Biodiversidad: El acuerdo sobre biodiversidad de la COP15, una “oportunidad perdida” de proteger los derechos de los pueblos indígenas

El Marco Mundial de la Diversidad Biológica acordado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (COP 15), celebrada en Montreal y cuyo fin es preservar globalmente la biodiversidad pidiendo a los Estados que se comprometan a declarar el 30% del planeta como área protegida con fines de conservación antes de 2030, es una oportunidad perdida para proteger los derechos de los pueblos indígenas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

Conocido como el acuerdo “30 x 30”, establece objetivos importantes para frenar la alarmante pérdida de biodiversidad observado en las últimas décadas. Sin embargo, en la COP15, los Estados no reconocieron explícitamente las tierras y territorios de los pueblos indígenas como una categoría diferenciada de área protegida, lo que en definitiva amenaza sus derechos.

“La COP15 ofrecía una oportunidad única para fijar unos objetivos ambiciosos destinados a proteger la diversidad de flora y fauna del planeta. Aunque el acuerdo contiene objetivos ambientales y salvaguardias de derechos humanos sumamente importantes, por los que ahora los Estados deberán rendir cuentas, no protege ni obliga a respetar plenamente los derechos de los pueblos indígenas”, ha afirmado Chris Chapman, asesor de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas.

“En el Marco Mundial de la Diversidad Biológica acordado hoy en la COP15, los Estados presentes en la Conferencia no incorporaron íntegramente la demanda de los pueblos indígenas de que se reconozcan plenamente sus tierras y territorios como una categoría de área protegida, cuyo fin era protegerlos de la actividad predatoria que sufren con frecuencia en áreas como los parques nacionales gestionados por el Estado.

Por tanto, los Estados no han reconocido plenamente la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, y al no hacerlo los han puesto en mayor peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

Los Estados no han reconocido plenamente la inmensa contribución de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad y los han puesto en mayor peligro de sufrir violaciones de derechos humanos.

Chris Chapman, asesor de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas

El Marco Mundial de la Diversidad Biológica negociado en la COP15 sólo reconoce parcialmente la importante contribución de los pueblos indígenas a la conservación. Aunque representan sólo el 5% de la población mundial, sus tierras albergan el 80% de la biodiversidad del planeta.

En los cuatro años que ha durado la negociación del acuerdo se han reforzado considerablemente las protecciones de los derechos de los pueblos indígenas, gracias al trabajo incansable de dirigentes y activistas indígenas implicados.

Sin embargo, y a pesar de las salvaguardias incluidas en el documento, diversos pueblos indígenas siguen oponiéndose a los llamamientos a ampliar las áreas protegidas en vista de los terribles abusos cometidos en esas zonas en muchos países.”

La biodiversidad es un componente esencial de un medioambiente saludable. En una resolución histórica aprobada este año, la Asamblea General de la ONU reconoce que el derecho a un medioambiente saludable es un derecho humano, en una medida que podría transformar los esfuerzos para combatir el cambio climático y proteger el derecho de miles de millones de personas a vivir con dignidad. No abordar la pérdida de biodiversidad tendrá graves repercusiones para las generaciones futuras, que heredarán estas consecuencias irreversibles.

“Teniendo en cuenta las deficiencias de este marco, vigilar la aplicación del acuerdo y combatir las violaciones de derechos humanos derivadas del establecimiento de áreas protegidas será absolutamente imprescindible”, ha dicho Chris Chapman.

Información complementaria

La COP15, celebrada del 7 al 19 de diciembre en Montreal, ha sido la última conferencia enfocada a debatir la implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en 1992. Las conversaciones tenían como fin establecer metas concretas para 2030 y objetivos para 2050.

Amnistía Internacional subraya la necesidad urgente de abordar la pérdida de biodiversidad como paso esencial hacia la justicia climática y proteger el derecho a vivir en un entorno seguro, limpio y sostenible.