Un mes después del doblete sísmico: sin transparencia ni institucionalidad

Al cumplirse un mes del doblete sísmico que afectó a Venezuela, las organizaciones y personas firmantes expresamos nuestra solidaridad con quienes perdieron familiares, viviendas, escuelas, fuentes de sustento y proyectos de vida. La emergencia inmediata ha dado paso a una nueva etapa: la reconstrucción. La manera en que este proceso sea conducido marcará no solo la recuperación de las ciudades afectadas, sino también la calidad de nuestras instituciones y la confianza de la ciudadanía en la acción pública.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado por los Estados miembros de las Naciones Unidas, propone que toda reconstrucción sea una oportunidad para "Reconstruir Mejor" (Build Back Better). Este principio parte de una idea sencilla: después de una catástrofe no basta con reemplazar lo que se perdió; es necesario reducir las vulnerabilidades que hicieron posible que el desastre tuviera consecuencias tan profundas. Ello supone reconstruir infraestructuras más seguras, fortalecer las capacidades institucionales, ampliar la participación ciudadana y mejorar la transparencia en la gestión pública.

Venezuela enfrenta hoy ese desafío. La reconstrucción material solo será sostenible si va acompañada de una reconstrucción institucional y democrática, basada en el respeto de la Constitución, el Estado de derecho, la rendición de cuentas y la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. La recuperación de hospitales, viviendas y escuelas debe ir de la mano con el fortalecimiento de las instituciones encargadas de proteger los derechos de todas las personas.

Sin embargo, a un mes de la tragedia, la opacidad continúa siendo la regla.

Aunque las autoridades han realizado anuncios parciales relacionados con la recuperación, la ciudadanía sigue sin disponer de información pública suficiente que permita comprender cómo se desarrollará el proceso de reconstrucción. No se conocen de manera integral los criterios para priorizar las intervenciones, los cronogramas de ejecución, los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, ni las medidas previstas para garantizar la continuidad de los derechos económicos y sociales mientras avanzan las obras de recuperación.

Continúa siendo insuficiente la información pública sobre los planes para la rehabilitación y reconstrucción de hospitales y centros de salud afectados, las medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria, los criterios que orientarán la recuperación de viviendas e inmuebles dañados y las estrategias para asegurar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes cuyas escuelas resultaron afectadas o que permanecen desplazados.

El acceso a la información pública constituye un derecho humano y una obligación del Estado. En situaciones de desastre, la transparencia permite a las personas afectadas conocer las decisiones que impactan sus vidas, facilita el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos y fortalece la confianza necesaria para una recuperación legítima y sostenible.

Resulta igualmente preocupante que, en medio de una emergencia de esta magnitud, continúen los bloqueos contra portales informativos y medios de comunicación independientes. Estas restricciones limitan el derecho de la población a buscar, recibir y difundir información de interés público, dificultan el trabajo de periodistas y reducen la capacidad de la sociedad para seguir y evaluar el proceso de reconstrucción.

Asimismo, lamentamos que durante la respuesta a la emergencia se hayan registrado obstáculos para numerosas iniciativas de voluntariado ciudadano y solidaridad comunitaria. Los primeros días posteriores al terremoto demostraron la enorme capacidad de organización de la sociedad venezolana. Miles de personas participaron espontáneamente en labores de rescate, distribución de ayuda, apoyo psicosocial y acompañamiento a las comunidades afectadas. Esa energía cívica constituye uno de los principales recursos con que cuenta cualquier sociedad para enfrentar una catástrofe y debió haber sido reconocida, facilitada y articulada por las autoridades, no limitada mediante restricciones innecesarias.

Las experiencias internacionales demuestran que las reconstrucciones más exitosas son aquellas que incorporan a las comunidades afectadas, las organizaciones sociales, los gremios profesionales, la academia y los medios de comunicación como aliados permanentes del proceso. La resiliencia de un país no depende únicamente de la calidad de sus edificaciones; depende también de la fortaleza de sus instituciones democráticas y de la confianza entre el Estado y la ciudadanía.

Por ello, exhortamos a las autoridades venezolanas a:

• Publicar de manera periódica, accesible y verificable información completa sobre los planes de reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas e infraestructura pública, incluyendo criterios de priorización, cronogramas, presupuestos y mecanismos de rendición de cuentas.

• Garantizar plenamente el derecho de acceso a la información pública y levantar las restricciones que impiden el acceso a portales informativos y medios de comunicación independientes.

• Facilitar el trabajo de periodistas, organizaciones humanitarias, organizaciones de la sociedad civil, redes comunitarias y personas voluntarias que participan en las labores de recuperación y reconstrucción.

• Garantizar que todos los refugios temporales para personas damnificadas cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos, asegurando condiciones adecuadas de habitabilidad, acceso a agua potable y saneamiento, alimentación suficiente, atención médica, privacidad, protección frente a la violencia, atención diferenciada para personas en situación de vulnerabilidad, participación de las personas alojadas y mecanismos efectivos para presentar quejas y recibir información.

• Garantizar que las comunidades afectadas participen de manera efectiva en el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas de reconstrucción.

• Derogar todas aquellas leyes y disposiciones que restringen injustificadamente la libertad de asociación y obstaculizan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, cuyo aporte resulta indispensable para la asistencia humanitaria, la recuperación y la reducción del riesgo de futuros desastres.

La reconstrucción es mucho más que una tarea de ingeniería. Es también un proceso de reconstrucción democrática. Un país reduce su vulnerabilidad cuando reconstruye hospitales más seguros, pero también cuando fortalece sus instituciones, respeta su marco constitucional, garantiza las libertades públicas y permite que la ciudadanía participe activamente en las decisiones que determinarán su futuro.

Sin transparencia no habrá confianza. Sin participación no habrá resiliencia. Y sin instituciones democráticas que actúen dentro del marco constitucional, la reconstrucción difícilmente podrá responder a las necesidades y derechos de las personas afectadas.

Adhieren:

AC Justicia y Paz OP Venezuela

Acceso a la Justicia

Asociaciación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ)

CAMPO

Caleidoscopio Humano

Cátedra DDHH UCLA

Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)

Civilis

Comite por la Libertad de los Luchadores Sociales

Defiende Venezuela

DDHH de Venezuela en Movimiento

EDET

Equalia

Fundación Amigos de San Javier

Fundación Aguaclara

Fundación Iribarren en Lucha

Grupo Médico Barbacoa

Ideas por la Democracia

Movimiento Creando Ciudadanos (MOCRECI)

Movimiento Unidos por el Agua y los DDHH

La CalleTV

La República TV

Laboratorio de Paz

Mujer y Ciudadanía (Capìtulo Chile)

Nosotras por Todas

Observatorio en Defensa de la Vida, capítulo Venezuela

Observatorio Global por la Comunicación y Democracia

Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)

ProboxVE

Puente Solidario Venezuela USA

RedesAyuda

Red DDHh en Acción

Red DDHH de Lara

Red DDHH de Yaracuy

Sociedad Homiinis Iura (SOHI)

Transparencia Ciudadana

Unión Afirmativa

Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto

Women Empowerment Laboratory (WELab)