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Los defensores de los derechos de los pueblos indígenas Dexter Capuyan y Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus, de la región de Cordillera (norte de Filipinas), están en paradero desconocido desde el 28 de abril de 2023, en lo que parece un presunto caso de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Sus familiares recibieron información creíble de que unos individuos sin identificar, que decían trabajar para un organismo policial, se llevaron a dos personas cuya descripción coincidía con la de los activistas en la zona donde fueron vistos por última vez, pero las fuerzas de seguridad del gobierno no han confirmado ni desmentido que esa operación haya tenido lugar.

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Subsecretario Primero Carlito Galvez Jr.

Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr.

OIC, Department of National Defense

comms@dnd.gov.ph

Secretario Benjamin C. Abalos Jr.

Secretary Benjamin C. Abalos Jr.

Department of the Interior and Local Government

bcabalosjr@dilg.gov.ph

Señores Secretarios Galvez y Abalos:

Me dirijo a ustedes para expresarles mi gran preocupación por la desaparición de los defensores de los derechos de los pueblos indígenas Dexter Capuyan y Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus, que según informes llevan varias semanas en paradero desconocido, en lo que parece un presunto caso de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Ambos fueron vistos por última vez el 28 de abril en la localidad de Taytay, provincia de Rizal. Desde entonces se ignora su paradero y la suerte que hayan podido correr. Sus familiares han intentado dar con ellos en instalaciones del ejército y de la policía, pero en la mayoría de estos lugares se han negado a ayudarlos y ni siquiera les han permitido el acceso, y no ha habido ninguna declaración categórica —como exige la ley— que confirme o desmienta que las autoridades tienen a Capuyan y De Jesus bajo su custodia.

Además, me parece alarmante que sus familiares hayan recibido información de testigos según los cuales unos individuos sin identificar, que decían trabajar para un organismo policial, se llevaron a dos personas cuya descripción coincidía con la de los activistas más o menos en el lugar y a la hora en que ambos fueron vistos por última vez. Las fuerzas de seguridad del Estado no han confirmado ni negado a los familiares que tal operación haya tenido lugar.

No es el primer caso de secuestro de activistas y defensores de los derechos humanos que se produce en lo que va de año. En algunas ocasiones, las víctimas fueron puestas en libertad por personas a las que identificaron como vinculadas al gobierno. Antes de su desaparición, estos defensores de los derechos humanos habían sido implacablemente “etiquetados en rojo” o acusados por el gobierno de pertenecer al Partido Comunista de Filipinas/Nuevo Ejército del Pueblo.

Por consiguiente, con arreglo a las obligaciones en materia de derechos humanos de sus departamentos y de su gobierno, les pido que:

• aclaren el destino y el paradero de Capuyan y De Jesus, se aseguren de que se lleva a cabo sin demora, y con transparencia y eficacia, una investigación minuciosa, independiente e imparcial sobre su desaparición, y permitan y lleven a cabo un concienzudo registro en sus instalaciones;
• aclaren categóricamente si Capuyan y De Jesus están o no bajo custodia gubernamental, y cumplan el resto de las obligaciones del gobierno según la Ley contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 2012; y
• si estuvieran detenidos por las autoridades, pongan en libertad de inmediato a Capuyan y De Jesus y garanticen que los presuntos responsables de su desaparición forzada comparecen ante la justicia en juicios con garantías.

Atentamente, [NOMBRE]

Información complementaria

Dexter Capuyan y Gene Roz Jamil “Bazoo” de Jesus son defensores de los derechos de los pueblos indígenas de la región de Cordillera, situada en el norte de Luzón.

