Marino Alvarado: Comisión de investigación de la ONU es necesaria para que no queden impunes las violaciones de derechos humanos en Venezuela

El pasado 9 de julio, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, hizo pública la actualización del informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, luego que en julio se presentara un crudo documento con graves presuntas violaciones cometidas por el Estado.

Las organizaciones de derechos humanos y de la Sociedad Civil han exigido, ante esta realidad, que la Organización de Naciones Unidas (ONU) establezca una Comisión de Investigación sobre violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, con el fin de coadyuvar a la obtención de justicia en organismos internacionales, debido a la impunidad rampante en el país.

El coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, señala que esta comisión es necesaria “porque en Venezuela existe una institucionalidad al servicio de la impunidad y a favor de las violaciones de los derechos humanos y siempre es una aspiración de las personas que se haga justicia, que no queden esos delitos impunes”.

En la actualización presentada por Bachelet se menciona que “la situación económica y social sigue deteriorándose rápidamente, restringiendo el ejercicio de los derechos económicos y sociales de millones de personas. La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”.

“Mi Oficina ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional - conocidas como FAES - en algunos barrios del país. Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas".

Provea señala en su sitio web que “la actualización oral sobre el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, fue muy valiosa para Venezuela ya que ratificó todas las violaciones sistemáticas que han ocurrido en el país, donde también se demostró la indisposición de Maduro de cumplir las recomendaciones realizadas, y reiteración de un equipo permanente de la comisión que pueda establecerse en Venezuela”.

A este respecto, Marino Alvarado señala que, debido a esta situación de violaciones de derechos humanos, la documentación de casos que se pueda realizar con la comisión –y en conjunto con las organizaciones locales-, “ayudará a lo que creemos que se debe instalar que es una justicia transicional en el momento que se produzca un cambio en el país”.

Falta voluntad

Pese al respaldo que las OSC han expresado a la creación de la comisión, esta decisión queda en mano de actores políticos cuyos intereses pueden o no estar en la línea de la defensa y garantía de los derechos humanos.

“Hace falta voluntad política, comprender la gravedad de la situación, ser más sensible frente a este problema y anteponer los derechos humanos frente a los intereses particulares”, destaca Alvarado para indicar cuál es el elemento más importante que hace falta para la concreción de este objetivo.

Sin embargo, el defensor agradece que organismos internacionales como la ONU, la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hayan enfocado su atención en lo que ocurre en Venezuela.

“Hay que estar consciente de sus limitaciones y de los intereses que están en juego, que en muchas ocasiones están alejados de los intereses de las personas”.

Esperanza de justicia

“La Comisión de Investigación es necesaria porque hay un proceso abierto en la Corte Penal Internacional para establecer si se cometieron delitos de lesa humanidad en Venezuela y en la manera que se pueda documentar, de forma responsable y seria, la situación de los derechos humanos en Venezuela, podremos colaborar con este proceso”, apunta el coordinador de investigación de Provea como aspecto clave a tener en cuenta para la aprobación de la instancia internacional.

La Corte Penal Internacional fue establecida en 1998 (y entró en funcionamiento en 2002) para investigar y juzgar a los responsables de la comisión de violaciones de derechos humanos, tipificadas bajo los términos de crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad.

Hasta la fecha, la CPI ha emitido 34 órdenes de arresto en todo el mundo, con 19 casos cerrados, de los cuales tres se encuentran en la fase de cumplimiento de sentencia, dos ya fueron culminadas, a 10 les fueron retiradas los cargos, cuatro imputados murieron antes de ser condenados[1].

Este récord de acciones, tomando en cuenta que ya cuenta con casi 20 años de funcionamiento, deja entrever que obtener justicia en esta instancia no será un proceso rápido, si es que se logra iniciar una investigación formal ya que el caso Venezuela se encuentra en la fase preliminar.

Alvarado enfatiza que, pese a esta lentitud, “la principal esperanza es que como no hay posibilidad de obtener justicia en Venezuela, se podría lograr en estas instancias. Que sea remota, lenta, difícil, con muchas limitaciones o dificultades, no quita que sea una posibilidad”.

“Mientras haya una luz al final del túnel hay que seguir hasta lograr lo que queremos. Es preferible que algunas víctimas puedan lograr justicia a que ninguna la obtenga”, concluye.