Personas que buscan asilo y seguridad, en situación de riesgo

En junio de 2025, el gobierno canadiense presentó al Parlamento el proyecto de ley C-2, que amenaza el derecho a solicitar asilo y pondría en peligro a personas que buscan seguridad. Este proyecto de ley impediría a las personas que llevan en Canadá más de un año presentar una solicitud de protección como refugiadas que se evalúe de manera imparcial, daría a la clase política el poder de cancelar sin un proceso justo los permisos de residencia permanente, de trabajo y de estudios, y ampliaría el poder de la policía y los servicios de inteligencia para vigilar a cualquiera, independientemente de su condición migratoria. De ser aprobado, este proyecto de ley amenaza con violar derechos consagrados en virtud del derecho internacional. Pidan al gobierno de Canadá que retire de inmediato el proyecto de ley C-2.

 

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Primer Ministro

Prime Minister Mark Carney

Office of the Prime Minister

80 Wellington St.

Ottawa, ON, K1A 0A2

Canadá [email protected]

 

 

Señor Primer Ministro:

 

Me dirijo a usted para instarle a que retire de inmediato el proyecto de ley C-2. Este proyecto de ley constituye una amenaza grave e inaceptable al derecho humano internacionalmente reconocido a buscar asilo.

 

Solicitar asilo no es delito, es un derecho humano. El proyecto de ley C-2 erosionará de forma fundamental ese derecho e introducirá peligrosos poderes discrecionales. Y lo que es aún más preocupante, indicará que Canadá apoya las políticas de Estados Unidos y otros países que criminalizan, estigmatizan y castigan a las personas que buscan seguridad.

 

Resulta alarmante saber que, si se aprueba, el proyecto de ley C-2 dificultaría aún más la entrada de personas en Canadá desde Estados Unidos para que su solicitud de refugio se examine de manera justa. Además, impediría a la Junta de Inmigración y Refugiados canadiense examinar las peticiones de refugio de personas que soliciten el asilo más de un año después de haber entrado en Canadá, independientemente de si sufren persecución o tortura en caso de ser devueltas a su país de origen.

 

Asimismo, el proyecto de ley otorga al gobierno amplios poderes nuevos, y permite a los ministros y ministras cancelar los documentos de condición migratoria bajo el vago argumento del “interés público” y sin el debido proceso. Esto deja demasiadas vidas a merced del criterio político.

 

Canadá no debe socavar sus obligaciones internacionales de derechos humanos ni sacrificar la justicia y la compasión bajo el pretexto del control fronterizo.

 

Le insto a retirar el proyecto de ley C-2 y, en su lugar, confirmar el compromiso de Canadá con la dignidad, la protección y la justicia.

 

Atentamente,

[NOMBRE]

 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En junio de 2025, el gobierno canadiense presentó al Parlamento el proyecto de ley C-2, engañosamente denominado “Ley de Fronteras Fuertes”. El proyecto de ley propone amplios cambios en las normas existentes sobre la seguridad en la frontera, la inmigración, el asilo, las aduanas y el cumplimiento de la ley.

 

De aprobarse, el proyecto de ley C-2:

0. establecería un plazo de un año para solicitar la protección como persona refugiada en Canadá. Impediría a las personas que llevan en Canadá más de un año presentar una petición de protección como refugiadas que sea examinada por la Junta de Inmigración y Refugiados, incluso aunque su lugar de origen se haya convertido en un lugar peligroso después de su llegada. Estas personas podrían correr el riesgo de ser deportadas a lugares en los que su vida y su seguridad corran peligro;
1. dificultaría aún más que las personas que entran en Canadá desde Estados Unidos consigan que la Junta de Inmigración y Refugiados canadiense examine su petición de refugio. El proyecto de ley C-2 eliminaría la excepción que anteriormente permitía a las personas que entraban en Canadá entre puertos de entrada oficiales solicitar la condición de refugiadas después de 14 días;
2. otorgaría a los ministros y ministras del gobierno federal amplios poderes para cancelar documentos válidos de inmigración, incluido el permiso de residencia permanente, trabajo y estudios, basándose exclusivamente en vagos argumentos de “interés público” y sin debido proceso o evaluación individual;
3. ampliaría el acceso de la policía y los servicios de inteligencia a información privada de las personas, independiente de su condición migratoria.

El Acuerdo de Tercer País Seguro firmado por Canadá y Estados Unidos impide a la mayoría de las personas que pasan a Canadá desde Estados Unidos solicitar protección como refugiadas en ese país y viceversa. El acuerdo obliga a las personas a intentar cruzar la frontera por lugares peligrosos y las empuja a la clandestinidad para buscar seguridad. Amnistía Internacional y otras organizaciones han pedido reiteradamente al gobierno canadiense que se retire del Acuerdo de Tercer País Seguro, y esta retirada es ahora más urgente que nunca, dada la crítica situación a la que se enfrenta la gente que busca seguridad en Estados Unidos. El proyecto de ley C-2 restringiría aún más la capacidad de las personas que entran en Canadá desde Estados Unidos para solicitar asilo, y también afectaría severamente a los derechos de solicitantes de asilo, personas refugiadas y migrantes en Canadá.

Todas las personas tienen el derecho universal de solicitar asilo en caso de sufrir persecución y otras violaciones graves de derechos humanos. Además, tienen derecho a no ser devueltas a lugares donde su vida o su libertad puedan correr peligro o donde estén en riesgo de sufrir tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de su situación migratoria. Este principio, conocido como no devolución (non-refoulement), es una protección consagrada en el derecho internacional consuetudinario, los derechos humanos, el derecho de refugiados y el derecho humanitario, y exige a los Estados que se abstengan de devolver, expulsar o trasladar por cualquier vía a cualquier persona a su país de origen o a cualquier otro lugar donde correrá un riesgo real de sufrir abusos o violaciones graves de derechos humanos.

Los cambios propuestos en el proyecto de ley C-2 amenazan con violar los derechos de las personas en virtud del derecho internacional. En un momento en el que países de todo el mundo, violando las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, están adoptando cada vez más políticas de asilo y migración que criminalizan, estigmatizan y castigan a quienes buscan seguridad, el gobierno canadiense no debe dar la espalda a quienes buscan protección internacional. El gobierno canadiense debe proteger los derechos de quienes buscan seguridad y debe retirar de inmediato el proyecto de ley C-2.

 

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés o francés.

También pueden escribir en su propio idioma.

 

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 1 de octubre de 2025

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas que buscan seguridad (no aplicable)

 

ENLACE A LA AU ANTERIOR: No procede