Canadá: La condena contra personas defensoras de la tierra transmite un “mensaje intimidatorio” sobre los derechos de los pueblos indígenas
La condena dictada contra tres personas defensoras de la tierra criminalizadas por Canadá transmite un mensaje intimidatorio sobre las amenazas a las que se enfrentan las personas y las naciones en primera línea de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y la justicia ambiental.
El viernes, un juez de la Columbia Británica dictó condena contra tres personas defensoras indígenas de la tierra detenidas en noviembre de 2021 durante una redada fuertemente militarizada llevada a cabo por la Real Policía Montada del Canadá en el territorio ancestral no cedido de la nación Wet’suwet’en. Sleydo’ (Molly Wickham), jefa de rama (casa Cas Yikh, u Oso Grizzly) del clan Gidimt’en de la nación Wet’suwet’en, Shaylynn Sampson, mujer gitxsan con vínculos familiares con la nación Wet’suwet’en, y Corey “Jayohcee” Jocko, kanien’kehá:ka (mohawk) de Akwesasne, fueron posteriormente acusados y declarados culpables de presunto incumplimiento de una orden judicial de la Columbia Británica que prohibía acciones de defensa de la tierra cerca del lugar de construcción del gasoducto de gas natural licuado de Coastal GasLink (CGL).
Las condenas contra los tres incluían periodos de prisión: 17 días para Sleydo’, 12 para Jocko y nueve para Sampson. Sin embargo, el juez suspendió la ejecución de esas condenas y ordenó a los defensores que realizaran 150 horas de servicios a la comunidad en lugar de cumplir el periodo de privación de libertad. Al explicar su decisión de suspender las penas de prisión de las tres personas defensoras de la tierra, el juez declaró que había tenido en cuenta la falta de respeto por los derechos e intereses de la nación Wet’suwet’en mostrada tanto por la provincia de la Columbia Británica como por el gobierno de Canadá.
“Aunque nos alivia que a Sleydo’, Shaylynn y Corey les hayan permitido quedar libres, la aplicación de penas de cárcel —suspendidas o no— transmite un mensaje intimidatorio a las personas defensoras de la tierra que actúan para proteger los derechos y el territorio de los pueblos indígenas ante megaproyectos destructivos”, ha manifestado Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “Para empezar, estas valientes defensoras y defensor de la tierra nunca deberían haber sido detenidos por ejercer sus derechos y defender el medioambiente natural del que todos dependemos. En el actual contexto de emergencia climática, Canadá debe dejar de criminalizar a la nación Wet’suwet’en y otras personas indígenas defensoras del medioambiente.”
Para empezar, estas valientes defensoras y defensor de la tierra nunca deberían haber sido detenidos por ejercer sus derechos y defender el medioambiente natural del que todos dependemos. En el actual contexto de emergencia climática, Canadá debe dejar de criminalizar a la nación Wet’suwet’en y otras personas indígenas defensoras del medioambiente.”
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional lleva desde 2020 documentando las violaciones de derechos humanos sufridas por personas wet’suwet’en defensoras de la tierra y sus aliados, incluidos Sleydo’, Sampson y Jocko. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional ha concluido que la orden judicial que dio lugar a la detención de estas tres personas defensoras restringe indebidamente tanto los derechos humanos de las personas que defienden la tierra como los derechos de la nación Wet’suwet’en como pueblo indígena. Las detenciones, los procesamientos y la condena de los defensores de la tierra constituyen por tanto graves violaciones de sus derechos.
En febrero de 2025, la Corte Suprema de la Columbia Británica resolvió que los derechos de Sleydo’, Sampson y Jocko se habían violado durante su arresto. En respuesta a una alegación de abuso de procedimiento presentada por el equipo jurídico de los tres defensores, la Corte resolvió que la conducta, incluidas declaraciones racistas contra los pueblos indígenas, de algunos miembros de la Real Policía Montada durante la redada de noviembre de 2021 había violado la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Sin embargo, el juez rechazó suspender todos los cargos contra los acusados.
“En nuestra ley, las personas defensoras de la tierra que fueron juzgadas habrían sido recompensadas por sus acciones pero, según la ley canadiense, se enfrentan a un castigo”, ha manifestado el jefe hereditario wet’suwet’en Na’Moks. “Los defensores de la tierra hicieron exactamente lo que se suponía que debían hacer para cumplir la ‘Anuk niwh’it’en [ley wet’suwet’en]. Siguieron nuestra ley y nuestra forma de vida. Nuestra ley significa ‘tierra, aire, agua’. Su ley significa castigo. Poco a poco estamos consiguiendo que reconozcan nuestro proceso y, aunque nos ha llevado años llegar a este punto, es un cambio enorme. ¿Aplaudo su ley? De ninguna manera. Pero estamos haciendo que las cosas cambien.”
