Sobrevivencia de pueblos indígenas —y los ecosistemas que protegen— está vinculada a la titulación de sus territorios

La pobreza de los pueblos indígenas está íntimamente ligada al territorio —o más bien, su pérdida —. Una gran parte de sus integrantes emigran, en busca de trabajo o estudio, a las zonas urbanas, donde quedan en exposición a la discriminación y a la transculturización. De esta forma, se les hace imposible contribuir al desarrollo de sus comunidades como pueblos colectivos, lo que es altamente preocupante ya que esto contribuye a una lenta desaparición de su identidad y del papel que han venido desarrollando por milenios en la conservación de sus tierras, que han sabido administrar de manera sostenible por tantas generaciones.

Aun cuando los pueblos indígenas del mundo son protectores del 80 % de la biodiversidad, solo son propietarios del 11% de sus tierras. Las y los indígenas en Latinoamérica tienen una relación muy especial con la tierra y el territorio, esta es su base de supervivencia como pueblos y es esencial para la transmisión de su cultura a las nuevas generaciones, es la piedra angular de su economía, es donde están enterradas sus ancestras y enterrados sus ancestros, es el vínculo directo e irrenunciable a su origen, es donde construyen redes sociales. Consideran que la tierra es la madre de la humanidad por lo que son guardianas y guardianes de ella, les arraiga y les da sentido de pertenencia, es la base espiritual que les soporta y les da vida, es su legado más preciado ya que les garantiza su continuidad.

El Convenio 169 de la OIT en su artículo 14.1, dispone “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.”

Así mismo en este convenio  aclara que la utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de “territorios”, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera, el hábitat es integral, incluye: suelo, subsuelo, aire, flora y fauna, lagos, ríos.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sentenciado[2]  “La falta de demarcación de las tierras ancestrales de comunidades indígenas constituye, en consecuencia, una violación de los artículos 21, 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que se prevenga la ocurrencia de conflictos con terceros por causa de la propiedad de la tierra, en particular en los casos en que el retardo en la demarcación, o la falta de demarcación, tengan el potencial de generar conflictos; en tal medida, los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que la titulación efectiva de sus tierras se realice sin retardos, para así prevenir conflictos y ataques causados por los procesos de reivindicación territorial” 

Demarcación y titulación de territorios en Venezuela

En 1999 se aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se reconoce a los pueblos indígenas el derecho al territorio, entonces se estableció un plazo de dos años a partir de 2000 para comenzar a ejecutar la demarcación de los territorios indígenas. . Sin embargo, según Amnistía Internacional, para la fecha en Venezuela se ha dado menos del 12%[3] La Coordinadora De Organizaciones Indígenas De La Amazonía, COIAM[4] denuncia que en ese porcentaje han observado la reducción de los espacios solicitados y la entrega de títulos por comunidades individuales y no como sujetos colectivos, en algunos de estos casos se ha dado legitimación de la presencia de terceros. Así mismo, las tituladas y los titulados carecen de información sobre el proceso  y no existen indicadores al respecto por parte del ministerio de poder popular para los pueblos indígenas, así como  la comisión de tierras no ha dado rendición de cuentas sobre la tenencia, titularidad y demarcación de tierras y hábitat en las comunidades indígenas venezolanas. El estado venezolano también debe modificar el criterio de seguridad nacional que antepone a la titulación de tierras.

Privar a los pueblos indígenas de su derecho al territorio es contribuir a su fenecimiento y poner en peligro la naturaleza de la cual todos los seres humanos dependemos, es por eso que corresponde al estado Venezolano así como a todos los estados de Latinoamérica reivindicar a los pueblos originarios no solo con la legislación correspondiente sino que se debe llevar a la practica  dichas leyes y hacer efectivo su derecho a la tierra como bien colectivo (no individual, ni parcelario).

[1] Latinoamérica Indígena en el siglo XXI, estudio presentado por  el Banco Mundial en 2015