La realidad de los presos políticos continúa siendo crítica. Pese a las narrativas oficiales, persisten las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso, el aislamiento, las desapariciones forzadas de corta duración, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las limitaciones al contacto con familiares y abogados

Los familiares de presos políticos, las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos este comunicado hacemos un llamado urgente a la comunidad nacional e internacional para que la protección de la vida y la dignidad humana ocupe un lugar central en la respuesta a la grave crisis que atraviesa Venezuela.

El doblete sísmico ocurrido recientemente agravó una emergencia preexistente. No creó la crisis: puso nuevamente en evidencia las consecuencias de años de debilitamiento institucional y de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Ninguna respuesta humanitaria será completa mientras permanezcan invisibilizadas las personas cuya vida depende enteramente de la protección del Estado, entre ellas cientos de presos políticos recluidos en condiciones que comprometen gravemente su integridad y su vida.

Las personas privadas de libertad se encuentran bajo custodia exclusiva del Estado venezolano, que tiene la obligación jurídica de garantizar su vida, integridad personal, salud y seguridad. Cuando existen denuncias sobre condiciones de reclusión inhumanas, infraestructura comprometida, ausencia de protocolos de emergencia, restricciones a las visitas y falta de supervisión independiente, la libertad deja de ser únicamente una reivindicación jurídica para convertirse también en una medida urgente de protección humanitaria y de gestión del riesgo.

La realidad de los presos políticos continúa siendo crítica. Pese a las narrativas oficiales, persisten las detenciones arbitrarias, las restricciones al debido proceso, el aislamiento, las desapariciones forzadas de corta duración, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y las limitaciones al contacto con familiares y abogados. Cientos de personas continúan siendo utilizadas como instrumentos de presión política, privadas arbitrariamente de su libertad y sometidas a condiciones incompatibles con la dignidad humana. Entre ellas se encuentran mujeres y personas con enfermedades graves, cuya situación exige atención prioritaria e inmediata.

Los presos políticos permanecen dispersos en diversos centros de reclusión y sedes de cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare, el INOF, La Crisálida y diversos calabozos policiales, todos objeto de graves denuncias por violaciones de derechos humanos. En El Rodeo I persisten los riesgos estructurales por fracturas en literas de cemento y otras áreas de las celdas, donde los detenidos duermen con temor a posibles desprendimientos tras los recientes eventos sísmicos, ante la ausencia de evaluaciones técnicas independientes; a ello se suma que, en lo que va de año, los detenidos allí recluidos han sufrido dos arremetidas violentas e injustificadas, utilizadas como mecanismo de coacción. En Guaicaipuro, las condiciones de reclusión continúan sin ajustarse a los estándares internacionales: quienes allí permanecen padecen hambre, sin información pública sobre su situación real. Prolongar su detención en estas circunstancias incrementa innecesariamente el riesgo para sus vidas.

Reconocemos y respaldamos la acción determinante y continuada de los familiares de presos políticos, quienes permanecen desde hace 195 días en un campamento por la libertad, exigiendo pacíficamente el cese de la detención arbitraria de sus seres queridos. Su labor no se ha detenido pese a la opacidad y la violencia institucional que impera en el país, y han continuado agotando las instancias nacionales disponibles en busca de respuestas y justicia.

Condenamos las declaraciones, intimidaciones y agresiones verbales dirigidas por el Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, durante su encuentro con familiares de presos políticos el lunes 13 de julio. Sus expresiones constituyen una forma de revictimización contra quienes exigen pacíficamente información, justicia y protección para sus seres queridos y desacreditan la labor legítima de las organizaciones de derechos humanos, desalentando la denuncia de posibles violaciones.

Recordamos igualmente que la responsabilidad sobre la protección de las personas privadas de libertad no se agota en la actuación del Ministerio para el Servicio Penitenciario. Como autoridad interina de mayor jerarquía dentro del Poder Ejecutivo Nacional, Delcy Rodríguez tiene la responsabilidad política e institucional de garantizar que todos los órganos bajo la dirección del Ejecutivo actúen conforme a la Constitución, respeten los derechos humanos y adopten las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado. La respuesta frente a esta crisis no puede limitarse a discursos o negaciones: exige decisiones inmediatas orientadas a prevenir daños irreparables.

Observamos con preocupación que las excarcelaciones bajo medidas cautelares continúan presentándose como si constituyeran soluciones definitivas. La imposición de presentaciones periódicas, prohibiciones de salida del país y otras restricciones arbitrarias prolonga el castigo, mantiene a las víctimas bajo el control permanente de un sistema judicial carente de independencia y perpetúa los efectos económicos, familiares y psicológicos de la persecución. A esta situación se suma una forma adicional de revictimización por parte del Estado: los reiterados anuncios de libertad que no se cumplen y las liberaciones selectivas, realizadas sin presentar una lista oficial y verificable del número de personas efectivamente excarceladas. Esto resume la falta de voluntad política para encaminar verdaderamente al país hacia un nuevo destino.

La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales. En este contexto, expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las víctimas directas e indirectas del terremoto y de la emergencia humanitaria que atraviesa el país, así como a sus familias y comunidades afectadas. Defender los derechos humanos no politiza una tragedia: contribuye a proteger la dignidad de las personas, a atender a quienes más lo necesitan y a evitar que esta situación siga profundizándose. La libertad de los detenidos de forma arbitraria y excarcelados con medidas restrictivas deben ser parte de la prioridad en la agenda pública. No se puede iniciar un camino a la transición en Venezuela mientras se mantenga una sola persona detenida por razones políticas. 

Por ello, exigimos al Estado venezolano:

1. Adoptar de inmediato todas las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad personal y la salud de las personas privadas de libertad por motivos políticos. 

2. Otorgar la libertad plena e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por razones políticas, como medida urgente de protección humanitaria. 

3. Garantizar libertad plena a las personas excarceladas que continúan sometidas a medidas cautelares restrictivas de su libertad, así como acordar el sobreseimiento de la causa a quienes han sido excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía. Hasta tanto se dicten las decisiones judiciales correspondientes, deberá garantizarse que el cumplimiento del régimen de presentación, se realice en los circuitos de sus estados. 

4. Permitir una evaluación técnica, independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos. Autorizar el ingreso inmediato de mecanismos internacionales independientes de protección de derechos humanos y de asistencia humanitaria —entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), oficiales de Naciones Unidas y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela— para verificar las condiciones de reclusión y el estado de salud de los detenidos.

5. Garantizar el acceso regular de familiares y abogados, la atención médica oportuna, y la información pública y transparente sobre las condiciones de los centros de detención.

6. Cerrar definitivamente los centros donde se practiquen torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y asegurar investigaciones independientes sobre las denuncias existentes. Asimismo, desmantelar las estructuras e instancias creadas o utilizadas al margen de la Constitución para perseguir y reprimir a la disidencia.

7. Restablecer la independencia judicial, cesar el uso del sistema penal como mecanismo de persecución política y garantizar plenamente el debido proceso. 

La protección de la vida no admite excepciones. Quienes permanecen bajo custodia del Estado tienen derecho a regresar con vida junto a sus familias. Hoy, más que nunca, la libertad de los presos políticos constituye una medida urgente de protección humanitaria.

La libertad también salva vidas.

#LibertadEsHumanidad

Firman,

Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (CLIPPVE).

Justicia, Encuentro y Perdón

Acceso a la Justicia 

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Consorcio Justicia (CJ) 

Foro Penal Venezolano 

Defiende Venezuela

Laboratorio de Paz 

Voces de la Memoria 

Un Mundo Sin Mordaza 

Amnistía Internacional 

Caleidoscopio Humano