Arabia Saudí: Anulen la condena a muerte contra un trabajador migrante srilankés por una publicación en redes sociales

Las autoridades de Arabia Saudí deben anular urgentemente la condena a muerte dictada contra un trabajador migrante por cargos de “blasfemia”. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. La organización pide a las autoridades saudíes que pongan a este hombre en libertad de manera inmediata e incondicional, ya que sus cargos se derivan exclusivamente del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Anojan Sivarasa, de 24 años y ciudadano de Sri Lanka, fue detenido el 1 de julio de 2026 tras publicar en Facebook un comentario considerado insultante hacia el profeta Mahoma. Anojan dijo al juez que había publicado el comentario en un momento de rabia, y que posteriormente lo eliminó y publicó un vídeo disculpándose y manifestando sus remordimientos. Fue procesado con gran rapidez y, tan sólo unas semanas después, el 27 de julio, fue condenado a cinco años de prisión y a una multa de tres millones de riales saudíes (unos 800.000 dólares estadounidenses). Menos de dos meses después, el 17 de septiembre, su pena se aumentó en apelación a pena de muerte. Desde el momento de su detención hasta su condena inicial le negaron el acceso a un abogado.

“Este caso suscita una alarmante preocupación sobre la aplicación de la pena de muerte y la arbitrariedad del sistema de justicia penal saudí, en el que la condena inicial a cinco años se transformó en pena de muerte menos de dos meses después, en apelación. Ninguna persona debe ser encarcelada, no digamos ya enfrentarse a la ejecución, simplemente por expresar sus opiniones, aunque éstas se consideren insultantes u ofensivas. Anojan Sivarasa estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, y su ejecución constituiría una privación arbitraria de la vida. Las autoridades saudíes deben anular de inmediato esta condena a muerte, anular su declaración de culpabilidad y ponerlo en libertad inmediata e incondicional”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“El derecho internacional de los derechos humanos restringe la pena de muerte a los ‘más graves delitos’, lo cual se entiende que se refiere al homicidio intencionado; sin embargo, las autoridades saudíes siguen imponiendo condenas a muerte por conductas que no deberían ser criminalizadas, y ejecutando a personas a un ritmo alarmante tras juicios flagrantemente injustos, algunos de ellos por delitos no violentos.”

“Condenar a muerte a un hombre por una publicación en redes sociales es una escalofriante ilustración de la disposición de las autoridades saudíes a imponer esta pena cruel e irreversible incluso por actos que nunca deberían ser criminalizados. Las autoridades saudíes deben dictar de inmediato una moratoria en el uso de la pena capital como primer paso hacia su abolición completa.”

Ninguna persona debe ser encarcelada, no digamos ya enfrentarse a la ejecución, simplemente por expresar sus opiniones, aunque éstas se consideren insultantes u ofensivas.

Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África

Arabia Saudí sigue estando entre los países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. Hasta el 5 de octubre de 2026, al menos 175 personas habían sido ejecutadas en el país en lo que va de año, muchas de ellas por delitos relacionados con las drogas. De las personas ejecutadas, la mayoría son de ciudadanía extranjera; únicamente este año, se ha dado muerte al menos a 94 personas extranjeras ciudadanas de más de 20 países.

En los últimos años, los tribunales saudíes han impuesto penas de prisión de hasta varios decenios por publicaciones en redes sociales, con condenas que se modifican notablemente en apelación.

Arabia Saudí no tiene un código penal escrito: muchos delitos y sus castigos no están definidos por ley, sino que quedan a discreción de los jueces, que resuelven según su propia interpretación de la sharia (ley islámica). En los casos en los que existen leyes escritas, las autoridades a menudo se basan en disposiciones imprecisas y excesivamente amplias de la legislación antiterrorista y contra los delitos informáticos, como alteración del “orden público”, los “valores religiosos” y la “moral pública”, para criminalizar a personas exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

“Las autoridades saudíes deben poner fin a esta represión de la libertad de expresión y poner de inmediato en libertad a todas las personas detenidas exclusivamente por el ejercicio fundamental de sus derechos humanos”, ha declarado Heba Morayef.

Información complementaria

El 27 de julio, el Tribunal de lo Penal de Al Ahsa condenó a Anojan Sivarasa a cinco años de cárcel y a una multa de tres millones de riales saudíes (800.000 dólares estadounidenses), la pena máxima dispuesta por el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos. El 17 de septiembre, el Tribunal de Apelación de la Región Oriental aumentó la condena a pena de muerte como pena de hadd, que es una pena fija y preceptiva en virtud de la sharia. Anojan ha apelado contra su condena a muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada y del método de ejecución utilizado por el Estado.