Unión Europea/Israel: La adopción de la ley de pena de muerte por la Knéset israelí exige medidas urgentes de la UE – Declaración conjunta

Como organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajamos desde hace años en Israel y el Territorio Palestino Ocupado, estamos consternadas por la decisión de la Knéset israelí de aprobar un proyecto de ley que hace efectivamente preceptiva la pena de muerte en Cisjordania y que, de hecho, se aplicará exclusivamente a las personas palestinas.

 

El 30 de marzo, la Knéset aprobó un proyecto de ley, presentado por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Ben-Gvir, que amplía el uso de la pena de muerte tanto en los tribunales militares como en los civiles. Aunque la legislación israelí prevé desde hace tiempo la pena de muerte para casos de genocidio y espionaje en tiempo de guerra, Israel no ha llevado a cabo ejecuciones ni impuesto condenas a muerte desde 1962. Esta nueva ley no sólo representa un retroceso significativo, sino que, además, lo hace imponiendo la pena capital por motivos étnicos o nacionales de facto y debilitando garantías jurídicas fundamentales.

 

En Cisjordania —excluida Jerusalén Oriental—, la ley impone la pena de muerte como pena por defecto para las personas condenadas por homicidio intencional —clasificado como acto de terrorismo en la legislación israelí— y la de cadena perpetua únicamente en “circunstancias especiales” que no se especifican en la ley. Los tribunales militares podrían imponer la pena capital por mayoría simple, incluso sin que medie una petición de la fiscalía. Las penas no pueden ser conmutadas, la persona condenada no puede indultada, y deben ejecutarse en el plazo de 90 días. Cabe destacar que los colonos israelíes en Cisjordania están expresamente excluidos del ámbito de esta disposición.

 

Dentro de Israel, los tribunales civiles podrían imponer la pena de muerte o de cadena perpetua por un homicidio intencional si se comete con el fin de “negar la existencia del Estado de Israel”.

 

Por tanto, aunque la ley no hace referencia expresa a la etnia ni a la nacionalidad, está concebida de hecho exclusivamente para las personas palestinas. Además, introduce un régimen de ejecución excepcional mediante la horca, caracterizado por el secretismo y el acceso limitado a asesoramiento jurídico y supervisión externa.

 

La Unión Europea viene sosteniendo sistemáticamente que la pena capital es cruel, inhumana e incompatible con la dignidad humana en todas las circunstancias. Pero, incluso más allá de esta postura basada en principios, la nueva ley israelí vulnera salvaguardias fundamentales reconocidas por la comunidad internacional para proteger los derechos de las personas condenadas a muerte. Su naturaleza discriminatoria y la ausencia de garantías procesales violan el derecho a la vida y las protecciones consagradas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos como el IV Convenio de Ginebra, el Reglamento de La Haya, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura.

 

Hasta ahora, las gestiones diplomáticas de la UE y sus Estados Miembros para instar a Israel a dar marcha atrás han sido ineficaces. Este lamentable hecho se produce en medio de la catástrofe humanitaria de origen humano que se está desarrollando en Gaza y que una Comisión de Investigación de la ONU, múltiples organizaciones palestinas, israelíes e internacionales, y expertos y expertas independientes han calificado de genocidio, y sobre un telón de fondo de aceleración de la anexión de facto de Cisjordania, como reconoció la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de 19 de julio de 2024. La adopción de la ley de pena de muerte es, por tanto, parte de un patrón de políticas y prácticas discriminatorias contra la población palestina que, en la misma opinión consultiva, la Corte Internacional de Justicia declaró que violaba el artículo 3 de la Convención contra el Racismo, que prohíbe la segregación racial y el apartheid.

 

En aplicación de estas políticas, Israel ya ha cruzado líneas rojas establecidas por la UE: la promoción de la construcción de asentamientos en la zona E1, que rompe la contigüidad territorial de Cisjordania, con la intención de impedir un futuro Estado palestino; la prohibición de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, y los ataques a sus instalaciones, incluidas escuelas y clínicas construidas y gestionadas con contribuciones de la UE; la expulsión de ONG internacionales mediante procedimientos restrictivos de inscripción en registro; los desalojos forzosos de residentes palestinos en Jerusalén Oriental; el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas palestinas y la demolición generalizada de viviendas e infraestructura palestinas en Cisjordania, incluidos proyectos financiados por la UE; la persistente impunidad para abusos de las fuerzas de seguridad israelíes y la violencia de los colonos respaldada por el Estado; informes de torturas y malos tratos generalizados y sistémicos de presos y presas palestinas; restricciones a la libertad religiosa; ataques contra periodistas, y denegación de acceso a funcionarios de la UE.

 

Como también recordó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores Kallas en su declaración de 31 de marzo, el Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel establece el respeto por los principios democráticos como elemento esencial de las relaciones entre la Unión Europea e Israel. Una revisión realizada por la UE en junio de 2025 basada en el artículo 2 del Acuerdo concluyó que Israel incumplía sus obligaciones en materia de derechos humanos por abusos graves contra la población palestina y violaba las leyes de la guerra, tanto en Gaza como en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental.

 

Han transcurrido nueve meses: hace tiempo que se debía haber actuado. La Unión Europea debe respetar sus principios declarados y obligaciones legales suspendiendo finalmente, como medida inmediata mínima, el elemento comercial del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea e Israel y adoptando otras medidas, como propuso la presidenta von der Leyen en septiembre de 2025.