con organizaciones asociadas como European Saudi Organization for Human Rights y Justice Project Pakistan, documentó los casos de 25 personas extranjeras de Egipto, Etiopía, Jordania, Pakistán y Somalia condenadas por delitos de drogas y que actualmente están en espera de ejecución o ya han sido ejecutadas en Arabia Saudí.

Basándose en entrevistas exhaustivas con familiares de 13 de estas 25 personas, miembros de comunidades y un representante consular, así como el examen de documentos judiciales, Amnistía Internacional ha concluido que la procedencia de estas personas extranjeras condenadas a muerte —entornos con una educación limitada y precarias condiciones socioeconómicas— hacía más probable su explotación durante su migración y dificultaba su acceso a representación letrada en Arabia Saudí.

En el informe se describen con detalle fallos sistémicos a la hora de garantizar su derecho a un juicio justo, como falta de acceso a representación jurídica, apoyo consular deficiente y nulo acceso a servicios de interpretación eficaces.

Al menos cuatro de los casos documentados afectaban a personas que denunciaron que habían sido objeto de tortura u otros malos tratos dirigidos a obtener una “confesión” durante su detención previa al juicio. Por ejemplo, Hussein Abou al Kheir, de 57 años y padre de ocho hijos, se retractó de su “confesión” empañada por tortura en múltiples ocasiones durante su juicio, afirmando que había sido golpeado hasta el extremo de no poder sujetar un bolígrafo; sin embargo, el juez usó esta declaración autoinculpatoria como prueba para declararlo culpable. Tales prácticas violan las obligaciones de Arabia Saudí en virtud de la Convención contra la Tortura y otras salvaguardias internacionales que garantizan la protección de los derechos de quienes se enfrentan a la pena capital.

El daño psicológico causado tanto a las personas condenadas a muerte como a sus familias es inmenso, según lo que han contado a Amnistía Internacional. Muchas desconocían la situación de sus recursos y la posible fecha de su ejecución. En algunos casos no fueron informadas por las autoridades de la prisión hasta el día antes. Las familias se enteraron de las ejecuciones por otras personas detenidas o por informes de prensa. En todos los casos documentados por Amnistía Internacional, las autoridades saudíes han retenido los cadáveres de las personas ejecutadas, negando a las familias el derecho a llorar y enterrar a sus seres queridos conforme a sus usos religiosos, práctica condenada como forma de malos tratos por organismos de la ONU.

“Fue desolador, sobre todo al no tener el cadáver para llorarlo. Ni un funeral […] En Ammán, mi familia estaba sentada en silencio en el salón cuando supo la noticia y todos empezaron a gritar como locos. Esa escena me partió el corazón”, contó Zainab Abou al Kheir, hermana de Hussein, ejecutado en Arabia Saudí en marzo de 2023.

Uso de la pena de muerte contra la minoría chií

Aparte de los delitos de drogas, el análisis de Amnistía Internacional revela un uso alarmante de la pena capital por delitos de “terrorismo” contra la minoría chií de Arabia Saudí. Si bien la comunidad chií representa el 10-12% de la población total, el 42% de todas las personas ejecutadas por “terrorismo” (120 de 286) entre enero de 2014 y junio de 2025 eran chiíes. Este dato refleja la represión política de un grupo que sufre discriminación desde hace mucho tiempo, con frecuentes procesamientos por “terrorismo” por ejercer la disidencia pacífica.

La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.No debe aplicarse en ninguna circunstancia.

Kristine Beckerle

A pesar de las recientes reformas jurídicas para limitar el uso de la pena capital en los casos de personas que fueran menores de 18 años en el momento de la comisión del delito, siete jóvenes, algunos de los cuales sólo tenían 12 años en el momento del delito, continúan en peligro de ejecución. Cuatro de ellos se sometieron a un nuevo juicio recientemente y de nuevo fueron condenados a muerte. Imponer la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años en el momento de la comisión del acto delictivo está terminantemente prohibido en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, que incluye la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Arabia Saudí es Estado Parte.

“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y no debe usarse en ninguna circunstancia. Además de declarar inmediatamente una suspensión de las ejecuciones, y hasta que se alcance la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben reformar la legislación nacional para eliminar dicha pena y conmutar todas las condenas de muerte”, ha dicho Kristine Beckerle.

Los aliados de Arabia Saudí en la comunidad internacional deben presionar urgentemente a las autoridades saudíes para detener esta oleada de ejecuciones y hacer que respeten sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.”