“Sleydo’, Shaylynn y Corey han sido declarados culpables por proteger de forma pacífica el territorio wet’suwet’en contra la construcción del gasoducto de Coastal GasLink, algo por lo que, para empezar, jamás deberían haber sido procesados”, ha declarado Ketty Nivyabandi, secretaria general de la Sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá. “Pese a que la Corte reconoció que durante su arresto habían sido sometidos a trato racista y violento, los tres defensores se encuentran con que han sido castigados. Por desgracia, el racismo sistémico que condujo a su detención sigue sin abordarse. Los gobiernos de la Columbia Británica y Canadá han negado a la nación Wet’suwet’en su derecho al consentimiento libre, previo e informado, han violado su libertad de circulación por sus tierras ancestrales y han amenazado su forma de vida tradicional. Estas constantes injusticias son un doloroso recordatorio del duradero legado canadiense de violencia colonial contra los pueblos indígenas.”
Por desgracia, el racismo sistémico que condujo a su detención sigue sin abordarse. Los gobiernos de la Columbia Británica y Canadá han negado a la nación Wet’suwet’en su derecho al consentimiento libre, previo e informado, han violado su libertad de circulación por sus tierras ancestrales y han amenazado su forma de vida tradicional.
Ketty Nivyabandi, secretaria general de la Sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá.
Si Sleydo’, Sampson y Jocko hubieran sido condenados a prisión o arresto domiciliario, Amnistía Internacional los habría declarado presos de conciencia. Habría sido tan sólo la segunda vez que Amnistía aplicara esa designación a una persona o grupo recluido por Canadá.
En julio de 2024, la organización declaró a otro defensor wet’suwet’en de la tierra —el jefe de rama Dsta’hyl, del clan Likhts’amisyu— preso de conciencia después de que la Corte Suprema de la Columbia Británica lo condenara a 60 días de arresto domiciliario. Al igual que Sleydo’, Sampson y Jocko, el jefe Dsta’hyl fue acusado y más tarde declarado culpable de presunto incumplimiento de los términos de la orden judicial de la Columbia Británica que prohibían acciones de defensa de la tierra cerca del gasoducto de CGL, incluidas las acciones en zonas del territorio de la nación Wet’suwet’en.
“Los pueblos indígenas están en primera línea del cambio climático y se enfrentarán a daños desproporcionados si la humanidad no deja de quemar combustibles fósiles”, ha declarado France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de la Sección de habla francesa de Amnistía Internacional Canadá. “Los Estados deben apoyar, no encerrar, a quienes defienden las tierras indígenas, como Sleydo’, Shaylynn y Corey, y seguir su ejemplo hacia un futuro más saludable y sostenible para todas las personas. La Columbia Británica y Canadá deben tomar medidas inmediatas para poner fin a la criminalización de las personas indígenas defensoras de la tierra. Nadie debería sufrir intimidación, acoso o detención, no digamos ya una sentencia condenatoria en una causa penal, por ejercer sus derechos protegidos constitucionalmente y defender el medioambiente natural que todos compartimos.”
Los pueblos indígenas están en primera línea del cambio climático y se enfrentarán a daños desproporcionados si la humanidad no deja de quemar combustibles fósiles.
France-Isabelle Langlois, directora ejecutiva de la Sección de habla francesa de Amnistía Internacional Canadá.
La lucha de la nación Wet’suwet’en contra el gasoducto de CGL continúa mientras Canadá, la Columbia Británica y el consorcio empresarial internacional que yace tras el gasoducto avanzan en la fase II del proyecto. Esa fase II, que tiene como objetivo duplicar la producción de las instalaciones de exportación de gas natural licuado en Kitimat, Columbia Británica, implicaría construir siete nuevas estaciones compresoras a lo largo del recorrido del gasoducto, dos de ellas en territorio wet’suwet’en, una vez más sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes y jefas hereditarios de la nación indígena.
Información complementaria
El informe publicado en 2023 por Amnistía Internacional, “Expulsados de nuestra tierra por defenderla”: Criminalización, intimidación y hostigamiento de los defensores y defensoras de la tierra wet’suwet’en expone con detalle las violaciones de derechos cometidas contra miembros de la nación Wet’suwet’en por las autoridades canadienses y de la Columbia Británica, CGL Pipeline Ltd., TC Energy y Forsythe Security. Más de 75 personas han sido detenidas arbitrariamente por la Real Policía Montada del Canadá en cuatro redadas en gran escala llevadas a cabo en territorio wet’suwet’en.
En junio y julio de 2022, la fiscalía de la Columbia Británica decidió formular cargos de desacato penal contra 20 personas defensoras de la tierra por desobedecer presuntamente la orden judicial que les impedía acercarse a las obras del gasoducto. En 2023 y 2024 varias de ellas fueron enjuiciadas. En noviembre de 2023, la defensora de la tierra Sabina Dennis fue declarada inocente de desacato penal. En febrero de 2024, Dsta’hyl, jefe de rama del clan Likhts’amisyu, fue declarado culpable de desacato penal por incumplir los términos de la orden judicial. Fue condenado a 60 días de arresto domiciliario, que cumplió en julio y agosto de 2024.
Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno de la Columbia Británica que ponga fin a la criminalización de los defensores y defensoras de la tierra de la nación Wet’suwet’en y otros pueblos indígenas, y se opone a la expansión de todos los gasoductos y oleoductos de combustibles fósiles y la infraestructura relacionada con ellos.