Martha Lía Grajales fue secuestrada por presuntos agentes de policía en Caracas, Venezuela, el 8 de agosto de 2025. Su paradero se desconocía hasta el 11 de agosto, cuando la Fiscalía General de la República anunció en redes sociales que había sido detenida y puesta a disposición judicial acusada de los delitos de incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir

Aproximadamente a las 21:00 horas del 12 de agosto de 2025, la defensora de derechos humanos Martha Lía Grajales obtuvo la libertad condicional tras permanecer detenida arbitrariamente desde el 8 de agosto en Caracas, Venezuela. Los cargos en su contra no se han retirado y otros cinco defensores de derechos humanos permanecen detenidos arbitrariamente, entre ellos Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Kennedy Tejeda, Eduardo Torres y Carlos Julio Rojas, quien se encuentra en régimen de incomunicación desde el 30 de julio. Exigimos a Nicolás Maduro que libere de inmediato e incondicionalmente a todas las personas detenidas arbitrariamente y que proteja sus derechos a la vida, la integridad física y un juicio justo, garantizando especialmente atención médica de confianza y visitas familiares.

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Presidente de la República Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores,

Av. Nte. 10, Caracas 1012,

Caracas, Venezuela

Señor Nicolás Maduro,

Celebramos la liberación de Martha Lía Grajales de su detención arbitraria el 12 de agosto. Nunca debió ser detenida, y mucho menos desaparecida forzosamente en los días posteriores a su arresto, y exigimos que se retiren de inmediato los cargos en su contra. Asimismo, reiteramos nuestra condena a los ataques contra madres, activistas y defensores de derechos humanos que exigen pacíficamente la protección y la liberación de sus seres queridos detenidos.

Si bien nos alivia saber que Martha Lía ya no está encarcelada, seguimos preocupados por la seguridad e integridad personal de otros defensores de derechos humanos que continúan detenidos arbitrariamente por su activismo, entre ellos Javier Tarazona, detenido desde el 2 de julio de 2021; Rocío San Miguel, detenida el 9 de febrero de 2024; Carlos Julio Rojas, detenido desde el 15 de abril de 2024; Kennedy Tejeda, detenido el 2 de agosto de 2024; y Eduardo Torres, detenido el 9 de mayo de 2025.

Condenamos la detención en régimen de incomunicación de Carlos Julio Rojas. Desde el 30 de julio, y sin explicación alguna, su familia no ha tenido contacto alguno con él, negándole llamadas telefónicas, visitas e incluso la entrega de alimentos y medicamentos que no son proporcionados por las autoridades de El Helicoide, el centro de detención donde se encuentra recluido. También observamos que a Eduardo Torres tampoco se le permite el contacto directo con sus seres queridos, y que Rocío San Miguel aún espera que sus médicos de confianza le otorguen cirugía y rehabilitación.

Más de 800 detenidos arbitrariamente y desaparecidos forzosamente por motivos políticos, incluyendo ciudadanos de España, Colombia y Ucrania, entre otras nacionalidades, se encuentran actualmente recluidos injustamente en centros de detención venezolanos, sufriendo una interminable lista de violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales. Las autoridades venezolanas que cometen crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos deben recordar que están siendo monitoreadas y examinadas por mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas, como la ONU y la Corte Penal Internacional.

Exigimos la liberación inmediata e incondicional de Eduardo Torres, Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, así como la de todos los detenidos arbitrariamente en Venezuela. Exigimos también que se esclarezca de inmediato la suerte y el paradero de todas las personas desaparecidas forzosamente y que, mientras se encuentren bajo su custodia, los detenidos reciban atención médica adecuada, se les permitan visitas familiares y se protejan sus garantías judiciales.

Atentamente,

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Martha Lía Grajales fue secuestrada por presuntos agentes de policía en Caracas, Venezuela, el 8 de agosto de 2025. Su paradero se desconocía hasta el 11 de agosto, cuando la Fiscalía General de la República anunció en redes sociales que había sido detenida y puesta a disposición judicial acusada de los delitos de incitación al odio, conspiración con un gobierno extranjero y asociación para delinquir. A falta de credibilidad o pruebas que sustenten estas acusaciones, se trata de delitos comúnmente utilizados para perseguir y castigar cualquier disidencia, real o percibida. Tras su libertad condicional, Martha continúa enfrentando un proceso penal.

La prolongada política represiva del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar cualquier forma de disidencia, real o percibida, alcanzó un punto álgido tras las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de cargos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio, incluyendo a grupos vulnerables como niños y personas con discapacidad. Según la organización local Foro Penal, al 5 de agosto de 2025, al menos 807 personas seguían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas 95 mujeres, cuatro adolescentes y 44 personas cuyo paradero se desconoce.

En su último informe, Detenciones sin rastro, Amnistía Internacional presentó a 15 personas cuyas historias demostraron el uso generalizado de las desapariciones forzadas en Venezuela, específicamente entre agosto de 2024 y junio de 2025. Al 11 de agosto de 2025, ocho de esas personas continuaban desaparecidas forzadamente: Andrés Martínez (español), Damián Rojas, Danner Barajas (colombiano), Eudi Andrade, Jorgen Guanares, Jose María Basoa (español), Rory Branker y Yevhenii Petrovich Trush (ucraniano). Se ha establecido el paradero de Alfredo Díaz, Dennis Lepaje, Eduardo Torres, Raymar Pérez y Rosa Chirinos, pero continúan detenidos arbitrariamente.

En el marco de esta política represiva, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que obliga a una cantidad sin precedentes de venezolanos a huir en busca de seguridad y protección. Para mayo de 2025, 7,9 millones habían huido de Venezuela.

Como Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente, las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela corren un riesgo constante de acoso, ataques y detención. El gobierno de Nicolás Maduro está implementando diversas iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. La ley aprobada en agosto de 2024, titulada «Ley para la auditoría, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», o la llamada «ley anti-ONG», impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal, así como de sus bienes, listas de donantes y el registro de movimientos financieros. El incumplimiento de los requisitos de registro podría conllevar el cierre de organizaciones de la sociedad civil y posibles procesos penales. El proyecto de ley entró en vigor en febrero de 2025.

Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFM) han documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, así como las formas en que el sistema de justicia sirve de instrumento para la política represiva del gobierno, concluyendo que algunos de estos crímenes internacionales y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Específicamente, en 2024, la FFM concluyó que tiene motivos razonables para creer que el delito de persecución por motivos políticos se ha cometido durante el período abarcado por su mandato.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lleva a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, específicamente sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados “colectivos”).

IDIOMA PREFERIDO PARA DIRIGIRSE AL OBJETIVO : Español

También puedes escribir en tu propio idioma.

POR FAVOR, TOME MEDIDAS LO ANTES POSIBLE HASTA EL: 31 DE ENERO DE 2026

Por favor consulte con la oficina de Amnistía en su país si desea enviar llamamientos después de la fecha límite.

NOMBRE Y PRONOMBRE PREFERIDO : Defensores de derechos humanos venezolanos (ellos/ellas)

ENLACE A LA AU ANTERIOR : https://www.amnesty.org/en/documents/amr53/0196/2025/en/