Biodiversidad: Cualquier acuerdo de la COP15 debe reconocer a los pueblos indígenas como custodios de la conservación
Los Estados deben garantizar que todo acuerdo aborda las violaciones de derechos humanos cometidas en zonas protegidas
Como reacción a la petición de los pueblos indígenas para que los Estados garanticen que se respetan sus derechos en cualquier acuerdo alcanzado en las conversaciones de la COP15 en Montreal respecto a declarar protegido el 30% del mundo para 2030, Chris Chapman, asesor de Amnistía Internacional sobre derechos de los pueblos indígenas, ha declarado:
“Cualquier acuerdo del 30 x 30 que se negocie en los últimos días de la COP15 debe reconocer que la conservación es más efectiva en las tierras indígenas que en las zonas protegidas gestionadas por los Estados. Los Estados deben incluir en cualquier acuerdo los territorios y las tierras y aguas tradicionales de los pueblos indígenas como una categoría de área de conservación, tal como pidió el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad.”
“Los Estados deben garantizar también que todo acuerdo aborda las violaciones de derechos humanos cometidas en zonas protegidas y exige a los Estados que respeten la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual incluye obtener su consentimiento libre, previo e informado para todas las acciones.”
“Las negociaciones sobre el acuerdo del 30 x 30 en la COP15 también deben eliminar el requisito de que una proporción significativa de zonas protegidas goce de ‘protección estricta’, ya que eso podría conducir a métodos de conservación basados en la ‘fortificación’ de los ecosistemas (‘fortress conservation’) que desalojan forzosamente de esas áreas a las poblaciones humanas, incluidos los pueblos indígenas y otros usuarios tradicionales de la tierra que la llevan cultivando durante generaciones.”
Información complementaria
La COP15, que se celebra del 7 al 19 de diciembre en Montreal, es la reunión más reciente para debatir la implementación del Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado en 1992. Las conversaciones pretenden establecer metas específicas para 2030 y objetivos para 2050.
Amnistía Internacional subraya la necesidad urgente de abordar la pérdida de biodiversidad como paso esencial hacia la justicia climática y de proteger el derecho a vivir en un entorno seguro, limpio y sostenible.