Capuyan, de 56 años, pertenece a la comunidad bontoc-kankanaey-ibaloi, y la última vez que fue visto se encontraba en Taytay (Rizal), al parecer para recibir atención médica, según su familia. Antes de su desaparición, el gobierno lo había señalado como presunto dirigente destacado del Nuevo Ejército del Pueblo. También se encontraba en la lista de personas señaladas como presuntos dirigentes del Partido Comunista de Filipinas publicada por el Departamento de Defensa Nacional y el Departamento de Interior y Gobierno Local. Además, era una de las más de 600 personas cuyo nombre figuraba en la petición del Departamento de Justicia para prohibir el Partido Comunista-Nuevo Ejército del Pueblo por ser una organización terrorista. Esta lista al final quedó reducida a ocho personas, entre las que no figuraba Capuyan, y el tribunal rechazó la petición. Además, las autoridades ofrecen una recompensa de 2,85 millones de pesos filipinos por su detención por dos cargos de asesinato, de los que su familia cree que Capuyan no fue informado. En la provincia de Apayao se colocaron carteles en los que se le buscaba “vivo o muerto”.

De Jesus, de 27 años, pertenece al personal del Grupo de Trabajo de Filipinas para los Derechos de los Pueblos Indígenas (TFIP). En 2016 se graduó en Periodismo por la Universidad de Filipinas de Baguió, donde había sido presidente de la Alianza de Estudiantes Comprometidos y del Consejo de Líderes Universitarios. También fue coordinador regional para Cordillera de la Unión Nacional de Estudiantes de Filipinas.

Éstos no son los primeros activistas secuestrados por personas desconocidas en presuntos casos de desapariciones forzadas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Ya ha habido varios anteriormente, a veces liberados por sus captores en respuesta a la indignación de la opinión pública. En enero de 2023, los cooperantes para el desarrollo Dyan Gumanao y Armand Dayoha estuvieron en paradero desconocido durante seis días en la ciudad de Cebú. En una rueda de prensa que dieron tras quedar en libertad explicaron que sus captores los habían torturaron física y mentalmente, interrogándolos y preguntándoles si pertenecían a un grupo terrorista. En agosto de 2022, Stephen Tauli, también activista de los derechos de los pueblos indígenas de la región de Cordillera, y también “etiquetado en rojo” reiteradamente, fue secuestrado por unos desconocidos armados y puesto en libertad un día después. Como Gumanao y Dayoha, Tauli dijo que sus captores lo habían interrogado y obligado a firmar un documento donde presuntamente admitía que era dirigente del Partido Comunista de Filipinas. En noviembre de 2021, el defensor de los derechos a la tierra y organizador comunitario Steve Abua fue secuestrado y sigue en paradero desconocido. Según su esposa, después del secuestro sus captores la llamaron y le pidieron que lo convenciera para que admitiera su pertenencia a un grupo armado. 

La Ley contra las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de 2012 de Filipinas exige que la Policía Nacional y las fuerzas armadas del país y sus organismos, entre otros, a petición de familiares, abogados, organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación, certifiquen por escrito, si tienen o no en su poder a personas cuya desaparición se ha denunciado, y también que den a conocer cualquier información que tengan sobre dicha desaparición. La ley también ordena y autoriza a la Comisión de Derechos Humanos que “realice visitas o inspecciones habituales, independientes, sin previo aviso y sin restricciones a todos los lugares de detención y confinamiento.”.

La práctica de que tanto el gobierno como individuos desconocidos “etiqueten en rojo” —es decir, vinculen a grupos armados— a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, que existe desde hace decenios, se intensificó en los últimos años bajo el régimen del expresidente Rodrigo Duterte a consecuencia de la ruptura de las conversaciones de paz entre el gobierno y el Partido Comunista de Filipinas en 2017. La posterior Orden Ejecutiva dictada por Duterte (EO 70) establece “un enfoque pan nacional para derrotar a los grupos terroristas locales comunistas” y condujo a la creación de la Fuerza Especial Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Local Comunista. Según los observadores, en ese momento comenzó una nueva campaña de “etiquetar en rojo”, amenazar y hostigar —incluidos homicidios y desapariciones forzadas— a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos, profesionales del derecho, sindicalistas y otros colectivos concretos.

Muchos grupos, incluida Amnistía Internacional y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos han pedido el fin inmediato de este enfoque, preocupados por el aumento de las violaciones de los derechos humanos contra defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos en todo el país que ha generado la estrategia de contrainsurgencia del gobierno, peligrosamente amplia.